MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo ha sido informada este martes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de procesar a la magistrada por un delito continuado de prevaricación, que habría cometido en relación a diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA.
Cillán es conocida por instruir casos de relevancia mediática como la muerte del joven Álvaro Ussía o la investigación que se abrió por posible destrucción de restos recogidos en los focos de los atentados del 11-M.
El órgano de gobierno de los jueces ha pedido al TSJM que le vaya informando del "transcurso procesal de la causa" abierta a la magistrada madrileña, si bien recuerda que el Reglamento de la Carrera Judicial no prevé la posibilidad de suspender provisionalmente a los jueces "hasta tanto en las diligencias penales se dicte auto de apertura de juicio oral". Ese es el criterio que se ha adoptado en relación con otros magistrados procesados, como Baltasar Garzón.
La decisión del TSJM supone declarar formalmente imputada a Cillán, a quien además se ha una fianza de 17.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles que se depuren en el proceso.
En el auto dado a conocer este martes, el TSJM aprecia la existencia de elementos típicos del delito continuado de prevaricación. Por ejemplo, señala como conducta irregular que la juez implantara una administración judicial respecto a "unos locales en los que ni consta ni se denuncia la comisión de hechos delictivos, sino una controversia entre sus titulares".
Además, tacha de "escandaloso" que la juez nombrase a un administrador judicial "sin debate ni reflexión ninguna" y por una providencia le reconociera seis días más tarde una retribución mensual de 18.000 euros.
NOMBRO ADMINISTRADOR A SU NOVIO
Asimismo, recalca que la juez nombró para uno de los dos puestos de administrador a su propio novio, quien "pasó a ser administrador único con una retribución mensual de dos mil quinientos euros".
El pasado diciembre, la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó un expediente disciplinario a Coro Cillán por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA.
Además, se ordenó remitir al fiscal superior de Madrid, Eduardo Esteban, el acta levantada por la Inspección del Consejo tras una visita realizada a su juzgado. Esta denuncia fue el origen del procedimiento abierto ahora contra la juez Cillán.
