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Tasas judiciales

La oposición carga contra por la "privatización" de la Justicia con unas tasas que "expulsan" a la clase media

10/10/2012
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Los grupos de la oposición del Congreso de los Diputados se han declarado en contra de la subida de tasas judiciales impulsada por el Ministerio de Justicia al entender que supone la "privatización" de este servicio público a través de unas cuantías que perjudican a las clases medias.

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, ha respondido a las críticas el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, durante la presentación del proyecto de presupuestos del departamento para 2013. Según ha dicho, el sistema de tasas supone "una actualización" del modelo vigente y no afecta "en modo alguno" al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución.

En este sentido, Román ha recordado que las personas con medios económicos insuficientes para poder defender sus intereses ante los tribunales tienen derecho a acudir a la Justicia Gratuita, cuyo presupuesto mantiene el Ministerio.

Desde el principal partido de la oposición, el diputado del PSOE Álex Saéz ha advertido de que las previsiones de este proyecto de presupuestos "igual están caducadas" en virtud de cuál sea el crecimiento del país para el próximo año.

En todo caso, ha criticado que el Gobierno "nos está llevando a un proceso de privatización de la Justicia" condenando al ciudadano a pagar este servicio a través de impuestos y tasas.

El socialista ha admitido que no puede compartir la implantación de una Justicia de "dos velocidades" y tampoco la premisa de que las tasas son necesarias para acabar con el colapso de los tribunales.

En esta línea, se ha pronunciado el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares al criticar la "privatización" de este servicio con la imposición de unas medidas "injustas" bajo el argumento de la "sobreutilización" de los tribunales.

"Las clases medias son expulsadas del servicio público de la Justicia", ha dicho Llamazares, para pedir que las resoluciones extrajudiciales sean "complementarias y no sustitutorias".

Llamazares ha iniciado su intervención recogiendo la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y alertando de que "los sucesivos recortes y ajustes" hacen que España se parezca "cada vez más a Grecia en previsiones y malestar social".

Desde CiU, la diputada Mercé Pigem entiende que los ciudadanos que utilizan el servicio de la Justicia sufraguen parte de los costes, pero ha aseverado que la elevada cuantía que se pasa a imponer no busca que "sufraguen un poco" del gasto, sino que tiene un "efecto disuasorio".

AHORRO EN COCHES OFICIALES Y ALQUILERES

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín ha enfatizado que los preupuestos son "responsables, realistas y coherentes", al tiempo que ha negado que supongan un "atropello" a los derechos de los ciudadanos.

Además, ha puesto de relieve datos como el ahorro de 1,16 millones de euros en coches oficiales, lo que supone una reducción del 22,8 por ciento, o el ahorro de 1 millón de euros en alquileres, lo que baja un 5,54 por ciento. Mientras tanto, crece en un 5,2 por ciento la partida destinada a la asistencia psicológica de las víctimas para alcanzar más de 590.000 euros.

El diputado 'popular' se ha interesado por el descontento de los miembros de las Carrera Judicial y Fiscal y por el voto del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, que cuestionaba la carga de trabajo de la mitad de los juzgados al referirse a la reforma del estatuto profesional de los jueces.

MALESTAR DE JUECES Y FISCALES

Román ha reconocido que este descontento constituye una "preocupación" porque los integrantes del colectivo son servidores públicos que ejercen una función jurisdiccional "tremendamente necesaria". Ha entendido que defiendan unas condiciones laborales dignas y ha subrayado que constituyen un pilar fundamental del Estado.

Ha afirmado que el voto de Gómez Benítez refleja la "preocupante" situación de "desigualdad" entre unos juzgados sobresaturados y otros que no lo están, lo cual requiere una "reforma organizativa". "No es un dato que merezca el reproche directo contra los jueces", ha añadido.

De todos modos, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio no ha fijado todavía su posición sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Están empezando las negociaciones para buscar el máximo consenso. Las críticas que se pudieran hacer se hacen en el vacío porque no se ha presentado un proyecto de Gobierno", ha concluido.

Tras su intervención, ha comparecido el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, que ha puesto de relieve las más de 25 millones de notificaciones electrónicas emitidas y ha dado cuenta de la colaboración de su departamento con comunidades autónomas, el órgano de gobierno de los jueces o países que pueden ayudar a financiar los proyectos tecnológicos.

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