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Cataluña: tiempo de desdichas; por Francisco Sosa Wagner catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado de UPyD y Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo

17/09/2012
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El día 17 de septiembre de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes en el cual los autores afirman que hoy, en una España en bancarrota y en llamas, con cinco millones de parados y graves problemas de credibilidad ante nuestros socios europeos, encontrarnos de nuevo con la reivindicación nacionalista catalana en su más exacerbada versión produce al espectador cierto enojo y un denso hastío.

CATALUÑA: TIEMPO DE DESDICHAS

En octubre de 1934 al presidente de la Generalidad no se le ocurrió mejor idea que proclamar la independencia de Cataluña como airada protesta contra la formación de un gobierno que consideraba “fascista” pese a haber salido de las urnas. Madrid respondió enviando a Barcelona al general Batet, encarcelando al Gobierno de la Generalidad y suspendiendo el Estatuto de Autonomía. Aunque la situación actual no es la misma, no está de más recordar los métodos contundentes que gastaba una República que ciertas fuerzas progresistas, aunando candidez e ignorancia, invocan como un paraíso. El régimen monárquico constitucional actual observa modales más refinados.

Hoy, en una España en bancarrota y en llamas, con cinco millones de parados y graves problemas de credibilidad ante nuestros socios europeos, encontrarnos de nuevo con la reivindicación nacionalista catalana en su más exacerbada versión produce al espectador cierto enojo y un denso hastío. Porque constatar el empeño de algunos partidos catalanes de estar dándole indefinidamente al manubrio del bodrio arruina a cualquiera la templanza, la prudencia y probablemente el resto de las virtudes cardinales.

La novedad, en estos días, es la celebración de una manifestación reivindicando la independencia de Cataluña, apoyada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. No nos parece que tomar al pie de la letra esta celebración popular, crisol donde se mezclan y funden los materiales más heterogéneos, sea muy propio de democracias maduras pues en ellas conviven otros artilugios más sutiles y seguros, si de conocer la voluntad popular se trata. Dar demasiada importancia a las manifestaciones y recontar hasta la extenuación sus participantes es lo propio de la democracia “por aclamación” que patrocinaba Carl Schmitt quien acusaba al voto secreto de no ser enteramente democrático “porque transforma a los ciudadanos en sujetos aislados”. Y añadía: “un grito del pueblo es suficiente para expresar un viva o un abajo, para saber si aprueba o rechaza una propuesta... el pueblo como magnitud no organizada oficialmente sólo en ciertos momentos y sólo por el camino de la aclamación es susceptible de actuar”. Recordemos a algún desmemoriado que Carl Schmitt fue el jurista del régimen nazi, el único catedrático alemán de derecho público a quien no se repuso en su cátedra tras la guerra.

Pero como las fuerzas políticas están otorgando una gran importancia a lo sucedido en las calles de Barcelona, procede que, con un poco de sosiego y manejando los palillos de la argumentación jurídica, precisemos qué se puede hacer en la actual situación. Porque ya Montaigne anotó que “el Estado alberga en su seno todo tipo de accidentes y venturas y, entre ellas, el orden y el desorden, la desdicha y la dicha” y, como estamos -en efecto- en tiempo de desdichas, se impone idear ofertas para afrontarlas.

Una de ellas es convocar un referéndum, idea ante la que se disparan los interrogantes: ¿en España o sólo en el territorio catalán? Y sobre todo: ¿es deseable reducir a una pregunta simple, propia de este tipo de consultas, un asunto como éste, que supone resueltamente una quiebra rotunda de nuestro sistema constitucional? No lo parece si se tiene en cuenta además que el referéndum es, de entre los instrumentos de que disponen las democracias, el menos afinado. Probablemente por ello es también el procedimiento preferido por los dictadores.

Si, por estas razones, descartamos esta solución rudimentaria, el camino adecuado sería, a nuestro entender, el de las elecciones convocadas por el Gobierno de Cataluña. A ellas concurrirían los partidos políticos con un pronunciamiento inequívoco acerca de su postura ante la independencia de Cataluña y su conversión en un nuevo Estado. Este aspecto es muy importante y por ello no deben admitirse ni trampas ni subterfugios ni juegos de palabras, ni figura de dicción alguna... Oferta clara: sí o no a un nuevo Estado distinto del Reino de España.

El electorado habrá de participar en las elecciones de forma rotunda en cuanto a su número y a la claridad de su mensaje. A partir de ahí, podemos tener dos resultados. El primero sería que el electorado rechazara la constitución de un nuevo Estado, lo cual significaría un respaldo al sistema constitucional de 1978. El segundo consistiría en la opción por la independencia, adoptada -insistimos- por una holgada mayoría (nada de la broma del referéndum de 2006 sobre el Estatuto).

¿Cuál debería ser entonces la respuesta desde las instituciones políticas de España? A nuestro juicio, proceder a la reforma constitucional prevista en el artículo 168 que exige una primera aprobación de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes para la constitución de unas nuevas que procederían al estudio de un texto constitucional. A su vez, éste deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de cada Cámara y, a continuación, se someterían todos estos trabajos meticulosos y ya democráticamente respaldados, a la ratificación de un referéndum entre todos los españoles, incluidos los residentes en Cataluña.

Este camino asegura la participación de todos los ciudadanos españoles en una delicadísima cuestión, supuesta la evidencia de que las partes no pueden por sí solas decidir acerca de la forma de su integración en el todo. Si el resultado de este iter es contrario a la independencia de Cataluña, las fuerzas políticas de esta Comunidad tendrán que aceptar este veredicto y dedicarse a solucionar, ya sin excusa alguna, los problemas de los catalanes, nada livianos, por cierto.

Si, por el contrario, el resultado fuera favorable a la independencia de ese territorio, entonces procederá, a través de las leyes, abordar, en primer lugar, los mecanismos de protección de las minorías. Téngase en cuenta que los estados europeos existentes, con su riqueza cultural y su diversidad, resultan más respetuosos con el pluralismo interno que lo sería un Estado pequeño salido de sus panzas porque éstos, precisamente para empinarse como estados, se verían obligados a construir unas “señas de identidad”, sobre todo de índole lingüística y cultural, impulsadas por las élites políticas, que el Estado grande puede permitirse el lujo de orillar. El segundo asunto a resolver sería el finiquito, que es el “remate de las cuentas, o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas” (DRAE). Ahí aparecerían infraestructuras, aranceles proteccionistas, traslado de instituciones españolas y otros renglones del más subido interés.

Y quedaría para el flamante Estado una aventura excitante: la de solicitar su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea así como resolver el problema de la moneda a adoptar pues para ingresar en la zona euro se exigen unos requisitos de contención del déficit público y de la deuda que no cumple la actual Cataluña.

Pero, en fin, estas son las emociones a vivir por quienes insisten en la actitud de los persas que Montaigne nos describe: “La naturaleza nos echó a este suelo libres y desatados y nosotros nos aprisionamos en determinados recintos como los reyes de Persia que se imponían la obligación de no beber otra agua que la del río Choaspes renunciando por torpeza a su derecho a servirse de todas las demás aguas”. O, dicho de otro modo, renunciando a disfrutar de la alta claridad de la solidaridad.

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