MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo Fiscal ha concluido este lunes sus deliberaciones sobre el borrador de informe relativo a la reforma del Código Penal que le fue remitido por la Secretaría General Técnica y que, en términos generales, pone varios "peros" al proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón por la falta de concreción de algunos de los preceptos, como son los que regulan la custodia de seguridad. El informe definitivo será trasladado al Ministerio de Justicia la próxima semana.
Fuentes de la Fiscalía general han señalado a Europa Press que durante la sesión se han ido discutiendo las aportaciones que los doce vocales del Consejo Fiscal realizan al informe, que analiza la reforma artículo por artículo. Dichas aportaciones no se darán a conocer hasta los próximos días, cuando se produzca la remisión del texto final a Justicia.
El borrador que llegó al Consejo Fiscal la semana pasada critica entre otros aspectos la idoneidad de suprimir las faltas porque muchas de ellas pasan a formar parte del catálogo de delitos leves. Igualmente, considera mejorable la prisión permanente revisable y recuerda que el reo siempre debe mantener la oportunidad de recuperar la libertad y reinsertarse, en cumplimiento de los preceptos constitucionales.
En lo relativo a la custodia de seguridad, el borrador del informe destaca que el nuevo Código adolece de falta de concreción a la hora de enumerar los delitos que llevan aparejada esta medida y advierte de la necesidad de reformar la legislación penitenciaria para habilitar espacios donde pueda cumplirse de forma diferenciada al resto de internos.
PODER JUDICIAL
Por su parte, la Comisión de Estudios del Poder Judicial proseguirá mañana con el estudio de la a la ponencia elaborada por la vocal Margarita Robles que duda de la constitucionalidad de algunas medidas del nuevo Código Penal.
El proyecto de informe del CGPJ también aborda la prisión permanente revisable, una pena inédita en el ordenamiento español y que se aplicará a los delitos más graves, como son homicidios terroristas.
Según la ponencia, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno", con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.
La ponencia de Margarita Robles también pone pegas a otra de las medidas de seguridad que introduce el nuevo Código Penal como es la custodia de seguridad al advertir de su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".
Añade que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pueda cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase".
La custodia de seguridad es una medida que, de aprobarse, se aplicaría en casos excepcionales cuando el condenado haya cumplido la pena de prisión y un tribunal valore que se mantiene la peligrosidad. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años aunque podrá ponerse fin si desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.
