MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha revocado el auto de la Audiencia Nacional por el que se archivaba el proceso por los asesinatos atribuidos a dos etarras que huyeron a Venezuela y ha defendido que la petición de extradición interrumpe el plazo legal de prescripción.
La Sala de lo Penal ha estimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el auto dictado en marzo por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que declaraba el sobreseimiento del proceso por prescripción de los delitos de asesinato terrorista y tenencia ilícita de armas imputados a los etarras Eugenio Barrutiabengoa y Jesús Ricardo Urteaga.
Eugenio Barrutiabengoa, alias 'Arbe', está acusado de la comisión de casi una decena de asesinatos cometidos a finales de los 70 y principios de los 80, por los que se ha reclamado sin éxito su entrega a las auridades venezolanas.
A Jesús Ricardo Urteaga se le imputan varios asesinatos, entre ellos se solicitó su extradición por la muerte del miembro de la UCD Jaime Arrese Arizmendiarreta cometido en Elgoibar (Guipúzcoa) el 23 de octubre de 1980.
CARÁCTER "SUSTANCIAL" DE LA PETICIÓN DE EXTRADICIÓN
El Tribunal Supremo ordena ahora retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la emisión del auto de la Audiencia Nacional para que este órgano dicte una nueva resolución en la que tenga en cuenta su criterio sobre el carácter "sustancial" y no "inocuo" de la petición de extradición a la hora de interrumpir la prescripción.
La Audiencia Nacional confirmó el auto de conclusión del sumario del Juzgado Central de Instrucción número 1 al entender que había transcurrido el plazo legal de 20 años desde la fecha en las que se declaró su rebeldía, por lo que se había extinguido su responsabilidad criminal.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una sentencia con ponencia del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, acoge el criterio de los recurrentes al rechazar que las solicitudes de extradición sean "inhábiles" para interrumpir el cómputo y defiende que el procedimiento se dirigió de manera efectiva contra los dos etarras en 1996.
La AVT presentó entonces una querella en la que llegaba a indicar la residencia de Barrutiabengoa en Caracas y, por lo tanto, el interrumpía la prescripción de los delitos. El Gobierno ha interesado sin éxito la entrega de los procesados por parte de las autoridades venezolanas.
En el caso de Barrutiabengoa, el Tribunal Supremo del país sudamericano alegó la falta de aprehensión del reclamado, mientras que no dio curso a la extradición de Urteaga por razones políticas o de gobierno. El Supremo indica que la solicitud de éste "ha tropezado con la continua oposición" de las autoridades venezolanas.
HISTORIAL DE LOS ETARRAS
José Ricardo Urteaga Repullés, alias 'Txetxu' fue detenido en Francia en marzo de 1984 y al salir de la cárcel fue expulsado por el Gobierno galo a Caracas. España acordó el día 21 de junio de 1996 solicitar a Venezuela su extradición, acusado de haber participado en el asesinato del dirigente de la UCD, Jaime Arrese Arizmendiarrieta.
Por su parte, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias 'Arbe', perteneció a los Comandos Autónomas Anticapitalistas de ETA y fue expulsado por Francia a la capital venezolana el 2 de junio de 1984. La Audiencia Nacional pidió su inmediata detención en mayo de 1996 como paso previo a la extradición y el arresto se produjo aunque fue puesto en libertad a las pocas horas.
El entonces ministro venezolano de Justicia, Henrique Meyer, afirmó que "el Gobierno de Venezuela no puede aceptar que le transfieran problemas domésticos españoles". "Haremos las gestiones para que no se repitan intromisiones como éstas en nuestros asuntos internos", llegó a decir.
Se le imputa el asesinato del fotógrafo Germán González López, el 27 de octubre de 1979, en Zumaya; el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto, el 21 de noviembre de 1980, en el monte Izascun de Tolosa; y los asesinatos de Justino Quindós López, Elio López Camarón y Julio Muñoz Grau, el 28 de junio de 1980, en Azcoitia.
También está implicado en el asesinato de Ignacio Lasa Errozola, el 6 de diciembre de 1980, en Azpeitia; y asesinato el 23 de octubre de 1980 del delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel García Cordero.
