OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)
El ex consejero y su abogado, Sergio Herrero, acudieron este martes al juzgado de instrucción número 2 de Oviedo a la cita judicial, después de que ayer lo hiciese la que fue su número dos en la Consejería, también imputada en el proceso, María Jesús Otero.
Tanto Riopedre como su abogado evitaron realizar declaraciones a los medios, antes y después de la comparecencia. Sí lo hizo uno de los abogados de la acusación popular, Esteba Aparicio, representante de AVALL, asociación personada en el caso, quien confirmó la negativa de Riopedre a declarar ante ninguna de las preguntas.
Según el letrado, Riopedre asistió a la lectura de su propia declaración judicial anterior y de los informes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre las conclusiones que hacían en relación con Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA), e informes de la Policía. En los mismos aparecerían obras firmadas por el ex consejero, en las que o bien no se habría suministrado el material, o o se trataría de calidad inferior, o no se habrían ejecutado de ninguna manera, o habría una doble computación.
De forma provisional, y hasta que se elabore el auto correspondiente, al consejero se le imputarían varios delitos, entre los que destacan cohecho, falsedad de documento público, falsedad de documento mercantil, estafa y algún delito societario conexo.
PROCESO "LENTO"
El abogado Esteban Aparicio reconoce que el proceso va "lento", y que la acusación ante estas negativas a declarar (en la jornada de ayer, María Jesús Otero también se negó a responder a las preguntas del juez y de la acusación, aunque sí lo hizo a las de su representante) tiene que "suplir las novedades que han ido apareciendo con nuevas diligencias complementarias". "Los medios son los que hay, no hay tantos para agilizarlo más", ha lamentado.
La comparecencia de Riopedre se prolongó aproximadamente durante una hora, hasta las 10.30 de la mañana, momento en que abandonó el edificio de los juzgados por una salida de emergencia, acompañado por su abogado.
Tras él, fue interrogado el ex jefe del Servicio de Patrimonio, Luciano González, también imputado, quien reconoció su voz en una serie de grabaciones de conversaciones que mantuvo con los responsables de las empresas APSA e Igrafo. González sí ha respondido a las preguntas del juez y de su representante, pero no así a las de la acusación.
