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  • EDICIÓN DE 24/12/2012
 
 

Los tocamientos y besos inconsentidos no integran, sin más, el tipo delictivo de acoso sexual

24/12/2012
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La AP de Madrid absuelve al acusado de los delitos de acoso sexual por los que fue condenado en la sentencia recurrida. Señala que el elemento nuclear del tipo delictivo es la solicitud de favores sexuales, que se presenta seria e inequívoca, cualquiera que sea el medio de expresión utilizado, pudiéndose realizar la petición de contenido sexual de forma explícita o implícita. A su juicio, de la lectura de los hechos probados de la sentencia impugnada se puede afirmar que la proposición de una “relación sentimental” no alcanza el carácter de una propuesta de trato o relación sexual.

Iustel

Por otra parte, las conductas consistentes en dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la oreja, abrazar, dar un beso en los labios, acariciar la pierna o el pelo, rozar el cuerpo con el de otra persona, no implican la proposición de ninguna relación sexual sino la realización de actos de contenido sexual, por lo que no pueden constituir el sustento fáctico de una condena por delitos de acoso sexual, sino, en su caso, de delitos de abusos sexuales. Concluye la Sala que para la comisión del delito de acoso sexual del art. 184 del CP, es necesario además que tal comportamiento provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante; y, en el caso sometido a enjuiciamiento, la proposición de “ir a hacer la siesta a un hotel” no se estima suficiente para configurar esa situación objetiva.

Audiencia Provincial de Madrid

Sala de lo Penal

Sección 6.ª

Sentencia 310/2012, de 09 de julio de 2012

RECURSO Núm: 354/2011

Ponente Excmo. Sr. JULIAN ABAD CRESPO

En Madrid, a 9 de julio de 2012.

Vistas las presentes actuaciones en segunda instancia ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid, constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados consignados al margen, seguidas en dicho Tribunal como Rollo de Apelación n.º 354/2011 por el trámite del Procedimiento Abreviado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por don Fabio y del recurso de apelación interpuesto por doña Brigida y doña Edurne contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2011, aclarada por auto de 7 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Alcalá de Henares (Madrid) en el Juicio Oral n.º 518/2005, siendo Ponente el Magistrado de la Sección, Ilmo. Sr. D. JULIÁN ABAD CRESPO, quien expresa el parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal antes citado se dictó sentencia en los autos de Juicio Oral antes expresados, en la que se declararon como probados los siguientes hechos: "D. Fabio, mayor de edad y sin antecedentes penales, en su condición de titular de la Oficina de Farmacia sita en calle Torrelaguna de Alcalá de Henares (Madrid), contrato a Dña. Brigida en el mes de enero de 2002 como auxiliar administrativa y a Dña. Edurne como farmacéutica adjunta en junio de 1997.

A partir de mayo de 2002 y con objeto de satisfacer sus deseos libidinosos comenzó a presionar de forma velada pero continua a Dña. Brigida para que accediese a mantener una relación sentimental con él, llegándole a entregar varias cartas y poemas de contenido amoroso y erótico en las que le dirigía expresiones como "Se produce en este loco desvarío amoroso un sentimiento de angustia por su ausencia, porque invade mis neuronas y las aniquila para lo demás que no sea la utilización de toda mi energía dirigida hacia tu recuerdo permanente. Estás reinando en mi intelecto y por lo tanto, te has hecho dueña de mis resortes más íntimos"; o "Sueño con el roce de tu piel, con su color, con el perfume que exhala, con esa levedad de tu ser que me emociona,."; y despidiéndose de ella con la expresión en francés "ma cheri poupé" (mi querida muñeca). Asimismo y con idéntico ánimo, D. Fabio, en días que no han podido ser determinados, llegó a dar dos palmadas en las nalgas de Dña. Brigida, un beso en la oreja y a abrazarla, todo ello sin contar con el consentimiento de esta. Igualmente, el 10 de octubre de 2002 y aprovechando una visita a la Biblioteca Nacional, el acusado le propuso a Dña. Brigida que fueran a hacer la siesta a un hotel cercano. Por último, D. Fabio le enviaba SMS de contenido erótico y sentimental desde su teléfono móvil número NUM000, provocando a Dña. Brigida una depresión que tardó 156 días en curar, hallándose impedida durante ese tiempo para desarrollar sus actividades habituales y quedándole como secuela un trastorno de estrés postraumático y depresión reactiva.

A partir de 1997 y con objeto de satisfacer sus deseos libidinosos comenzó a presionar de forma velada pero continua a Dña. Edurne para que accediese a mantener una relación sentimental con él, dirigiéndole expresiones como "eres la mujer de mi vida" o "eres mi media naranja" o manifestándole que estaba dispuesto a dejar a su mujer para irse con ella a un lugar apartado y montar una farmacia juntos. Asimismo, en un día no determinado y aprovechando un descuido, el acusado le dio un beso en los labios. Igualmente y con motivo de los ocasionales desplazamientos en coche que realizaron por motivos laborales, le acariciaba la pierna o el pelo, todo ello sin contar con el consentimiento de Dña. Edurne. Por último y con la excusa de atender a los clientes de la farmacia, rozaba intencionadamente su cuerpo con el de ella. Como consecuencia de estos episodios, Dña. Edurne sufrió una depresión que tardó 155 días en curar, hallándose impedida durante este tiempo para desarrollar sus actividades habituales y quedándole como secuela un trastorno depresivo con crisis de ansiedad concomitante.

Tanto Dña. Brigida como Dña. Edurne mostraron de forma inequívoca, tanto con palabras como con su actitud, el rechazo a las proposiciones sentimentales de D. Fabio y este, como represalia por ello, las trataba despóticamente en sus puestos de trabajo durante un tiempo o les retiraba temporalmente el pago de los incentivos que recibían en dinero no computado oficialmente en sus nóminas.

El 28 de octubre de 2005, D. Fabio consignó en la cuenta de este Juzgado de lo Penal número Uno de Alcalá de Henares 12.000 euros para afrontar las indemnizaciones que, en su caso, pudieran corresponder a Dña. Brigida y a Dña. Edurne.

La tramitación del presente procedimiento se ha dilatado en exceso por motivos no imputables a D. Fabio, hallándose paralizado aquel desde el 21 de noviembre de 2005 hasta el 18 de septiembre de 2008 y suponiendo tal circunstancia un perjuicio personal para él, que se ha visto sometido a la condición de imputado y acusado más tiempo del razonablemente necesario".

Siendo su fallo del tenor literal siguiente: " Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Fabio como autor criminalmente responsable de dos delitos de acoso sexual del artículo 184.2 del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño causado, a las penas de tres meses y veintidós días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas causadas en el presente procedimiento.

Además, D. Fabio deberá indemnizar a Dña. Brigida en la cantidad de 11.280,42 euros, y a Dña. Edurne en la cantidad de 11.234,61 euros, en ambos casos con los intereses legales correspondientes.

Por el contrario, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D. Fabio de los dos delitos de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal del que también venía siendo acusado".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpusieron sendos recursos de apelación por el Procurador don Manuel Llamas Jiménez, en representación de don Fabio, y por el Procurador don Ubaldo C. Boyano Adanez, en representación de doña Brigida y doña Edurne; siendo impugnado el recurso formulado por el Procurador don Manuel Llamas Jiménez por el MINISTERIO FISCAL y por el Procurador don Ubaldo C. Bayano Adanez; e impugnándose por el Procurador don Manuel Llamas Jiménez el recurso formulado por el Procurador don Ubaldo C. Boyano Adanez; remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial para la resolución de los recursos.

TERCERO.- En fecha 14 de noviembre de 2011 tuvieron entrada las actuaciones de la primera instancia en esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, formándose el correspondiente rollo de apelación, señalándose día para la deliberación de los recursos, fijándose la audiencia del día 4 de julio de 2012.

CUARTO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los presentes.

II. HECHOS PROBADOS

El apartado de hechos probados de la sentencia recurrida se modifica parcialmente en los siguientes extremos:

En el párrafo segundo se suprime " y con objeto de satisfacer sus deseos libidinosos ".

En el párrafo segundo se suprime " y con idéntico ánimo ".

En el párrafo tercero se suprime " y con objeto de satisfacer sus deseos libidinosos ".

Y en el párrafo cuarto se suprime " las trataba despóticamente en sus puestos de trabajo durante un tiempo".

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Entre los distintos motivos de apelación que se contienen en el escrito de recurso, figura el relativo a la aplicación errónea del art. 184.2 del Código Penal ya que en la sentencia recurrida no se señala proposición sexual alguna por parte del acusado.

A la vista de tal alegación, debe señalarse en primer lugar que en la Constitución Española de 1978, en concreto en su art. 25.1, se proclama como un derecho fundamental el principio de legalidad, en cuya virtud, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta según la legislación vigente en aquel momento. Siendo aplicación del indicado principio de legalidad el art. 1.1 del Código Penal, en el que se establece que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración, así como el art. 10 de dicho Código, según el cual, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. Por otra parte, en el art. 117 de la citada Constitución se confiere la administración de la Justicia a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, estando éstos sometidos a imperio de la ley. Pronunciándose en similares términos el art. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadiendo el sometimiento de los Jueces y Tribunales a la Constitución en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

El preámbulo que se acaba de realizar tiene por objeto señalar que este Tribunal de apelación debe valorar si los hechos que se describen en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida reúnen los requisitos legalmente establecidos en el art. 184 del Código Penal para que puedan ser calificados como delitos de acoso sexual, tal y como vienen calificados concretamente en la sentencia recurrida, pues a efectos legales, la conducta de acoso sexual constitutiva del delito del citado precepto es la así definida y descrita en tal norma penal, sin que pueda ser calificada jurídico-penalmente una conducta como acoso sexual que no reúna los requisitos que el Legislador ha establecido para tal delito, y ello aunque pudiera ser tenida como tal en el concepto social.

Entrando ya en la valoración del motivo de recurso, debe señalarse que el delito de acoso sexual del art. 184.1 del Código Penal viene tipificado en los siguientes términos:

" El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual,... "

Tipificándose una agravación específica de tal delito en el art. 184.2 del citado Código " Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativa que aquélla pudiera tener en el ámbito de la indicada relación,... "

Habiendo sido analizados los requisitos del tipo delictivo en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2004 en los siguientes términos:

" Estudiemos ahora los elementos que deben concurrir para que nos encontremos ante una conducta de acoso sexual, tras la modificación operada en el Código penal, por la citada Ley Orgánica 11/1999. Son los siguientes: a) la acción típica está constituida por la solicitud de favores sexuales; b) tales favores deben solicitarse tanto para el propio agente delictivo, como para un tercero; c) el ámbito en el cual se soliciten dichos favores lo ha de ser en el seno de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual; d) con tal comportamiento se ha de provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante; e) entre la acción que despliega el agente y el resultado exigido por la norma penal debe existir un adecuado enlace de causalidad; f) el autor tiene que obrar con dolo, no permitiendo la ley formas imprudentes en su comisión.

Con respecto al primer requisito, se exige, como elemento nuclear del mismo, una petición de favores sexuales. Esta Sala Casacional ha declarado que tal requisito queda cumplido “cuando media petición de trato o acción de contenido sexual que se presente seria e inequívoca, cualquiera que sea el medio de expresión utilizado”, de tal modo que dicha conducta resulta indeseada, irrazonable y ofensiva para quien la sufre. En efecto, basta con la mera solicitud, la cual podrá realizarse de forma explícita o implícita, pero en todo caso deberá revelarse de manera inequívoca. Tampoco naturalmente es preciso que se traduzca en actos de abuso o agresión sexual, propiamente delictivos en otros apartados del mismo título, pues de concurrir con el acoso sexual nos encontraríamos ante un concurso de normas que se resolvería ordinariamente por el principio de consunción. Desde esta perspectiva, el acoso sexual es algo previo, que persigue precisamente el abuso o la agresión sexual, pero que adquiere rasgos propios delictivos, en función de la protección penal que se dispensa a la víctima cuando se produce en el ámbito concreto en donde se penaliza, y que la ley diseña como el entorno laboral, docente o de prestación de servicios, cualquiera que sea la continuidad de los mismos, con una amplia fórmula que engloba todos aquellos ámbitos en donde se producen las relaciones humanas más necesitadas de protección.

...

El segundo requisito es igualmente concluyente. La petición de favores sexuales se realiza para el propio acusado,...

El ámbito donde debe producirse la acción nuclear del tipo (petición de favores sexuales) es un elemento sustancial al delito que enjuiciamos, y es la causa de su incorporación como tipo penal a partir del Código penal de 1995, encontrándose fuertemente matizado tras la reforma de 1999, al punto que la doctrina científica ha entendido que se ha tipificado como tipo básico el denominado acoso ambiental, y no propiamente ya el constitutivo de abuso de superioridad (prevaleciéndose el culpable de una situación de abuso de superioridad), que pasa ahora a ser considerado como un subtipo agravado, junto al acoso sexual causal (esto es, con el anuncio expreso o tácito de causar un mal a la víctima relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación). Dicho ámbito es definido por el legislador como una “relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual”. El fundamento del denominado “acoso ambiental” hay que buscarlo en la mayor protección que debe dispensarse a las víctimas que se encuentren en uno de tales ámbitos, en donde las relaciones se enmarcan en un segmento de mayor riesgo a ser sometidas a tratos de naturaleza sexual por parte de sus potenciales hostigadores, en donde concurrirá de ordinario alguna situación de superioridad (pero que la ley no exige), siendo también posible su consideración típica cuando el acoso sexual se produzca en un cuadro de horizontalidad.

...

El cuarto requisito exige que con tal comportamiento se ha de provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Desde luego la ley penal con este aspecto se refiere a un doble requisito: de un lado, una situación objetiva, pues no bastan meras impresiones al modo de una mera caracterización personal de la víctima; de otro, y como resultado delictivo que indiscutiblemente requiere el tipo penal. No es éste, en consecuencia, un delito de mera actividad o de resultado cortado (lo que producirá la concurrencia, en su caso, de formas imperfectas de ejecución), pues exige que se provoque en la víctima una situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante. El adverbio “gravemente” se predica tanto de la situación intimidatoria, como de la hostil o humillante. Servirá en consecuencia para delimitar cuándo las características de la acción desbordan las previsiones protectoras del ordenamiento civil o del laboral, y se adentra el comportamiento desplegado en el ámbito de lo penal. "

Por lo tanto, el elemento nuclear del tipo delictivo que nos ocupa es la solicitud de favores sexuales, entendida como petición de acto o trato de contenido sexual, que se presente seria e inequívoca, cualquiera que sea el medio de expresión utilizado, pudiéndose realizar la petición de contenido sexual de forma explícita o implícita, pero en todo caso deberá revelarse de manera inequívoca.

La lectura del apartado de hechos probados de la sentencia recurrida permite afirmar que la única proposición de relación sexual, implícita, pero clara e inequívoca de mantener una relación sexual, que se describe en tal apartado de la sentencia recurrida es que proposición a Brigida de " hacer la siesta en un hotel ". Ninguna otra proposición de mantener una relación sexual se describe en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida ni a Brigida ni a Edurne.

A tales efectos, en tales hechos se dice que el acusado presionó a Brigida y a Edurne para que accedieran a mantener con él una " relación sentimental ", por lo que, según el sentido de dicha expresión conforme al Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, lo que vendría a haber propuesto el acusado es una relación amorosa, que puede implicar o no tratos de carácter sexual, por lo que no puede afirmarse que la proposición de una " relación sentimental " alcance el carácter de una proposición de un trato o relación sexual seria e inequívoca.

En las expresiones concretas que, según el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida, les dirigió el acusado no se contienen proposiciones de inequívoco sentido sexual, como efectivamente no tienen claro e inequívoco significado sexual las siguientes expresiones: " Se produce en este loco desvarío amoroso un sentimiento de angustia por su ausencia, porque invade mis neuronas y las aniquila para lo demás que no sea la utilización de toda mi energía dirigida hacia tu recuerdo permanente. Estás reinando en mi intelecto y por lo tanto, te has hecho dueña de mis resortes más íntimos ", " Sueño con el roce de tu piel, con su color, con el perfume que exhala, con esa levedad de tu ser que me emociona ", " Ma cheri poupé ", " Eres la mujer de mi vida ", " Eres mi media naranja ", y " que estaba dispuesto a dejar a su mujer para irse con ella a un lugar apartado y montar una farmacia juntos. "

Por otra parte, las conductas consistentes dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la oreja, abrazar, dar un beso en los labios, acariciar la pierna o el pelo, rozar el cuerpo con el de otra persona, no implican la proposición de ninguna relación sexual sino que suponen la realización de actos de contenido sexual, por lo que no pueden constituir el sustento fáctico de una condena por delitos de acoso sexual, sino, en su caso, podrían constituir el supuesto fáctico de una condena por delitos de abusos sexuales al suponer la imposición de actos de contenido sexual por las vías de hecho, sin contar con el consentimiento de la persona a la que se somete a tales conductas, por lo que la calificación jurídico-penal de tales hechos tendría su encaje en el delito de abuso sexual del art. 181 del Código Penal, y no, como ya se ha dicho, en el delito de acoso sexual del art. 184 del citado Código.

Desde otro punto de vista, para la comisión del delito de acoso sexual del art. 184 del Código, tal y como ha sido descrito por el Legislador, no basta con la proposición de actos sexuales en el ámbito que se describe en dicho precepto, sino que es necesario además que tal comportamiento provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Y en el caso que nos ocupa, la concreta descripción de los hechos que se expresa en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida, en el que el único acto de proposición sexual que se recoge es el concretado en la proposición a Brigida de ir a hacer la siesta, no se estima suficiente para configurar esa situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Debiéndose añadir que en el apartado de hechos probados se señala un trato despótico por parte del acusado hacia Brigida y Edurne, pero no se describe en qué pudiera haber consistido el trato despótico, por lo que el Juez de lo Penal hace constar su juicio de valor sobre unos hechos, pero no consigna los hechos, por lo que del concreto relato de hechos probados en relación con el trato despótico tampoco puede deducirse la situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante que se requiere como requisito objetivo del tipo delictivo en el art. 184 del Código Penal. Y tampoco puede considerarse hecho que pueda dar lugar a tal situación el que el acusado retirara temporalmente un "incentivo" económico que, bien fuera por pura liberalidad o como estímulo con el fin de elevar su productividad y mejorar sus rendimientos (significado gramatical propio de la palabra incentivo), entregara a sus empleadas. Debiéndose hacer hincapié que la redacción gramatical del precepto, también según ha sido interpretado por la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, la situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante debe ser consecuencia de los actos de proposición sexual, no de otras conductas que también pudieran ser reprochables pero que no supongan la indicada proposición sexual.

En consecuencia, los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no son subsumibles en el tipo delictivo de acoso sexual del art. 184 del Código Penal, por lo que no es ajustada a Derecho la condena del acusado en la sentencia recurrida por la comisión de dos delitos de tal clase, por lo que en esta segunda instancia debe revocarse tal condena, absolviendo al acusado respecto de tales delitos, sin declaración de responsabilidad civil alguna como derivada de la comisión de los delitos por los que se le absuelve de manera definitiva.

SEGUNDO.- Debe señalarse que las pruebas practicadas han acreditado los tocamientos y besos inconsentidos por parte del acusado a Brigida y a Edurne, así como la proposición a Brigida de ir a hacer la siesta a un hotel. Siendo determinante al respecto los testimonios de ambas en el juicio oral. Sin que en dicho acto se pusiera de manifiesto ninguna contradicción esencial al respecto ni entre lo declarado por ellas en la fase de instrucción ni tampoco con los demás testigos. Siendo a señalar que Arturo y Cristobal no negaron la realidad de tales hechos, pues simplemente se limitaron a mantener que no los presenciaron. Debiéndose tener en cuenta que en el proceso penal español, el recurso de apelación es un recurso ordinario en el que el tribunal competente para su resolución tiene plenas facultades para valorar las pruebas practicadas en la primera instancia y, en su caso, rectificar el relato de hechos probados declarados en la sentencia recurrida, al menos en lo que beneficie al acusado. Pero en la resolución de un recurso de apelación en el que se alegue como motivo de la impugnación de la sentencia recurrida el haber incurrido el juez de la primera instancia en error en la valoración o apreciación de la prueba, debe tenerse presente también que cuando las pruebas que han servido de soporte al dictado de dicha sentencia son pruebas de carácter personal, es decir, pruebas en las que el medio de prueba son personas que declaran ante el juez lo que han visto u oído, y dichas pruebas han sido practicadas en la forma que les es propia, es decir, prestándose las declaraciones en el acto del juicio oral a presencia del juez sentenciador, con observancia de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, es dicho juez quien pudo apreciar las pruebas de forma directa y personalmente, lo que es esencial para la debida valoración de tales pruebas personales, ya que así, el juez a cuya presencia se practican puede apreciar y valorar no sólo lo que se dice, sino cómo se dice, pues las circunstancias concurrentes en la expresión de quien relata un hecho, tales como coherencia o contradicción en el relato, contundencia o vacilaciones y dudas en las manifestaciones, espontaneidad y rapidez en las contestaciones o la dilación entre las preguntas y las contestaciones, tranquilidad o nerviosismo, etc., son de gran importancia a la hora de valorar la credibilidad de las pruebas y poder cumplir con lo establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al juez la facultad y el deber de apreciar " según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio "; facultad de la que carece el tribunal de apelación al no practicarse, de ordinario, las pruebas personales a su presencia; por lo que es de elemental sentido común que en la apelación se respeten y mantengan los hechos probados declarados en la sentencia de primera instancia salvo cuando concurran circunstancias que evidencien el error del juez de primera instancia en la apreciación y valoración de las pruebas ante él practicadas; circunstancias que no se aprecian en el caso que nos ocupa.

TERCERO.- Este Tribunal de apelación considera procedente dejar constancia de que los hechos probados que así se declaran en la sentencia recurrida, aún con la modificación de los mismos que se hace en esta sentencia de apelación, pudieran ser constitutivos de delitos de abusos sexuales del art. 181.1 del Código Penal, en el que se tipifica penalmente la conducta consistente en realizar actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona, sin utilizar violencia ni intimidación y sin que medie consentimiento de la persona a la que se somete a tales actos. Pero sin que este Tribunal de apelación pueda plantearse la posibilidad de condena del acusado por tales delitos de abusos sexuales. A tales efectos es de citar aquí la sentencia n.º 123/2005 del Tribunal Constitucional en la que se mantiene lo que sigue:

" 3. Este Tribunal ha reiterado que el conjunto de derechos establecidos en el art. 24 CE no se agota en el mero respeto de las garantías allí enumeradas, establecidas de forma evidente a favor del procesado, sino que incorpora, además, el interés público en un juicio justo, garantizado en el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos (en adelante CEDH), que es un instrumento hermenéutico insoslayable para la interpretación de los derechos fundamentales de nuestra Constitución ( art. 10.2 CE ); de tal modo que, en última instancia, la función del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías en el ámbito penal se concreta en garantizar el interés público de que la condena penal resulte de un juicio justo, que es un interés constitucional asentado en los principios del Estado de Derecho y en los valores constitucionales de libertad y justicia ( art. 1.1 CE; STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3).

En virtud de ello, aunque el principio acusatorio no aparece expresamente mencionado entre los derechos constitucionales que disciplinan el proceso penal, limitándose el art. 24.2 CE a consagrar una de sus manifestaciones, como es el derecho a ser informado de la acusación, sin embargo, este Tribunal ya ha destacado que ello no es óbice para reconocer como protegidos en el art. 24.2 CE ciertos derechos fundamentales que configuran los elementos estructurales de este principio nuclear ( STC 174/2003, de 29 de septiembre, FJ 8), que trasciende el derecho a ser informado de la acusación y comprende un haz de garantías adicionales ( TC SS 19/2000, de 3 de marzo, FJ 4, y 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 17). Así, desde el más temprano reconocimiento de la dimensión constitucional de determinadas garantías propias del principio acusatorio, en la jurisprudencia de este Tribunal se ha incidido tanto en su vinculación con los derechos de defensa y a conocer la acusación ( STC 12/1981, de 10 de abril, FJ 4), como en la exigencia de separar la función de juzgar de la de acusar, para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del Juez, evitando que actúe como parte en el proceso contradictorio frente al acusado, cuando debe ser un órgano imparcial que ha de situarse por encima de las partes acusadoras e imputadas ( STC 54/1985, de 18 de abril, FJ 6).

Por tanto, determinados elementos estructurales del principio acusatorio forman parte de las garantías constitucionales sustanciales del proceso penal, no sólo en la dimensión expresamente reconocida por el art. 24.2 CE de que nadie pueda ser condenado sin que se formule previamente una acusación de la que tenga conocimiento y posibilidades de defenderse de manera contradictoria, sino también en su dimensión, implícitamente reconocida entre las garantías constitucionales en el procedimiento penal, de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial diferente del que ejerce la acusación (entre las últimas, TC SS 35/2004, de 8 de marzo, FJ 7; o 179/2004, de 18 de octubre, FJ 4), toda vez que el derecho a un proceso con todas las garantías impone un sistema penal acusatorio en el que el enjuiciamiento se desarrolle dialécticamente entre dos partes contrapuestas, debiendo resolverse por un órgano diferente, consagrándose así una neta distinción de las tres funciones procesales fundamentales: la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta a la del Juez; la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador; y la decisión, que corresponde a un órgano judicial independiente e imparcial, que no actúa como parte frente al acusado en el proceso contradictorio ( TC SS 3/1987, de 7 de mayo, FJ 2; o 83/1992, de 28 de mayo, FJ 1).

4. En atención a lo anterior, este Tribunal ha reiterado que una de las manifestaciones del principio acusatorio contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías es el deber de congruencia entre la acusación y el fallo, en virtud del cual nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado, entendiendo por “cosa”, en este contexto, no únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica (por todas, TC SS 35/2004, de 8 de marzo, FJ 2, o 40/2004, de 22 de marzo, FJ 2). De ese modo, este deber de congruencia implica que el juzgador está sometido constitucionalmente en su pronunciamiento por un doble condicionamiento, fáctico y jurídico, que queda concretado en la pretensión establecida en el escrito de calificaciones definitivas (por todas, TC SS 62/1998, de 17 de marzo, FJ 5, o 33/2002, de 13 de febrero, FJ 3).

El fundamento de esta exigencia de congruencia entre acusación y fallo ha sido puesto en relación directa, principalmente, con los derechos a la defensa y a estar informado de la acusación, con el razonamiento de que si se extralimitara el juzgador en el fallo, apreciando unos hechos o una calificación jurídica diferente a las pretendidas por las acusaciones, se privaría a la defensa de la necesaria contradicción (por todas, TC SS 33/2003, de 13 de febrero, FJ 3, o 40/2004, de 22 de marzo, FJ 2). Sin embargo, este deber de congruencia también ha encontrado su fundamento en el derecho a un proceso con todas las garantías, en el sentido de que el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con respeto a la delimitación de funciones entre la parte acusadora y el órgano de enjuiciamiento (por todas, TC SS 302/2000, de 11 de diciembre, FJ 2; o 35/2004, de 8 de marzo, FJ 7), puesto que, en última instancia, un pronunciamiento judicial más allá de la concreta pretensión punitiva de la acusación supone que el órgano judicial invada y asuma competencias reservadas constitucionalmente a las acusaciones, ya que estaría condenando al margen de lo solicitado por los legitimados para delimitar la pretensión punitiva, lo que llevaría a una pérdida de su posición de imparcialidad y a la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías.

Por tanto, la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde a la necesidad no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los arts. 117 y 124 CE. De ese modo, el análisis del respeto a la garantía del deber de congruencia entre acusación y fallo por parte de una resolución judicial debe venir dado no sólo por la comprobación de que el condenado ha tenido la oportunidad de debatir los elementos de la acusación contradictoriamente, sino también por la comprobación de que el órgano de enjuiciamiento no ha comprometido su imparcialidad asumiendo funciones acusatorias que constitucionalmente no le corresponden.

5. Ahora bien, partiendo de la base ya expuesta de cuál es el doble fundamento constitucional del deber de congruencia entre acusación y fallo, es necesario tener en cuenta dos aspectos relevantes para la determinación y concreción, con carácter general, del alcance de dicho deber de congruencia, como son, por un lado, que éste, como elemento estructural del principio acusatorio, no tiene un alcance general en el procedimiento penal respecto de cualquier otra pretensión sostenida por la acusación que no sea la estrictamente punitiva; y, por otro lado, que incluso en el marco del ejercicio de una pretensión punitiva el deber de congruencia no implica un deber incondicionado para el órgano judicial de estricta vinculación a las pretensiones de la acusación.

Ambos aspectos tienen una relación directa con el hecho, ya afirmado por este Tribunal, de que existen cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius puniendi que no cabe desconocer (por todas, TC SS 153/1990, de 15 de octubre, FJ 3, y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 5) y que afectan no sólo a cualquier eventual pretensión, diferentes de la punitiva, que pueda ser deducida por las partes en el marco del procedimiento penal, sino también a lo que es la pretensión punitiva propiamente dicha reflejada en el escrito de acusación.

...

... por lo que se refiere al alcance del deber de congruencia respecto de la pretensión punitiva, este Tribunal también ha concretado que, atendiendo a las propias facultades de pronunciamiento de oficio que tiene el juzgador penal, por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius puniendi, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad (por todas, TC SS 4/2002, de 14 de enero, FJ 3, o 75/2003, de 23 de abril, FJ 5), haciéndose especial incidencia en que, “más allá de dicha congruencia, lo decisivo a efectos de la lesión del art. 24.2 CE es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos” (por todas, TC SS 87/2001, de 2 de abril, FJ 6, o 189/2003, de 27 de octubre, FJ 2). O, más expresivamente, y tal como se afirma en la STC 4/2002, de 14 de enero, FJ 3, recogiendo lo ya manifestado en la STC 225/1997, de 15 de diciembre, FJ 3, “so pena de frustrar la solución más adecuada al conflicto que se ventila en el proceso, la sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio. No existe infracción constitucional si el Juez valora los hechos "y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo ( STC 204/1986, recogiendo doctrina anterior), siempre, claro, que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso" ( STC 10/1988, FJ 2). En este sentido, "el órgano judicial, si así lo considera, no está vinculado por la tipificación o la imputación" que en la acusación se verifique ( STC 11/1992, FJ 3)”.

Por tanto, a la conclusión anteriormente alcanzada de que la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, debe añadirse también que dicho deber de congruencia, atendiendo al propio fundamento de su reconocimiento constitucional, no sólo no supone una estricta vinculación del fallo a la calificación jurídica contenida en la pretensión punitiva, cuando pueda verificarse que en el debate procesal la defensa tuvo la posibilidad de conocer y discutir sus elementos esenciales, sino que, además, en su caso, ese deber de congruencia sólo puede predicarse de la propia pretensión punitiva y no de ninguna otra deducida en el procedimiento penal, en la medida en que, al no tener como objeto elementos de la acusación, los órganos judiciales penales mantienen la posibilidad de un pronunciamiento de oficio e incluso en contra de las pretensiones de las partes sin comprometer con ello su posición de imparcialidad por la asunción de funciones acusatorias que le están constitucionalmente vedadas.

6. A continuación deben analizarse los posibles condicionantes de cómo se proyecta el deber de congruencia en el actual sistema de recursos penales, con especial referencia al recurso de casación. Para abordar esta cuestión es preciso atender a dos consideraciones previas que delimitan dicho análisis, como son, en primer lugar, determinar cuál es el contenido esencial del derecho al recurso contra sentencias penales condenatorias, en lo que se refiere a la necesidad de configurarlo como un nuevo juicio o limitado a una función revisora; y, en segundo lugar, determinar a cuál de ambos modelos responde la actual regulación de la casación penal.

Este Tribunal ya ha reiterado en relación con el derecho al recurso contra sentencias penales condenatorias dos ideas esenciales: la primera, que si bien no tiene un reconocimiento constitucional expreso, queda integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en el art. 24.2 CE, toda vez que dicha exigencia, establecida en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (en adelante PIDCP), ha quedado incorporada a las garantías constitucionales que disciplinan el proceso penal a través de la previsión del art. 10.2 CE sobre que las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con dicho texto (por todas, entre las primeras, STC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3; y, entre las más recientes, TC SS 80/2003, de 28 de abril, FJ 2, y 105/2003, de 2 de junio, FJ 2). Y, la segunda, que del propio tenor literal del art. 14.5 PIDCP, al establecer que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley”, se desprende que no establece propiamente una doble instancia, sino una sumisión del fallo condenatorio y de la pena a un Tribunal superior, sumisión que habrá de ser conforme a lo prescrito por la Ley, por lo que ésta, en cada país, fijará sus modalidades ( TC SS 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5, y 70/2002, de 3 de abril, FJ 7). Del mismo modo, el Protocolo núm. 7, de 22 de noviembre de 1984, no ratificado por España, al Convenio europeo de derechos humanos, reconoce este derecho en términos muy semejantes, haciendo referencia en su art. 2.1, si bien con las excepciones del art. 2.2, a que “toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tiene el derecho a que su condena o sentencia sea revisada por un tribunal superior. El ejercicio de este derecho, incluyendo los motivos por los cuales puede ser ejercido, deberá estar regulado por ley”.

Por ello, este Tribunal ha concluido, por un lado, que el derecho al recurso contra sentencias penales condenatorias, incluido dentro del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, a la vista del tenor literal del art. 14.5 PIDCP, e incluso conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los arts. 6.1 CEDH y 2 del Protocolo núm. 7 del citado Convenio ( SSTEDH de 13 de febrero de 2001, caso Krombach c. Francia, y de 25 de julio de 2002, caso Papon c. Francia ), se debe interpretar no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( TC SS 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, y 105/2003, de 2 de junio, FJ 2). Y, por otro, que la libertad de configuración por parte del legislador interno de cuál sea ese Tribunal superior y de cómo se someta a él el fallo condenatorio y la pena viene expresamente reconocida por el art. 14.5 PIDCP, lo que permite que en nuestro ordenamiento cumpla tal función en determinados supuestos el recurso de apelación; y permite, asimismo, que dentro del ordenamiento, y en los delitos para cuyo enjuiciamiento así lo ha previsto el legislador, sea la casación penal el recurso que abra al condenado en la instancia el acceso a un Tribunal superior (STC 37/1988, de 3 de marzo, FJ 5).

Por tanto, de lo expuesto cabe concluir, en primer lugar, que el derecho fundamental al recurso contra sentencias penales condenatorias sólo alcanza a la necesidad de que se configure legalmente un recurso que posibilite una revisión íntegra de la condena y la pena y, en consecuencia, no es exigible constitucionalmente que dicho recurso implique la celebración de un nuevo juicio íntegro; y, en segundo lugar, que el legislador tiene libertad para establecer tanto cuál deba ser el Tribunal superior como el modo en que éste haga efectiva la revisión de la condena y la pena y, por tanto, el legislador tiene libertad de configurar el recurso bien como un nuevo juicio, bien como una revisión del fallo condenatorio y de la pena.

...

8. Una vez desarrolladas las anteriores consideraciones debe entrarse directamente en el análisis de los posibles condicionantes de cómo se proyecta el deber de congruencia en la resolución de los recursos contra sentencias penales condenatorias, con especial referencia al recurso de casación, comenzando por señalar que la afirmación genérica, ya reiterada por este Tribunal, de que las exigencias del principio acusatorio, entre las que, lógicamente, cabría incluir la de congruencia entre acusación y fallo, son de aplicación en la segunda instancia (por todas, TC SS 28/2003, de 10 de febrero, FJ 4, o 35/2004, de 8 de marzo, FJ 2), no resulta en modo alguna contradictoria con la posibilidad de concluir que la aplicación de las garantías propias de este principio en la resolución de los recursos penales no puede ser mimética, sino condicionada. Y ello por dos razones principales: la primera porque adecuar las exigencias del principio acusatorio a la concreta configuración legal del recurso penal en cuestión que resulte procedente no supone anular la vigencia de dichas exigencias, sino adaptarlas, en atención a sus fundamentos constitucionales, a las funciones que en el marco del procedimiento penal en su conjunto pueda tener dicho recurso. Esta necesidad ha sido destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al señalar en la Sentencia de 27 de marzo de 1998, caso KDB c. Países Bajos, en relación con la aplicación en la segunda instancia de las reglas de un proceso equitativo recogidas en el Convenio europeo de derechos humanos, que “la manera en que se aplique el art. 6 a los tribunales de apelación o casación depende de las características especiales de cada procedimiento, tomando en consideración la totalidad de la regulación procesal en el ordenamiento jurídico interno y el papel que en el mismo desempeña el Tribunal de casación” (§ 35).

La segunda razón es que la afirmación genérica sobre la aplicación de las exigencias propias del principio acusatorio a la segunda instancia, o que “es la impugnación de una sentencia lo que opera la investidura del Juez superior, que determina la posibilidad de que éste desarrolle los poderes que tiene atribuidos, con la limitación determinada por la pretensión de las partes” ( STC 40/1990, de 12 de marzo, FJ 1), se ha producido, principalmente, en relación con la proscripción constitucional de la reforma peyorativa. Esta prohibición, que si bien en algunos casos se ha incluido como una más de las garantías del principio acusatorio, aparece fundamentada tanto en la vulneración del derecho a conocer la acusación y la prohibición de la indefensión, como en la exigencia de separación entre la acusación y la función de enjuiciamiento imparcial inherente al principio acusatorio (entre otras, TC SS 40/1990, de 12 de marzo, FJ 1, o 28/2003, de 10 de febrero, FJ 3). Sin embargo, es una exigencia de aplicación no sólo en el ámbito penal, tanto al recurso de apelación como al de casación, sino que, además, rige también para cualquier tipo de recursos en cualquier orden jurisdiccional...

De ese modo, despejadas las posibles dudas sobre la necesidad de hacer una aplicación condicionada de las exigencias del principio acusatorio y el deber de congruencia en la resolución de los recursos penales, hay que poner de manifiesto que este Tribunal, partiendo de las bases ya señaladas de que la garantía constitucional del deber de congruencia entre acusación y fallo queda limitado a la concreta pretensión punitiva, ha reiterado que la existencia de una eventual exigencia constitucional de que el órgano judicial que ha de resolver el recurso quede vinculado por las concretas pretensiones de las partes deducidas en el recurso procedente, impidiendo con ello, en su caso, la desestimación del recurso y con ello el mantenimiento de la resolución recurrida, no puede ser ajena a una doble comprobación: por un lado, debe comprobarse la naturaleza de la concreta pretensión que se deduce en dicho recurso; y, por otro, si con dicho pronunciamiento del órgano judicial, bien se ha impedido hacer efectivo el derecho de defensa o a debatir los elementos de la acusación, bien se ha propiciado una pérdida de su necesaria imparcialidad judicial por asumir funciones acusatorias que le están constitucionalmente vedadas ( STC 283/1993, de 27 de septiembre, FJ 5; y AATC 327/1993, de 28 de octubre, FJ 3, y 146/1998, de 25 de junio, FJ 4, entre otras). "

En el presente caso, contra el concreto pronunciamiento contenido en el fallo de la sentencia recurrida por el que se condena al acusado como autor de dos delitos de acoso sexual ha recurrido únicamente la defensa del acusado. Por lo tanto, la hipotética condena al acusado en esta segunda instancia como autor de delitos de abuso sexual supondría la condena por delitos por los que no se ha formulado acusación en la causa, estando castigados dichos delitos de abuso sexual con penas más graves que las legalmente establecidas para el delito de acoso sexual, por lo que la hipotética condena del acusado en esta segunda instancia como autor de delitos de abuso sexual supondría la vulneración del principio acusatorio y del principio de proscripción de la reforma peyorativa. Razones que vedan tal hipotética condena.

CUARTO.- Al estimarse el recurso formulado por la defensa del acusado, con la consecuencia de absolver a acusado por los delitos de acoso sexual por los que venía condenado en la sentencia recurrida, carece ya de objeto la valoración de los motivos alegados en el recurso de apelación formulado por la acusación particular que hacen referencia a la incorrecta aplicación de circunstancias atenuantes y la incorrecta determinación de la responsabilidad civil derivada de los delitos. Por lo que el recurso de la acusación particular debe ser desestimado.

QUINTO.- Las costas de la segunda instancia se deben declarar de oficio al estimarse uno de los recursos y al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes recurrentes.

Asimismo, y el absolverse en definitiva al acusado de todos los delitos por los que se había formulado acusación contra él, las costas de la primera instancia también deben ser declaradas de oficio.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

IV. FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Fabio contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2011, aclarada por auto de 7 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Alcalá de Henares (Madrid) en los autos de Juicio Oral n.º 518/2005, y desestimando el recurso de apelación formulado contra dicha sentencia por la representación de doña Brigida y doña Edurne, debemos revocar y revocamos parcialmente el fallo de la sentencia recurrida en el sentido de dejar sin efecto la condena de Fabio como autor de dos delitos de acoso sexual del art. 184.2 del Código Penal y la condena a indemnizar a Brigida y Edurne, y en su lugar, debemos absolver y absolvemos a Fabio de los dos delitos de acoso sexual por los que venía condenado en la sentencia recurrida, sin declaración de responsabilidad civil derivada de tales delitos, con declaración de oficio de las costas de ambas instancias procesales, confirmándose los demás pronunciamientos del fallo de la sentencia recurrida.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, y de la que se llevará certificación al rollo de apelación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

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