El Mundo. 21.08.2012
El Gobierno agotará prácticamente todo el plazo que otorga la legislación europea, hasta septiembre, antes de recurrir la sentencia de 10 de julio del Tribunal de Estrasburgo sobre la aplicación de la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río Prada. De este modo, el Ejecutivo, que en un primer momento tuvo el impulso de impugnar de forma inmediata esta sentencia, pretende ganar tiempo para presentar concienzudamente sus argumentos contra la decisión del alto tribunal europeo de dejar en libertad a esta terrorista -que fue adoptada por unanimidad-, y alargar, al menos en unos meses, su estancia en prisión.
Esto será así, si la Sala de Vacaciones del Constitucional, que se reúne hoy, no toma una determinación en contrario. Del Río presentó un primer recurso ante el alto tribunal español que fue inadmitido y que provocó que acudiera al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que le ilustró sobre la necesidad de agotar previamente las instancias en su país. La terrorista recurrió de nuevo la doctrina Parot en la Audiencia Nacional y, en esta ocasión, cuando su demanda llegó al Constitucional, sí fue admitida a trámite.
Si la Sala de Vacaciones, formada por los magistrados Sala, Rodríguez Arribas y Pérez Tremps, decidiera que debe estar en libertad, el Gobierno tendría que acatar esta orden de forma automática. Al igual que debería hacerlo con los otros 15 terroristas cuyos casos van a ser hoy estudiados si esa fuera la decisión, basada en Estrasburgo, del tribunal. El Constitucional, no obstante, también puede anunciar que no se pronuncia hasta que la Justicia europea resuelva el recurso del Gobierno; puede inadmitir el escrito del abogado Iñigo Iruin, origen de esta reunión, por considerar que los procesos de amparo ya están tramitados o simplemente puede no decir nada.
Del Río fue condenada a 3.000 años de prisión por el asesinato de más de 30 personas. Sin embargo, en aplicación del Código Penal de 1973, y con los criterios anteriores a la doctrina Parot, tenía que haber salido el 2 de julio de 2008. En 2006, el Supremo cambió los criterios de cálculo y decidió que los beneficios penitenciarios debían aplicarse individualmente sobre cada una de las penas y no sobre el límite máximo de 30 años. Según esta decisión, la terrorista no tiene que salir hasta 2017.
Lo más probable es que Del Río salga mucho antes porque Estrasburgo consideró que los tribunales españoles habían realizado una revisión <<irregular>> de la duración de la pena y condenó al Estado a liberarla <<lo antes posible>> y a pagarle 30.000 euros por daños morales.
El Ejecutivo reaccionó con enfado y anunció un recurso que, en principio, quería interponer de inmediato hasta que varios juristas expusieron los beneficios de agotar los plazos.
Ese enfado pudo percibirse de un modo más palpable en el Ministerio del Interior contra uno de los jueces que formaban el tribunal, Luis López Guerra, ex número dos del Ministerio de Justicia socialista entre los años 2004 y 2007. El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, pidió su cabeza y preguntó a sus asesores cómo podía ser destituido López Guerra como representante español en el tribunal europeo.
Ulloa desconocía que el Ejecutivo español no tiene la potestad de destituir a los jueces de la Corte de Estrasburgo y que éstos, una vez nombrados, permanecen nueve años en el cargo. Y probablemente también desconocía que el actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, también se pronunció, como fiscal del Constitucional, a favor de la estimación del recurso presentado por la etarra cuando tuvo que tomar una posición sobre el caso.
Una vez que el Gobierno presente sus alegaciones contra la decisión de Estrasburgo, una sala de tres jueces tomará la decisión de admitirlo y derivarlo, o no, a la Gran Sala.
