REPENSAR EL ESTADO
La crisis económica e institucional en que vivimos nos tiene desorientados y deprimidos. Los españoles hemos perdido de repente la alegría, el optimismo y la confianza en nuestro sistema de vida colectiva y nos arrastramos sin esperanza de lograr un futuro mejor. Pero las desgracias no vienen solas y a la crisis económica hay que añadir otra más profunda y de más difícil solución. España vive en los últimos años una profunda crisis política que afecta a nuestras instituciones de autogobierno. Los ciudadanos desconfían de los políticos, de sus gobiernos y administraciones, del poder judicial. Y se cuestiona lo que hasta hace poco parecía un modelo de éxito, el Estado de las autonomías resultante de la transición y consagrado en la Constitución de 1978.
Tras más de treinta años de funcionamiento ahora llueven las críticas sobre el Estado de las autonomías. La distribución de competencias es compleja, los conflictos competenciales son continuos y el Constitucional los resuelve con una lentitud exasperante que resta todo valor a sus resoluciones. Los mecanismos de colaboración entre autonomías y de estas con el Estado son insuficientes. El Senado sigue sin justificar su existencia y no permite articular la necesaria participación de las autonomías en las decisiones estatales que les que afectan de modo directo. Las comunidades autónomas han creado unas estructuras de autogobierno no siempre justificadas. Se legisla en exceso, mal, con abuso de los decretos leyes, complicando la vida al operador jurídico que reclama seguridad y predictibilidad. Tenemos un régimen local disfuncional que se resiste a ser reformado. Se constata la existencia de duplicidades normativas y organizativas. El sistema de financiación autonómico se reforma cada cinco años sin lograr una mínima estabilidad ni fijar unos principios básicos claros y de común aceptación.
Las reformas impulsadas por la reforma del Estatut de Autonomía de Catalunya a partir del año 2006 no lograron solventar los problemas señalados y acabaron por añadir más confusión al sistema.
Así las cosas no es de extrañar que cada vez sea más numeroso el número de ciudadanos y políticos que creen que hay que abordar sin miedos la reforma del Título VIII de la Constitución, pero al plantear el cómo abordar la reforma las posturas son muy dispares. Dejando al margen los que defienden el inmovilismo, otros plantean un proceso de recentralización que pueda incluir incluso la redefinición del mapa autonómico, otros defienden el desarrollo del modelo actual en clave federalista ampliando el autogobierno de las autonomías, otros añaden a lo anterior la referencia a un federalismo asimétrico, y otros proponen el fin de trayecto y la separación del conjunto.
¿Qué hacer teniendo en cuenta que nos movemos en un escenario de penuria económica, crisis institucional y pluralidad de propuestas contradictorias? Lo complejo del marco en que nos movemos no debería llevar al inmovilismo. Todo lo contrario. Parece llegado el momento de repensar el Estado autonómico desde el rigor, el conocimiento y la valoración de lo ya vivido. Reconociendo las muchas dificultades para acometer esta tarea nada impide desde una visión de Estado recuperar la voluntad de construir un nuevo pacto constitucional.
Para ello es necesario reconocer los errores, hablar con rigor y formular propuestas jurídicamente sólidas. En este sentido recomiendo la lectura de un libro singular cuyo título –sin duda provocativo– recupera la tradición de los informes de los ilustrados. Su autor ofrece al conjunto de ciudadanos sus reflexiones y propuestas sobre los problemas a los que nos hemos referido. Se trata del Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, de Santiago Muñoz Machado, destacado catedrático de derecho administrativo y autor de numerosas obras que han ayudado a interpretar nuestro Estado autonómico. Contamos así con un análisis profundo de la realidad actual y con propuestas para reformar nuestro sistema institucional. No se elude la opinión sobre temas específicamente controvertidos que afectan directamente a Catalunya, como la articulación de un pacto fiscal o la convocatoria de un referéndum sobre la independencia, opciones que, se afirma en el libro, carecen de encaje en el marco constitucional actual. Todo está mal, pero nada está perdido de modo definitivo. Tomemos el citado Informe como ejemplo que seguir en la medida en que nos invita a recuperar la razón y el debate sosegado para reconstruir sobre bases políticamente razonables y jurídicamente sólidas un nuevo marco constitucional sobre el que relanzar nuestra vida colectiva. Es hora de repensar el Estado, no de destruirlo.
