PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS)
El juez instructor del caso Over Marketing, José Castro, ha alegado, en el auto por el que ha acordado la imputación del presidente del Parlament, Pere Rotger, que los hechos presuntamente delictivos por los que fue interrogado este jueves el alcalde de Inca, Rafael Torres, le llevaron a "abrigar dudas" sobre la culpabilidad del primer edil mientras que, por el contrario, conducían a la necesidad de citar a Rotger como encausado.
Así lo pone de manifiesto el magistrado en su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que asevera que en el curso de la declaración de Torres "este instructor fue abrigando dudas sobre la naturaleza delictiva de los hechos que en su día protagonizó" el alcalde y que "son incompatibles con el mantenimiento por más tiempo de su imputación", mientras que "a 'sensu contrario' conducen" a acordar el encausamiento de Rotger.
Así las cosas, la cita del presidente de la Cámara autonómica con el juez tendrá lugar en un día clave dentro de la instrucción de la causa, el próximo domingo 18, jornada en la que también han sido emplazados a declarar como imputados el expresidente del Govern y Jaume Matas, así como su cuñado y extesorero del PP balear Fernando Areal. Un día antes, el sábado, está citado el exconseller de Interior y exdelegado del Gobierno en las islas José María Rodríguez.
Todo ello en el marco de una causa que constituye la ramificación balear de la trama Gürtel y que investiga una supuesta financiación ilegal del PP así como el amaño de expedientes de contratación en favor de la empresa Over, cuyo administrador, Daniel Mercado, quien se ha prestado a colaborar con las investigaciones al confesar el trato de favor del que gozó su empresa, de forma presuntamente ilegal, a lo largo del último mandato de Matas (2003-2007).
Las investigaciones apuntan a que los entonces máximos dirigentes del PP, con Matas a la cabeza, estaban al tanto de las supuestas irregularidades. En el caso de Rotger, su nombre ha salido a la luz no sólo en diversos informes del sumario de la causa sino también de boca de varios de los imputados que han prestado declaración ante el momento, entre ellos de Torres.
El alcalde de Inca apuntó en su declaración que fue su antecesor en el cargo quien encargó a la empresa Over la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA). Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto "estaba enfermo" y, además, vio que el proyecto "estaba bien hecho".
El primer edil manifestó, sin embargo, desconocer otros pormenores como el hecho de que fuesen invitadas al negociado otras dos empresas, una de ellas, según los investigadores, vinculada al Grupo Over y la otra, Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.
LA CONTRATACIÓN ENCARGADA POR ROTGER "ADOLECÍA DE TODO RIGOR"
En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.
Es más, el informe hace constar que "sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over". Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.
El Instituto Armado, ante la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, consideraba así la necesidad de que se tome declaración a Rotger, entre otros intervinientes en la contratación, para dirimir sus posibles responsabilidades y esclarecer el alcance de la adjudicación.
