VALENCIA, 03 (EUROPA PRESS)
Según ha confirmado su abogado, Gabriel Garcías, a Europa Press, el juez ha adoptado la decisión de levantar la imputación que recaía sobre Villalonga a través de un auto, notificado este lunes. No obstante, en la resolución, se especifica que, por razones de prudencia, el sobreseimiento adoptado es provisional y no libre como había pedido el letrado.
En el auto se explica que el magistrado acordó su declaración como imputada por su intervención como subsecretaria en el pago hecho por la Generalitat en 2006 al Instituto Nóos de determinadas facturas referidas a los denominados Juegos Europeos por importe de 382.203,70 euros, entre ellas, una por la subcontratación a la empresa Lobby Comunicación por 241.971 euros, sobre cuyos efectivos servicios existen "serias dudas en tanto los documentos que dicen contenerlos han desaparecido de los archivos de la Generalitat".
Sin embargo, el juez considera que tras la declaración de Villalonga "no ha quedado suficientemente acreditado que en la desaparición del dossier" sobre esos supuestos servicios, la exsubsecretaria haya tenido una participación maliciosa ni en la autorización del pago de las facturas, en especial "si se tiene en cuenta que su valiente negativa" al pago a Nóos de otras muchas facturas por importe de unos dos millones de euros en las que advirtió "serias irregularidades" fue "decisiva" para evitar que se consumara su supuestamente fraudulento cobro.
EXPEDIENTE "INTACHABLE"
En su declaración ante el juez el pasado 12 de julio, la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, insistió en que las facturas que autorizó al Instituto Nóos por un convenio con el Consell estaban "fiscalizadas", y en que el expediente era "intachable" y "correcto".
Villalonga defendió en su comparecencia que las facturas que autorizó al Instituto Nóos por valor de 382.000 euros, en relación a la elaboración de un escrito para que Valencia fuera sede de los Juegos Europeos, eran "correctas" y el expediente de este organismo "intachable" y sostuvo que ella descartó autorizar el pago de dos millones de euros al instituto, tal y como le solicitó éste, puesto que en esas facturas sí que vio algo fuera de lo habitual. De esta forma, la Generalitat no abonó el dinero pretendido por el instituto.
CACSA
Por otra parte, en el mismo auto, el magistrado acuerda pedir a la Intervención General de la Administración para que dos peritos que designe emitan un informe sobre su parecer acerca de los documentos aportados por el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, en los que se hace constar que CACSA se considera una unidad institucional diferenciada de la Generalitat, que está clasificada como productor de mercado, que no forma parte del sector administraciones públicas y que sus déficits anuales y deudas no consolidan con las cuentas de la Generalitat a los efectos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El juzgado pidió el 30 de julio a la Generalitat que certificara las aportaciones dinerarias realizadas a CACSA o a cualquiera de sus sociedades de gestión. El Gobierno valenciano confirmó una aportación que asciende a 1.075.135.188,22 euros.
