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Madrid suspenderá en enero los servicios de asesoría jurídica gratuita

18/10/2012
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Son abogados que atienden a unas 163.000 personas al año en las oficinas judiciales. El Consejero Victoria se reúne con el Decano para tratar de resolver el conflicto con el Turno de Oficio.

El País. 17.10.2012

La Comunidad de Madrid ha comunicado al Colegio de Abogados que a partir del próximo 31 de diciembre suspenderá los servicios de asesoría jurídica gratuita, dirigidos a los ciudadanos con menos recursos económicos, según ha hecho público el colegio en un comunicado. Se trata de unas oficinas judiciales instaladas en varios municipios de la región y en todos los distritos y atendidas por letrados.

Según ha explicado el colegio, algunos de estos servicios venían funcionando de manera ininterrumpida desde hace más de 25 años en las sedes judiciales. Su objetivo es garantizar el derecho a la defensa a lo ciudadanos y realizar un apoyo constante a los órganos judiciales. "Durante 2011 más de 163.000 madrileños acudieron para solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad", explican los letrados en el comunicado.

Los abogados amenazan con renunciar al turno de oficio de octubre y noviembre (30 JUL 2012)Según los afectados, la ruptura unilateral por la Comunidad de Madrid del convenio supone "una dejación flagrante de las obligaciones legales" asumidas por Madrid en la transferencia de competencias -el artículo 7 del Estatuto de Autonomía contempla la necesidad de "acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a estos como son la orientación jurídica de carácter gratuito"-. Su fin supone un mazazo más a la atención jurídica gratuita en la región, tras anunciar Esperanza Aguirre en el debate del estado de la región su deseo de devolver las competencias del turno de oficio.

Para los abogados, la situación "se agrava aún más" por el hecho de que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año. Con esta decisión, añade el comunicado, Madrid se sitúa en una posición "especialmente regresiva" en materia de justicia, pese a ser una región en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida. "Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados", destaca el comunicado.

Esta noticia se ha conocido el día en el que el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, se ha reunido por primera vez con el decano del Colegio, Antonio Hernández-Gil, para tratar de resolver el conflicto que mantiene la Comunidad con el Turno de Oficio, que aglutina a más de 4.000 letrados en la región. Desde principios de octubre, los abogados que ejercen las guardias secundan una campaña de renuncia masiva promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTO). Con la protesta, denuncian supuestos impagos de sus honorarios de 2012 y la previsión de bajada de un 20% de sus tarifas. Según datos actualizados por el colegio en su página web, un total de 784 abogados han renunciado a 901 guardias de las 4.082 turnadas.

Tras la reunión, el consejero de Justicia, anunció la constitución de un grupo de trabajo bilaleral "en el que se revisará la situación de la justicia gratuita y se estudiarán alternativas para garantizar el buen funcionamiento de la misma". Se pretenden revisar y simplificar los conceptos que se abonan a los colegiados. También se agilizarán los procesos para la concesión o denegación de la justicia gratuita. De esta forma se pretende evitar que los abogados salgan perjudicados en caso de que no se acceda a un letrado de oficio.

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