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CGPJ

El CGPJ se desvincula del informe de seis jueces que propone una reforma radical del sistema de desahucios

25/10/2012
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El texto tilda el actual sistema de privilegiado para los bancos y propone que las ayudas que reciben se extiendan al ciudadano

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del CGPJ se ha desvinculado del contenido del informe coordinado por el vocal Manuel Almenarque que critica duramente el actual sistema de desahucios por impago y propone diversas medidas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos.

En una nota informativa remitida este miércoles se señala que el Consejo no asume el contenido de esta propuesta, que responde a un encargo realizado a seis magistrados sobre la agilización de los procedimientos civiles. Añade incluso que el anexo en el que se trata el tema de los desahucios "no ha sido formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración" del texto.

"En definitiva, el Pleno fue informado hoy de la existencia de este trabajo y acordó no debatir su contenido ni por ello asumirlo como propio del Consejo General del Poder Judicial", concluye oficialmente este órgano.

Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de desahucios, el citado anexo sugería la modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente.

El anexo se incluía a continuación del informe bajo el título "propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria".

Reconoce que el actual panorama económico, en el que se registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al inicio de la crisis, (un aumento del 20,6 por ciento en el último año) "evidencia una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales".

DEBATE JURÍDICO NECESARIO

Pese a advertir que parte de sus propuestas pueden ser consideradas por muchos como "descabelladas", los autores del informe añaden que "lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social".

El informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler. Según el CGPJ, no han consensuado el contenido del anexo sobre desahucios.

Este anexo, de 8 páginas, comienza hablando de la situación económica par concluir que el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera en 2008 ha abocado a una gravisima crisis que se ha traducido en la necesidad de recapitalización de los bancos, "que han restringido el crédito y sacado a la luz las miseris de determinados productos como las participaciones preferentes", y también en el sobreendeudamiento de los ciudadanos, que han visto mermada su capacidad de hacer frente a las cuotas.

Sus autores critican de las entidades que hayan actuado "con cierta ligereza" en la concesión de créditos y que cuenten con un procedimiento privilegiado para su cobro, que data de 1909 y que deriva en un proceso judicial "extremadamente agresivo" para el deudor.

MEDIDAS PROPUESTAS

Proponen la extensión al ciente sobreendeudado "de buena fe" de parte de las ayudas que la banca recibe del Estado con el fin de que se "repartan las cargas sociales derivadas de la crsiis económica" y califican de "meramente testimoniales" las reformas emprendidas hasta el momento, puesto que únicamente se aplican a deudores en el umbral de la exclusión.

Frente a ello, los autores sugieren que las medidas se centren en los supuestos en que la ejecución hipotecaria se refiera a la vivienda habitual o a los locales de negocio, al entender que han de ser objeto de especial protección.

Así, plantean que las ejecuciones hipotecarias se tramiten como cualquier otro crédito, para que el perjudicado pueda disponer de un "catálogo de motivos de oposición", la atribución de facultades al juez para acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de las cuotas en circunstancias excepcionales, la modificación del régimen de tasación de viviendas y el establecimiento de periodos de carencia en la amortización del capital.

Otras medidas necesarias, según estos jueces, pasarían por la regularización imperativa de la dación en pago, la potenciación de las subastas electrónicas por internet, la regularización de un procedimiento concursal específico para las personas físicas y la ampliación de supuestos en que el deudor puede continuar utuilizando la vivienda satisfaciendo un canon.

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