PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
Así, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha explicado en rueda de prensa que ese auto condena en costas al Ejecutivo, lo que supone que el Gobierno tiene un auto "que tiene que cumplir" y que "el dinero percibido por las personas tienen que retornarlo a las arcas públicas". "Ese dinero es de los ciudadanos y tiene que volver a los ciudadanos", ha remarcado.
Al respecto, el secretario de Administración Autonómica, Jordi Crehuet, ha indicado que los puestos afectados serían siete y que la media de aumento está entre los 4.000 y 6.000 euros por cada puesto y sobre el cómputo anual.
"Mensualmente han ido cobrando la parte proporcional de este aumento y que por designación del presidente recaía sobre su plaza", ha indicado al tiempo que ha recalcado que había personas que pasaban de cobrar 46.000 euros a 50.000 y otros de 46.283 a 52.000 euros.
Con todo, Romero se ha referido "a la desfachatez del Govern al decir que al aumentar la carga de trabajo procedía a aumentar el sueldo", algo que UGT considera como un "insulto", ya que "al resto de los mortales nos suben la carga de trabajo y nos bajan los sueldos".
"EL GOVERN DEBERÍA ASUMIR RESPONSABILIDADES"
"Estamos muy satisfechos, porque al condenar en costa al Ejecutivo se está reconociendo que hay mala fe de la Comunidad Autónoma, y si hay mala fe es que ha intentado jugar con los tiempos de la justicia par alargar esa aberración jurídica que es el pagarle a ese personal casi un 25%", ha espetado.
Por ello, ha reconocido que "es una satisfacción el ver que la quema es para todos" al tiempo que ha hecho alusión a la complicada situación de los funcionarios y ha advertido de que "alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas y responder por las decisiones políticas" adoptadas.
"Esperamos que el Govern no vuelva a destinar recursos de la ciudadanía, de los impuestos, a defender lo que es moral y éticamente indefendible ya que el dinero de los ciudadanos no está para estas cosas", ha subrayado al tiempo que ha indicado que "el nivel para dimitir" lo fijará el propio Ejecutivo y que desde el sindicato no van a pedir "la dimisión de un político".
En este sentido, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "deberían asumir responsabilidades políticas del tipo que ellos consideren oportunos y del nivel moral que fijen ellos" y que con esto "se verá el nivel de los políticos de Baleares para asumir responsabilidades políticas". "La pelota está en su tejado", ha aseverado.
Así, Romero ha insistido en que desde UGT plantearon un recurso contra la modificación de la redacción de los citados puestos de trabajo porque entendían que los Presupuestos estatales del año 2011, que estaban en vigor en ese momento, impedían el aumento de las retribuciones.
"EL GOVERN DESTINÓ EL DINERO DE LOS IMPUESTOS A RECURRIR EL AUTO"
Al respecto, ha señalado que este mismo argumento fue utilizado por el Ejecutivo en el conflicto de los complementos en el sector médico. "Lo que la Comunidad aplicaba para unas cosas, para sus amigos no se acordaba", ha añadido.
Cabe recordar, que UGT presentó el pasado verano una demanda contra la subida selectiva de sueldo que realizó el Gobierno regional del presidente José Ramón Bauzá a un grupo de personas nombradas como personal de confianza de la Presidencia del Gobierno y que instaba a suspender la medida.
Así, el TSJIB, en un primer auto, consideró que al haber un aumento de la carga de trabajo, era legal el aumento de sueldo, por lo que desde el sindicato se recurrió al considerar que esos argumentos era "inmorales y un insulto a los empleados públicos".
Ante eso, el TSJIB dio la razón a UGT por lo que el Gobierno, al día siguiente, recurrió de nuevo y según ha explicado el sindicato "destinaron el dinero de los impuestos a recurrir ese auto y a defenderlo".
Al respecto, Romero ha indicado que además de destinar ese dinero a recurrir, "van a tener que pagar un dinero por las costas del proceso".
Por otra parte, ha señalado que han "detectado" que la Administración, aun teniendo el conocimiento de la sentencia, "hay veces que no la cumple y estaremos muy vigilantes del cumplimiento de este auto".
RESPUESTA "INMEDIATA" SI EL GOBIERNO BALEAR RECURRE AL SUPREMO
Asimismo, ha recordado que el citado auto todavía tiene un recurso, ante el Tribunal Supremo, y "que si lo presentaran --el Govern-- provocaría una respuesta de forma inmediata de los empleados públicos a los que convocaríamos a un acto de protesta, ya que no sería un insulto, sino que pasaría todas las líneas rojas de la ética y la moral".
Por otra parte, Romero ha indicado que "si a partir de ahora, el Govern, teniendo conocimiento de la sentencia, no diese cumplimiento al auto, probablemente estaría prevaricando".
Además, ha remarcado que desde UGT entienden que las nóminas del mes de julio ya están cerradas por lo que habrán cobrado un total de 13 nóminas y que "si en la nómina de agosto no se hiciera, tendríamos un problema y en septiembre pediremos al TSJIB que nos informe del cumplimiento que ha dado la Administración al auto y si no se ha hecho tomaremos las medidas que hagan falta".
Asimismo, ha espetado que las cantidades cobradas, "las tienen que retornar" y que a causa del "alargamiento" está poniendo "en serio riesgo" a los trabajadores afectados que perciben esas cantidades ya que cuando se tenga que retornar el dinero, "nos encontremos con un quebranto económico para los mismos, y que con la decisión de no suspender, se puede haber agravado el problema de esos trabajadores".
Al respecto, Crehuet ha añadido que si finalmente se le da la razón al sindicato, "habría que pagar atrasos a ciertas personas" y "que no es lo mismo que la Administración tenga que pagar a los funcionarios, que tener que retrotraer de una nómina una cierta cantidad todos los meses".
