MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados ha modificado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces en prácticas realicen obligatoriamente funciones de sustitución y refuerzo pero lo hagan, "preferentemente", en órganos de similares características a los que puedan luego ser destinados.
La enmienda transaccional pactada entre PP, PSOE e Izquierda Plural busca evitar que los jueces en prácticas celebren juicios en la última etapa de su formación en destinos "inapropiados".
La iniciativa ha salido adelante con 26 votos a favor y 14 abstenciones, entre ellas las de los socialistas que consideraban insuficiente la iniciativa al entender que se debía directamente suprimir el periodo obligatorio de las sustituciones para quienes no han acabado aún su proceso formativo.
"El Consejo General del Poder Judicial y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia velarán porque el desempeño de tales labores tenga lugar, preferentemente, en órganos judiciales de similares características a los que los jueces en prácticas puedan ser luego destinados", reza el texto por el que se modifica el artículo 307 de la LOPJ.
La propuesta ha sido introducida en el proyecto de Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta norma deja en "excepcional" la figura del juez sustituto y, al mismo tiempo, introduce una fase obligatoria para que los alumnos de la Escuela Judicial desempeñen funciones de sustitución y refuerzo.
La Comisión también ha rechazado una enmienda transaccional planteada entre el Grupo Vasco, CiU, Izquierda Plural, el Grupo Mixto y el PSOE favorable a la creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico, la asunción de competencias por parte de las comunidades de medios personales y materiales, y la atribución de nuevas funciones a los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a los correspondientes Estatutos.
El PP ha incluido una enmienda que modifica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para permitir que el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional pueda conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero que correspondan resolver a la jurisdicción española de acuerdo a la legislación vigente y los tratados internacionales.
OTRA TRAMITACIÓN DE URGENCIA
El proyecto de ley, que se tramita con carácter de urgencia, será debatido en el Pleno del Congreso, tras haber superado este lunes su primer examen parlamentario. Esta prisa ha sido criticada por UPyD y el PNV, que ha atribuido la "precipitada y sumaria" tramitación del texto a la inclusión de una disposición por la que el Gobierno "se ahorra" la paga extra de Navidad de los secretarios judiciales.
"Espero que estemos a tiempo de corregir esta atrofia parlamentaria", ha indicado el diputado peneuvista Emilio Olabarria, que ha coincidido con el parlamentario de la formación magenta Toni Cantó en mostrar su "preocupación" por la ausencia de debate de una ley de semejante importancia.
La reciente ley de tasas judiciales también fue sometida a una tramitación urgente al incluir la supresión de la paga de Navidad para jueces y fiscales, lo que provocó el plante de la oposición en el momento de su votación.
AUSENCIA DE NORMAS QUE FIJEN LA CARGA DE TRABAJO DEL JUEZ
Los grupos han llamado la atención de que la ley de eficiencia en la Administración de Justicia vincula las sustituciones a la carga de trabajo que soporta cada juez. Sin embargo, han advertido de que, a día de hoy, no existe ninguna norma legal ni reglamentaria que fije la carga que es asumible a cada magistrado.
A este respecto, el diputado del PP Ignacio Astarloa ha admitido la necesidad de "perfeccionar" estos criterios, al tiempo que ha enmarcado esta ley en la "senda transformadora y modernizadora" que quiere impulsar el Gobierno en materia de Justicia.
"Una cuarta parte de los jueces son interinos. Ha llegado la hora de superarlo", ha destacado Astarloa, para reconocer el "gran servicio" que han desempeñado los jueces sustitutos y magistrados suplentes durante todos estos años y abogar por "potenciar la Justicia profesional".
PNV y CiU han hecho especial hincapié en la necesidad de crear Consejos autonómicos de Justicia, mientras que han criticado la intención del Gobierno de "borrar de un plumazo" la figura de los sustitutos. En este sentido, el diputado vasco ha agradecido especialmente su actuación en demarcaciones "azotadas por la violencia terrorista".
En este contexto, se ha expresado el diputado del PSOE Pedro Muñoz al tachar de "despropósito" que la Administración se "desprenda" de estos profesionales y ha advertido de que la norma cuestiona el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que recoge el artículo 14 de la Constitución.
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha advertido de que cerca de 1.000 interinos sufrirán "descarnadamente" los recortes de la denominada ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.
El diputado del PNV Emilio Olabarría también ha alabado la experiencia de este colectivo, a cuyos miembros se aplica el rígido régimen de incompatibilidades de los jueces titulares, pero a quienes sólo se les retribuyen --y cotizan-- por los días en los que ejercen funciones jurisdiccionales.
UN MÁXIMO DE 12 DÍAS DE PERMISO
El proyecto de Ley de medidas de eficiencias presupuestaria en la Administración de Justicia, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), deja en un máximo de 12 días los 18 días de permiso de los que disfrutan actualmente los magistrados.
Con la nueva ley, los permisos por asuntos propios se verán reducidos a tres días al año frente al vigente sistema que contempla un total de seis permisos de tres días cada uno. Se suprime la necesidad de justificar su causa ante el correspondiente superior.
Además de tres días de asuntos propios, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos o vistas.
