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Malaya

La Defensa de Corulla dice que sólo era una empleada y no ocultó que Roca estaba en una empresa

19/07/2012
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La defensa de la abogada Montserrat Corulla, acusada en el caso 'Malaya' por un delito de blanqueo de capitales, ha asegurado este miércoles que su cliente era solo una empleada de una sociedad del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y ha negado que ocultara que éste estaba detrás de esa empresa.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

En su informe final de la vista oral, que prevé que termine a finales de este mes de julio, el letrado ha pedido para Corulla una sentencia "justa que reconozca su inocencia" y la absuelva, al considerar que no se dan los requisitos objetivos ni subjetivos del blanqueo. Además, ha manifestado que las operaciones en las que intervino son "transparentes" y "jurídicamente neutras".

"Desde ese papel protagonista que se le atribuía en un primer momento, ha pasado, según el planteamiento de las acusaciones, a un papel secundario", ha subrayado el abogado, quien ha incidido en que Corulla no tuvo participación accionarial en ninguna de las sociedades que se vinculan a Roca, tenía un salario acorde con las actuaciones que realiza y no tuvo plus patrimonial.

Ha añadido que en ninguna de las operaciones en las que ha participado manejó efectivo ni con carácter previo ni en el propio negocio, tampoco hizo ingresos en efectivo en la sociedad en la que trabajaba, recordando que los propios investigadores "han podido establecer el origen de esos efectivos y no es ilícito", sino que proceden "del circuito bancario lícito".

También se ha referido al supuesto conocimiento que tenía ésta de la imputación de Roca en procedimientos penales, punto en el que la defensa ha recordado que cuando se incorporó al grupo empresarial acababa de llegar del extranjero donde estuvo residiendo cinco años, "con lo que no sabía quién era el señor Roca ni cuál era la problemática en el Ayuntamiento de Marbella, si la había".

La defensa de esta acusada, para la que el fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y 100 millones de euros de multa, ha indicado que hubo "un exceso" y "una precipitación" en la acusación inicial, aunque durante la instrucción de la causa y el desarrollo del procedimiento la consideración de ésta como principal testaferro de Roca "se ha desvanecido".

No obstante, ha significado que esa atribución y los "errores" iniciales fueron "determinantes para su ingreso y permanencia en prisión durante cinco meses" y han producido "un daño irreversible" en su defendida. Además, ha hablado de "inconcreción" acusatoria y ha cuestionado los informes periciales, que "tienen un nulo valor probatorio, en todo caso sería de descargo".

OTROS ACUSADOS

También han expuesto la defensa del funcionario judicial Francisco Ramírez, cuyo letrado ha asegurado que no hay pruebas "ni siquiera indiciaria" de que ofreciera información a Roca relacionada con procedimientos judiciales a cambio ni de dinero ni de un reloj, tampoco de que Roca se la pidiera ni de que se pusieran de acuerdo, por lo que ha considerado que no debería ni haber sido acusado.

Este abogado también defiende al exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y en este caso ha aludido a unas iniciales que las acusaciones relacionan con el exsecretario, recogidas en los archivos Maras Asesores con supuestos cobros y pagos, y ha considerado que estos documentos podrían ser suficientes para iniciar la investigación, pero no para sustentar la condena.

Ha indicado que no se ha podido acreditar entregas de dinero, ni recepción ni incremento patrimonial. Además, ha sostenido que se le han achacado hechos "que no son propios del secretario general de un ayuntamiento", lo que es "absolutamente inadmisible", ya que, ha explicado, de tener esa responsabilidad llegarían "a tener incluso más poder que los propios alcaldes".

"El señor Barrantes no tiene atribuida función de ser garante de la legalidad ni de advertencia de legalidad, ni es el encargado de control de cuentas publicas ni tiene función alguna en gestión, fiscalización ni en autorización de pagos", ha dicho a la acusación particular, preguntándose "cómo puede ser delictivo que un secretario expida un certificado, si es su obligación".

Por esto, ha pedido la absolución para éste, al igual que para el exedil José Jaén, al que también ha defendido. Ha asegurado que no se ha acreditado una supuesta recepción de dinero y que todos los movimientos bancarios que para los investigadores son sospechosos tienen una explicación y "así los hubieran constatado los agentes si hubieran hecho su trabajo con la objetividad que deberían".

El abogado de la exedil Marisa Alcalá ha dicho que su cliente es la "olvidada" y "uno de los principales convidados de piedra" en el caso 'Malaya', recordando que el ministerio público no ha incluido su acusación ni en el escrito inicial ni en el definitivo. Así, ha solicitado la absolución.

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