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Un referéndum estrafalario; por Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

03/09/2012
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El día 2 de septiembre de 2012, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Pedro González Trevijano, en el cual el autor opina sobre las medidas de ajuste del Gobierno.

UN REFERÉNDUM ESTRAFALARIO

Durante las últimas semanas algunos están tratando interesadamente de aprovechar la comprensible desazón que ocasionan las obligadas medidas de ajuste del Gobierno de España para deslegitimar la acción política de un Ejecutivo reciente y mayoritariamente avalado en las urnas. Como el resultado electoral fue claro, con la obtención por el actual Ejecutivo de una holgada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y los futuros comicios generales están todavía muy lejanos en el tiempo, la estrategia es convencernos sobre la pertinencia de convocar un referéndum acerca de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno. De entrada, el sometimiento al parecer del pueblo soberano, de forma directa y sin intermediarios, de los asuntos de especial importancia disfruta de los mejores parabienes de legitimidad democrática. Nadie mejor que la ciudadanía para expresar la conformidad o discrepancia con las políticas públicas. Nada que objetar, pues, desde una perspectiva académica. Pero si hablamos del mundo de la realidad política, las cosas son bien diferentes. Las primigenias ventajas de la rousseauniana democracia directa frente a las ahora perversidades de la democracia representativa, ¡quién nos ha visto y quién nos ve!, no son las que parecen. Esta España constitucional, como los demás estados modernos y democráticos del entorno, se asienta fundamentalmente sobre el principio representativo exteriorizado a través de elecciones libres y periódicas. Elecciones libres es el simbólico título, precisamente, de la clásica obra de W. J. M. Mackenzie. A través de ellas, los ciudadanos eligen a sus representantes políticos. El ejercicio de la democracia directa es extraordinariamente disfuncional y muy complejo de articular, como ha estudiado Luis Aguiar en su libro Democracia directa y Estado constitucional, en sociedades numerosas, muy distintas a las arcádicas ciudades griegas de la Antigüedad, y obligadas a resolver cotidianamente prolijas y específicas cuestiones. Además, y basta con examinar el pasado, la democracia directa ha terminado transformándose, en demasiados casos, en la falsaria cara de los sistemas autocráticos. Una forma reprobable de justificar la falta de libertades y la ausencia de elecciones. La historia está repleta de ejemplos, tanto nacionales — los referéndums del general Franco de 1947 y 1966— como fuera –los de Napoleón III o el mismísimo Hitler–. Fraudulentas consultas que, lejos de configurarse como la genuina manifestación de la volonté générale, persiguen la deslegitimización de las instituciones democráticas, convertidas en vergonzosos plebiscitos personales. Aunque también hemos conocido, entre nosotros, justificados e impecables referéndums; entre otros, por ejemplo, el que refrendaba la Ley de Reforma Política (1977) o nuestra vigente Carta Magna (1978).

No digo, desde luego, que estas sean las convicciones de quienes nos salmodian con el tan traído referéndum, pero las intenciones no son, desde luego, ni inocentes ni exentas de trascendencia. Como no satisface el resultado electoral ni gusta el Gobierno respaldado hoy en las Cortes Generales, introduzcamos un elemento nuevo en la refriega política, ¡dotado además de los mejores parabienes teóricos!, para alterar el sentido de los tiempos. Para los avispados promotores, su mera discusión por la opinión pública, y su debate en los medios de comunicación, sería ya, con independencia de su hipotético resultado, todo un éxito, al poner en entredicho la legitimación del Ejecutivo para establecer las directrices económicas de la política nacional. ¿O es que hay alguien que pueda pensar cándidamente que la ciudadanía de cualquier Estado respaldaría unas medidas de ajuste de por sí siempre impopulares? Por eso, a tan despiertos politólogos y constitucionalistas no está de más el recordatorio de otras dos nociones políticas.

Primera. En un Estado democrático el Ejecutivo, previamente legitimado en las urnas, es el competente para fijar la acción de gobierno. Esta obviedad política, y este intangible constitucional, están también recogidos expresamente en el texto de la Constitución de 1978: <<El Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado>> (artículo 97). Y es el Rey quien, a propuesta del Presidente del Ejecutivo, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, corresponde su convocatoria (artículo 92.2 ). Tratar de subvertir dicho mandato es un desconocimiento o una infracción de la forma de gobierno parlamentaria: el Ejecutivo despliega la función de gobierno en tanto cuenta con la indefectible pero habilitante fiducia del Parlamento.

Segunda. Nunca he creído en el cinismo político. De aquí que las palabras de quien fuera presidente de la V República francesa, François Mitterrand, <<los programas solo obligan a sus destinatarios>>, o entre nosotros, de Tierno Galván, <<los programas se hacen, precisamente, para no cumplirse>>, no pasan de ser una ocurrente boutade. Los programas políticos disfrutan, aunque pocos los lean, de relevancia en los sistemas democráticos: permiten conocer a los candidatos, permiten conocer los problemas y cuestiones pendientes, y permiten conocer las futuras líneas de actuación de gobierno. Pero entre afirmar que un Gobierno refrendado recientemente en las urnas está deslegitimado para desarrollar sus funciones constitucionales o poner en duda la cercana confianza electoral lograda por adoptar unas medidas económicas antipáticas pero imprescindibles, estuvieran o no recogidas en el programa electoral, media un abismo. Los programas no vinculan jurídicamente, por más que exista un lógico compromiso político de llevarlos a término. Aunque ese compromiso se valora y se enjuicia, en tanto que función de control político, en las Cámaras parlamentarias.

¿No modificó el presidente González su programa, tras toparse con la cruda realidad económica del país, celebradas las elecciones de 1982? ¿No cambió los suyos Mitterrand, pasados los comicios de 1981 y 1988? ¿No lo alteró el presidente Lula, después de las elecciones de 2003? ¿No lo ha hecho el premier británico James Cameron, tras los comicios de 2010? Ustedes se preguntarán entonces: si esto es así, ¿por qué se solicita ahora por algunos tan estrafalario referéndum? Ese buen constitucionalista que es Roberto Blanco lo ha expresado (¿Referendo? ¿Adelanto electoral?) con rotunda claridad: <<Porque no están pensando en el futuro del país; sólo en que los suyos vuelvan al Gobierno>>. Pero ¿nos beneficia a los españoles dar, en una situación tan adversa, una imagen dividida y enfrentada? Desde luego que no.

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