PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de cárcel para Moisés -quien previsiblemente alcanzará un acuerdo de conformidad con las acusaciones- por considerarle inductor y cooperador necesario de un delito de malversación y de otro de prevaricación administrativa, además de autor de un delito de falsedad en documento mercantil, a raíz de beneficiarse de la concesión de un contrato menor de 12.000 euros públicos por un estudio del que no existe constancia.
En el caso de King, quien en su día reconoció su participación en estos hechos, se enfrenta a una petición de un año y medio de prisión. Y es que la acusada, asistida por el abogado Laureano Arquero, además de admitir su responsabilidad consignó la cantidad de 16.000 euros para reparar el perjuicio ocasionado, por lo que la acusación pública pide que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño y de confesión.
Tal y como relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, después de que Moisés reclamase de forma continua que el Govern le incrementase el sueldo que ganaba como gerente del Palma Arena por considerarlo insuficiente -2.400 euros mensuales netos-, King, que ocupaba el cargo de secretaria general técnica de la Conselleria de Relaciones Institucionales, llevó a cabo las gestiones necesarias para favorecer a Moisés en este sentido.
Todo ello con el objetivo de que, de forma "arbitraria", se crease un expediente de contratación que le permitiera cobrar por un servicio "innecesario e inútil para la Administración" y que "no entrañaba trabajo alguno" para el exgerente, defendido por Gaspar Oliver.
De esta forma, King, tal y como ya confesó, ejecutó los trámites e informes necesarios para posibilitar la contratación "fraudulenta" de Moisés por la aparente realización de un estudio sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas de las islas, expediente por el que el acusado cobró 12.000 euros públicos sin que justificase por ello la realización de trabajo alguno.
La Fiscalía resalta el hecho de que, para la contratación de Moisés, no existía acuerdo o resolución que justificase el servicio como tampoco se acreditaba la formación o preparación del beneficiario para ello. Es más, apunta a la incompatibilidad del director gerente de un consorcio público -como lo era él ante el órgano creado para la construcción del Palma Arena- para ser a su vez contratista de la Administración.
En concreto, se trata de la segunda pieza del caso Palma Arena que va a juicio, después de que el pasado mes de enero fuese enjuiciado otro de los 26 flecos en los que se divide esta compleja causa, en aquella ocasión por la contratación irregular, con fondos del Govern, del periodista Antonio Alemany, quien era el encargado de redactar los discursos de Matas.
