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Políticos y contables; por Juan Antonio Sagardoy, Catedrático de Derecho del trabajo y Vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil

07/12/2012
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El día 7 de diciembre se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Juan Antonio Sagardoy, en el cual el autor afirma que hay que ponerse a la tarea de sacar adelante a España porque puede, y se lo merece, por sus habitantes.

POLÍTICOS Y CONTABLES

He tenido ocasión de leer unas reflexiones sobre nuestra situación de un agudo economista, Fernández-Villaverde, y un gran jurista como es Gaspar Ariño; uno daba una visión económica de nuestra situación, y otro, jurídico-política de la misma. En ambos casos, el diagnóstico es bastante pesimista, aunque es de agradecer que ambos dan soluciones posibles a nuestros problemas. Fernández-Villaverde, en su intervención con antiguos alumnos de Icade (y por tanto en un contexto ajustado al acto), y Ariño, en su reciente libro “Regenerar la Democracia, reconstruir el Estado”, que han editado Unión Editorial y el Foro de la Sociedad civil.

Dice Ariño, con acierto, que la experiencia histórica demuestra que la buena gobernación no depende de las cualidades de las personas, sino de la calidad de las instituciones. Un gran país no es nunca el resultado de líderes carismáticos, sino de instituciones y procesos bien pensados, que sean garantía de buenas decisiones. Y en esto, España está necesitada de un nuevo ciclo de reformas políticas, semejante al que inició en 1977, que venga a corregir algunos errores que entonces se cometieron y se han hecho patentes después. Y nuestra calidad institucional es muy baja. Basta ver los nombramientos de los organismos reguladores, que recaen siempre en simpatizantes o afiliados del partido que gobierna. O en las empresas públicas. Conozco a muchos de ellos y reconozco su valía profesional, pero estoy seguro -sobre todo en los organismos que regulan la competencia, las transacciones financieras, la energía, etcétera- de que hay personas independientes que darían más confianza. Lo de la mujer del César. Estamos hablando de algo tan fundamental para la pujanza y salud del sistema económico como los árbitros y vigilantes de actividades clave. Y pensemos en los nombramientos de los jueces del Tribunal Constitucional, Supremo, Audiencia y Superiores de Justicia. Están desgraciadamente marcados por el partidismo político, y aun cuando de los designados no haya nada que objetar respecto a su valía profesional. O la regulación del sistema educativo, que es un pimpampum de feria según sea quien gobierne. O las importantes operaciones empresariales que buscan el beneplácito del Gobierno-partido. Y así sucesivamente. La clave de nuestra regeneración democrática está en liberarnos del juego partitocrático que todo lo invade. Fuera del partido no hay vida. Y eso, nunca mejor dicho, es mortal. Y es que las democracias auténticas se caracterizan por tener unas instituciones sólidas, estables y socialmente enraizadas. Y las primeras deben ser los órganos institucionales: el Parlamento, la Justicia, el Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y los organismos reguladores. Como bien dice Ariño, un sistema institucional sólido y con buen funcionamiento “supone una disminución de la discrecionalidad del gobernante para la decisión arbitraria o la maniobra política”.

Quizá la clave de todo esté en el sistema electoral. Desde 1978, tenemos un modo de elección que quizá fuera necesario entonces, para evitar un marasmo de partidos, pero que con el tiempo ha demostrado ser una fuente de problemas graves que afectan directamente a la real y necesaria representatividad de los elegidos. Los diputados y senadores obedecen al partido, no a los electores. La relación representativa con los ciudadanos es una ficción. Por ello, muchos expertos, foros e instituciones claman por un cambio de la Ley Electoral de modo que, con independencia de un número de representantes que puedan designar los partidos para presentarse a la elección, los elegidos -en unas primarias- sean personas que se presentan con una responsabilidad personal cara a los electores. Hoy en España solo pueden presentarse (artículo 44 de la Ley Electoral de 1985) los incluidos por un partido en una lista cerrada y bloqueada. Y solo se pueden votar listas completas. No entro en el tema, pero el Foro de la Sociedad Civil, por ejemplo, ha expuesto con detalle dicho nuevo sistema electoral. Como dice Ariño, si no se autentifica la representación política, el sistema se degradará progresivamente; la gente seguirá alejándose de la política y volveremos a las crisis del pasado, de oligarquía y caciquismo, ahora oligarquía y caciquismo de los partidos, financiados además con fondos públicos. Ello ha producido un daño muy notable a la democracia representativa. Como vulgarmente se dice, obedeces a quien te nombra. Por ello, quizá la reforma de la Ley Electoral sea la clave de arco del cambio que necesitamos urgentemente. De lo contrario, las promesas de regeneración democráticas son “flatus vocis”. Comprendo que para los que hoy son diputados o senadores puede ser duro el cambio para el próximo futuro, pero sería muy loable su generosidad y altruismo, como lo fue el de las Cortes del posfranquismo que se hicieron el “harikiri” por el advenimiento de la democracia.

En el plano económico social tenemos un panorama desolador. El empleo está bajo mínimos, con cifras preocupantes desde todos los puntos de vista. Un paro explosivo lleva fácilmente a situaciones explosivas. Un parado -y ya son millones- pierde el dinero para vivir y la dignidad para ser. En cuanto a lo primero, las cifras de las prestaciones son escalofriantes. En cuanto a lo segundo, habrá que luchar con denuedo para buscar soluciones. Una, por ejemplo, puede ser dar una parte importante de la prestación al que ocupe a un parado. Por lo menos, trabaja y a lo mejor sigue trabajando. Y, además, no les cuesta a las arcas públicas. Y, desde luego, la política económica puede coadyuvar a solucionar el problema o a agudizarlo. No soy economista y por ello me baso en lo que dicen quienes lo son, y además eminentes. Así, como nos recuerda Sánchez Asiaín en un reciente discurso en la Real de Morales y Políticas, tres premios Nobel de Economía, Stiglitz, Krugman y Maskin, advierten del efecto negativo para el empleo y la recuperación de las políticas de austeridad duras si no están acompañadas de las políticas de crecimiento. Lo llegan a calificar de “suicidio”. No podemos sacrificar todo en el altar del bajo o mucho déficit. Ello es necesario, desde luego, y muy loable lo que el Gobierno está haciendo, pero hay que inyectar recursos al sistema económico. De lo contrario moriremos de inanición, con una esquela que diga “cumplió con el déficit, y murió en el empeño”.

Fernández-Villaverde, en su intervención con los antiguos alumnos de Icade, nos dice que: a) Tenemos una estructura institucional que no funciona. b) Tenemos un creciente dualismo de nuestra estructura económica: unas grandes empresas punteras y muchísimas empresas de baja productividad. c) Tenemos un agudo envejecimiento demográfico, que es extraordinariamente grave. d) Tenemos un fortísimo problema de endeudamiento privado. e) Tenemos un altísimo déficit público, alrededor del 5% estructural. Y f ) Personalmente, creo que es lo más grave. Dice el profesor que un alto segmento de la población no ha interiorizado lo grave de nuestra situación y seguimos sin tener un gran consenso nacional acerca del profundo conjunto de reformas que necesitamos para solucionar los problemas de España. Creo que es un buen diagnóstico y también me parecen muy acertadas las globales recetas que nos da, para salir adelante. En concreto: la fortaleza de entender lo que nos ocurre y de aceptar la realidad; la determinación para efectuar todos los cambios que se precisan y el sacrificio de saber que esto va a ser doloroso.

Hay que ponerse -Gobierno y sociedad civil- a la tarea de sacar adelante España porque puede, y se lo merece, por sus habitantes. Y lo lograremos. Pero solo si los partidos políticos ponen a España por encima de todo y saben pactar los grandes temas de Estado. Resulta increíble para los ciudadanos que PP y PSOE, y desde luego con la deseada colaboración de los demás partidos no sean capaces de pactar en temas como la educación, la justicia, la calidad institucional, el sistema electoral, la unidad de mercado y la estructura administrativa del Estado. El ejemplo del tema de los desahucios es contundente: se ponen de acuerdo y buscan una solución. En definitiva, como dijo hace poco Albert Rivera, más que contables, necesitamos políticos.

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