MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, ha advertido de la necesidad de agilizar la ejecución de sentencias porque hay una cantidad equivalente a "una tercera parte del rescate bancario", entre 20.000 y 30.000 millones de euros, paralizada en los tribunales que debe salir al tráfico económico.
Por todo ello, el Ministerio mejorará las herramientas de las que disponen los secretarios judiciales para que puedan realizar averiguaciones patrimoniales y agilizar la ejecución de las resoluciones.
En una entrevista concedida a Europa Press, Silguero ha señalado que esta cuantía no entrará en el flujo económico en la medida en que la tramitación de los procesos siga demorándose. Es "la gran masa, a la que hay que atacar y que nunca se ha atacado en este país, hasta el punto de que no hay cálculos fiables sobre esto", ha dicho.
El departamento que dirige se ocupa de controlar y supervisar la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, que acumula fianzas, conceptos por embargos de bienes, cantidades halladas durante la práctica de diligencias judiciales o dinero aprehendido por las Fuerzas de Seguridad, por Vigilancia Aduanera o por cualquier otro funcionario que lo haya puesto a disposición del juez.
En concreto, la cuenta registró un saldo medio de 3.264 millones de euros tan sólo en el año 2011 y la suma total ascendería a entre "30.000 o 20.000" millones de euros. "Estamos hablando de la tercera parte del rescate bancario. Son unas cifras de una magnitud tremenda", ha afirmado.
Silguero dice que es consciente de que las controversias tiene sus tiempos procesales pero critica que el resultado del pleito tarde años en ser ejecutado. "No entenderé nunca que desde el momento en que se dicte sentencia, se tarde años en ser ejecutada", ha expresado.
"La gente cuando va a un proceso no distingue cuando le están declarando un derecho o cuando le están ejecutando algo que ha ganado en un juicio", explica.
120 MILLONES EN INTERESES
En este sentido, añade que la ley contempla el pago de intereses por mora judicial. "El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que cuanto más se tarda en la ejecución, se cobra el interés legal más dos puntos", apunta.
"Pero no creo que sea bueno para el país que esté generando 120 millones de euros de intereses, sino que tiene que estar en manos de las personas que son los acreedores de esas cantidades para que fluya en el tráfico económico", destaca.
Por todo ello, Silguero hace hincapié en poner el foco en el momento en dictar sentencia y, por ello, aportará herramientas electrónicas a través de un nuevo sistema de gestión procesal para que los secretarios judiciales, que son los "directores de la ejecución", puedan agilizar su actuación.
"Si les dotamos de ese programa para hacer las averiguaciones patrimoniales, conseguiremos que este dinero que está fuera, entre en el tráfico económico", concluye.
