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El limbo jurídico y diplomático de Assange; por Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense

17/08/2012
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El día 17 de agosto de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Felipe Sahagún, en el cual el autor considera que lo mejor sería que Londres y Quito dejaran el conflicto del caso Assange en manos de la Corte Internacional.

EL LIMBO JURÍDICO Y DIPLOMÁTICO DE ASSANGE

Desde que el cofundador de Wikileaks se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio para pedir asilo, el conflicto ofrecía dos salidas: la concesión o el rechazo de dicha petición. A partir de ayer, concediéndole asilo, Ecuador desafía abiertamente a EEUU, al Reino Unido, a Suecia y a Australia, los cuatro países con causas abiertas contra Julian Assange, y deja al fugitivo en un limbo jurídico y diplomático de muy difícil solución sin nuevas concesiones de las partes implicadas, pues todas han hecho del caso un símbolo de principios y valores que trascienden con mucho el problema personal del acusado: su entrega a Suecia y su posible extradición por Suecia a EEUU.

Para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, una vez subido al carro de Wikileaks para tapar sus ataques contra la prensa nacional, es muy difícil dar marcha atrás. Resulta chocante con qué rapidez los regímenes que menos respetan la libertad de prensa y los derechos humanos (Rusia, China, Irán, Cuba...) han expresado su solidaridad con Assange y Correa en esta crisis.

Assange puede permanecer indefinidamente en la embajada ecuatoriana o intentar burlar, con escasas posibilidades de éxito, la estrecha vigilancia policial y escapar del Reino Unido. Lo mejor es seguir negociando, con la ayuda de los amigos de Wikileaks y de los países que aún les apoyan, como la Rusia de Putin.

Aprobada la entrega de Assange a Suecia por tres tribunales británicos -incluido el Supremo-, el Gobierno de David Cameron, en coordinación permanente con el estadounidense, se ha negado en todo momento a aceptar condiciones como la no extradición a EEUU que superaban su jurisdicción. Nada que objetar.

Assange, acusado en Suecia de dos delitos de agresión sexual y de una violación, siempre ha mantenido que se trata de un montaje dirigido por Washington para sentarlo en un banquillo estadounidense por la publicación de centenares de miles de documentos diplomáticos secretos o reservados. Ecuador se ha agarrado a ello como a un clavo ardiendo y le ha concedido el asilo porque, como dijo ayer su ministro de Exteriores, en EEUU puede ser juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte o a cadena perpetua.

Rechazando todos los recursos de Assange, los tribunales británicos alegan que se han limitado a aplicar la Ley de Extradición británica de 2003, que incorporó la extradición automática europea negociada apresuradamente en respuesta a los atentados del 11-S, y el Gobierno Cameron insiste en que está obligado a cumplir las sentencias de sus tribunales.

¿Cuánto tiempo permanecerá Assange en el recinto diplomático ecuatoriano? ¿Se atreverá el Gobierno británico a enviar a la policía para detenerlo o esperará a que intente salir para hacerlo? Si la policía británica entra en la embajada, ¿se puede justificar legalmente o colocaría al Gobierno británico a la altura de regímenes parias como el iraní? ¿Están cerradas todas las opciones diplomáticas?

Si el Reino Unido, como insinuó el miércoles en un comunicado el Foreign Office, intentara detenerlo dentro de la sede diplomática sin autorización de Ecuador, estaría violando las Convenciones de Viena de 1961 y de 1963 sobre relaciones diplomáticas y consulares.

En el artículo 22 de la Convención de 1961 se especifica que “las premisas de la misión son inviolables” y que “los agentes del Estado receptor [en este caso el Reino Unido] no pueden entrar en ellas salvo con el consentimiento de la misión”.

En el artículo 31 de la Convención de 1963 se extiende el mismo privilegio de inviolabilidad a las sedes consulares. “Las autoridades del Estado receptor no entrarán en la zona utilizada exclusivamente para el trabajo consular, salvo con el consentimiento del responsable del puesto consular, de quien él designe o del responsable de la misión”.

El Diplomatic and Consular Premises Act de 1987, citado por Londres para justificar su amenaza a Ecuador, difícilmente legalizaría la entrada forzada de agentes británicos en la embajada. Está pensado para situaciones de peligro graves para la seguridad nacional, amenazas sanitarias serias o similares. Nunca se ha aplicado y el caso Assange no justifica que se aplique ahora.

En su apartado 1, esa ley del 87 permite al secretario de Estado británico retirar el estatus diplomático o consular a una sede, pero en condiciones difícilmente aplicables cuando alguien solicita asilo en dicha sede y siempre que lo avale el derecho internacional, cuestión que tendría que resolverse en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y no en la mesa de William Hague, como ha sucedido esta semana, aprovechando las vacaciones del primer ministro y de su viceprimer ministro; aunque es impensable que Hague haya actuado por su cuenta.

Lo más sensato sería que Londres y Quito dejaran el conflicto en manos de la Corte Internacional o de un árbitro neutral. Ecuador estaría dispuesto, seguramente, a aceptarlo, pero dudo mucho que, en una época de renacionalización y redefinición de soberanías como la que vivimos, EEUU y el Reino Unido acepten tal compromiso. Washington, en particular, siempre se ha mostrado reacio a dejar los intereses del país en manos de organizaciones internacionales.

Aunque, en su desafío, el presidente ecuatoriano parece un diminuto David frente a Goliat, no está solo y el error británico del miércoles, al amenazar con entrar por la fuerza en la sede diplomática ecuatoriana, le ha facilitado apoyos con los que no contaba en América Latina y en otras partes del mundo.

El ministro ecuatoriano de Exteriores dejó para el final de su rueda de prensa la concesión de asilo y concentró su prolija y bien documentada intervención en la amenaza británica y en los argumentos legales de la defensa de Assange en los últimos tres años. “No nos someteremos al tutelaje de nadie”. “Nos amenazan con golpearnos salvajemente si no nos comportamos”. “No podemos tolerar chantajes”. Toda su intervención fue una retahíla de proclamas soberanistas y nacionalistas más propias de otros tiempos, pero realmente Londres se lo puso fácil.

Para la vieja izquierda y para quienes comulgan a pies juntillas con la ideología chavista y sus vertientes ecuatoriana y boliviana, la decisión de Correa es un acto valiente de otro líder dispuesto a resistir la presión del más fuerte y sus referencias a unas 20 cartas, acuerdos, tratados y convenciones internacionales en defensa de Assange -desde la Carta de la ONU hasta las últimas convenciones contra el terrorismo, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y las convenciones de Ginebra- una base legal más que respetable. Para quienes entienden que, con su comportamiento, los responsables de Wikileaks pusieron en peligro la seguridad nacional de EEUU y que este país tiene todo el derecho de llevar a los tribunales a los responsables de la filtración de material secreto y reservado, el discurso del ministro Patiño fue otro derroche de demagogia barata, bien arropada jurídicamente.

¿Se resolvería el conflicto si, como dio a entender ayer Patiño, EEUU aceptara un juicio civil de Assange y garantías de que no será condenado a muerte ni a cadena perpetua? ¿Puede alguien, en su sano juicio, esperar semejante concesión de la primera superpotencia del planeta? ¿Cabe esperar de Suecia, tan lejanos ya los tiempos de Olof Palme, la promesa de que Assange no será extraditado a EEUU? Con su comunicado del miércoles, el secretario del Foreign Office, William Hague, dio a Correa la excusa que necesitaba para confundir una causa criminal con un conflicto de soberanía e independencia y para anunciar una decisión que, según funcionarios ecuatorianos próximos al caso, había tomado hace semanas.

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