MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los grupos de PSOE, Izquierda Plural y UPyD han criticado en el Congreso de los Diputados la aquiescencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con la actuación del Gobierno y han requerido saber su opinión sobre polémicas medidas como las nuevas tasas judiciales o la actitud de la izquierda abertzale frente a los atentados terroristas.
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011 por parte de Torres-Dulce, los representantes de PNV, CiU y el Grupo Mixto también se han mostrado preocupados por la lucha contra la corrupción y por las investigaciones que afectan a entidades financieras. "Están produciendo una verdadera alarma social", han dicho.
Precisamente, el fiscal general ha prometido durante su intervención "tolerancia cero" frente a la corrupción porque este fenómeno "envenena el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".
Tras su discurso, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, le ha acusado de comportarse más como "un fiscal de este Gobierno, que como un fiscal general del Estado y de los ciudadanos" y ha cuestionado que hable de "generosidad" en los presupuestos del Ministerio cuando todos los sectores están alzando la voz ante el "atropello que está sufriendo la Justicia con una asfixia de medios personales y materiales".
A su juicio, el Ministerio Público no puede "ocultar" el "grave y rápido" deterioro que atraviesa este servicio público. "No hay para pipas. No hay ni un euro para llevar a cabo el proceso de modernización", ha indicado, para requerir su opinión sobre el "tasazo" que merma el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
"Las garantías --de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal de 2007-- tienen que hacer que el fiscal general del Estado sea tal y no un fiscal general del Gobierno, como parece y se lo digo con todo el respeto y afecto que sabe que le tengo", ha señalado.
"Cada vez más está produciendo un desliz en la posición de ser una vez más, y créame que me gustaría decir lo contrario, un fiscal general más de este Gobierno que un fiscal general del Estado y de los ciudadanos aplicando esos principios y valores a los que se comprometió en el mes de enero. Esos principios y valores dedicados a la gente", ha recalcado Villarrubia.
En esta misma línea, se ha expresado el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, que percibe "una identidad política" del fiscal general con el Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón al coincidir "milimétricamente" con sus medidas. "Más que autonomía parece identidad", ha remachado.
A su entender, uno de los "grandes problemas" que sufre España es la "profunda crisis de legitimidad" de la democracia y la "crisis de la Justicia". "Los ciudadanos perciben que no hay Justicia, que hay una Justicia de dos velocidades, una para los débiles y otra para los fuertes", ha añadido.
INACTIVIDAD DEL GOBIERNO FRENTE A BILDU
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado la "inactividad" del Gobierno y de la Fiscalía ante muestras de la izquierda abertzale, como cuando dice sentirse "orgullosa" de su pasado. A su juicio, los dirigentes de la antigua Batasuna están cumpliendo la línea roja marcada por el Tribunal Constitucional y la propia Memoria de la Fiscalía General del Estado, por lo que ha preguntado "a qué espera para actuar".
"Usted dice en su Memoria que está convencido de que ETA no actúa porque ha conseguido sus objetivos antidemocráticos y criminales por otras vías", ha indicado la diputada de la formación magenta, para añadir que la nueva estrategia de ETA no guarda ninguna relación con un autoreproche de tipo "ético o moral" por los atentados cometidos a lo largo de su historia.
Tras advertir de que la banda terrorista no ha mostrado su intención de disolverse, sino que intenta "mantener de facto" la tutela del proceso, Rosa Díez ha preguntado al fiscal general: "¿Está justificada esta inactividad suya y del Gobierno?". Además, ha preguntado qué actuación acometerá su departamento sobre los 326 asesinatos sin resolver, por lo que se ha interesado el Rey Don Juan Carlos.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El diputado del PNV Emilio Olabarría se ha interesado especialmente por la "patología" que rodea los delitos de violencia de género, las infracciones contra la seguridad vial y los delitos contra la corrupción. "No sé si este fenómeno, que genera verdadera alarma social, se debe a las más de 700 causas abiertas o es que estamos ante una plaga de dimensiones pavorosas", ha advertido sobre los delitos de corrupción.
El parlamentario vasco también se ha referido a los "aberrantes" delitos que afectan a los menores de edad. Entre ellos, ha aludido al aumento que han experimentado las pandillas juveniles, que muestran un "escaso arrepentimiento" y que encargan a los niños que "aprieten el gatillo" por ser inimputables.
Ante esta circunstancia, Olabarría se ha mostrado partidario de modificar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, mientras que ha abogado por establecer un protocolo de actuación para abordar el acoso que sufren algunos adolescentes en los centros educativos.
Desde el Grupo Mixto, la parlamentaria Uxue Barcos ha querido saber el ritmo de las investigaciones que afectan a las entidades financieras o a la comercialización de participaciones preferentes, unos casos que están generando "cierta alarma" en la opinión pública. "Existe un divorcio entre el grueso de las instituciones con las necesidades y urgencias de la sociedad", ha agregado.
"Estamos en tiempos de contestación social", ha comenzado la diputada de CiU Mercé Pigem, para pedir a Torres-Dulce que valore el malestar que han suscitado entre jueces y fiscales medidas como la nueva ley de tasas judiciales. Asimismo, ha subrayado la "necesaria" protección que merecen los colectivos desprotegidos ante ejecuciones hipotecarias.
Finalmente, el portavoz del PP en el área de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha elogiado la "encomiable" labor que llevan a cabo los miembros de la Carrera Fiscal en la investigación de delincuencia urbanística o siniestralidad laboral.
El diputado 'popular' ha apostado por la especialización y por profundizar en la unificación de criterios en materias "tan sensibles" como la violencia de género. Además, ha confiado en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de solución al "problema" de la pubilicidad del sumario y la difusión de las investigaciones.
