MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Para estas fuentes, que esperan que en un par de semanas se conozca la decisión de los tribunales, la empresa decidió rescindir el acuerdo con sus clientes por lo que no hay causa para justificar el ERE y éste debe ser declarado "nulo".
En este sentido, CGT ha manifestado que la multinacional obtuvo una facturación de 1.179 millones de dólares (unos 911 millones de euros) en 2011 y que, en el período de consultas, se negó a facilitar el contrato que le unía con Vodafone y la documentación que acreditaba su finalización.
De acuerdo con el sindicato, en este ERE hubo "una total ausencia de buena fe" por parte de la empresa en el periodo de consulta, por lo que éste debe ser declarado "nulo". Además, según el sindicado, en el acuerdo alcanzado con CC.OO. y UGT, se acordó condiciones distintas para los trabajadores en función de su tipo de contrato y según el lugar de prestación de los servicios, lo que supone una "vulneración" de un derecho fundamental.
La empresa TeleTech y los sindicatos CC.OO. y UGT alcanzaron el pasado mes de agosto un acuerdo en virtud del cual la compañía se comprometió a pagar indemnizaciones por valor de unos 11,29 millones de euros a los 1.500 trabajadores de la compañía despedidos en el marco ERE que la firma de 'contact center' formalizó el pasado 16 de julio, justificado en causas económicas y productivas.
En virtud del acuerdo, los trabajadores con contrato por obra y servicio de Madrid, correspondientes a la campaña de Movistar, y los indefinidos de Valencia y Toledo recibirán una indemnización de 35 días por año trabajado, mientras que los empleados por obra y servicio de los centros de Valencia y Toledo serán indemnizados con 21 días por año.
Para CGT, ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores, una vez que el cese de la actividad se declare judicialmente, se extinguiría la relación laboral y TeleTech estaría obligada a un mayor período de indemnización, a razón de 45 y 33 días.
Además, la empresa tendría que abonar los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción judicial de los contratos, así como a reactivar el alta en la seguridad social de los trabajadores, manteniéndola hasta que fuera extinguida su relación laboral, con la consiguiente obligación de abonar las correspondientes cotizaciones.
