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Controlar el Consejo del Poder Judicial, por Montserrat Comas d’ Argemir y Javier Martínez Lázaro; Magistrados y Ex Vocales del Consejo General del Poder Judicial

19/07/2012
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El día 19 de julio de 2012, se ha publicado en el Diario El País, un artículo de Montserrat Comas d’ Argemir y Javier Martínez Lázaro, en el que los autores opinan que la Administración de Justicia que precisa España no puede fraguarse sin grandes consensos y que Es hora de fortalecer el Poder Judicial no de controlarlo.

CONTROLAR EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Coincidiendo con el peor momento de valoración de la justicia en España, tras la renuncia por primera vez del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo por su criticable gestión de los fondos públicos, el ministro de Justicia, señor Gallardón, ha presentado su proyecto para la organización de la Justicia en España. Las reformas que propugna responden a una misma idea: reducir la independencia del Poder Judicial y asegurar el control de las instituciones judiciales y del gobierno de los tribunales por jueces cercanos a su ideología conservadora.

Para la consecución de este objetivo proyecta volver a la elección de los jueces que integran el Consejo del Poder Judicial exclusivamente por los propios jueces, al margen de cualquier intervención parlamentaria. El ministro Gallardón es un jurista. Fiscal de carrera abandonó el ejercicio de su profesión para dedicarse a la política autonómica y municipal. Ha regresado ahora, un cuarto de siglo después al mundo del derecho, y lo hace como si no hubiese transcurrido el tiempo, posicionándose en polémicas de antaño con el ímpetu del recién llegado. Es verdad que a mediados de los años ochenta el sistema de elección de los vocales del CGPJ que la Ley del Poder Judicial de 1985 atribuyó al Parlamento, era una controversia viva. Pero la historia judicial siguió adelante y algunas enseñanzas pueden sacarse de ella. Quizás, la más importante, que la administración de justicia que precisa nuestro país no puede fraguarse sin grandes consensos. Así lo entendieron los ministros del Partido Popular que le precedieron, los señores Acebes y Michavilla y por eso su estrategia se centró en un gran acuerdo con la oposición en lo que se denominó el Pacto de Estado de la Justicia. El Pacto levantó enormes perspectivas de cambio y modernización en la Justicia. Ni todos en el Partido Popular, ni todos en el Partido Socialista estaban de acuerdo con el Pacto. La gran política, la que mira hacia lejos con perspectiva histórica, sucumbió como casi siempre a las ambiciones de unos y a los estrechos intereses partidarios de otros. Como siempre la sociedad española fue la gran perjudicada. Volatizadas las perspectivas de cambio, la justicia se vio inmersa en las políticas de confrontación, de disenso, de falta de respeto por las instituciones y de prevalencia de los intereses partidistas a toda costa.

Uno de los pocos frutos que sobrevive de aquel Pacto de Estado es el actual sistema de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial. En el vigente sistema son los jueces los que proponen ternas entre las que el Parlamento elige los vocales del Consejo del Poder Judicial. Se respeta el principio de soberanía nacional y la elección parlamentaria recae sobre aquellos que los jueces, entre ellos, han elegido como los mejores. Es verdad que el Parlamento no siempre ha hecho la selección más acertada y también que los partidos políticos nunca han dejado de tratar de influir en las decisiones que la Constitución quiere se adopten por órganos independientes, como la elección del presidente del Consejo del Poder Judicial. Son patologías del funcionamiento de nuestro sistema democrático que deben ser permanentemente combatidas. Pero las patologías de la democracia no se combaten acabando con el paciente, sino trabajando para que recupere la vitalidad dañada. Cuando el ministro afirma que el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial mejorará alejando su elección del Parlamento, deja entrever su escasa confianza en la institución parlamentaria, lamentablemente compartida por muchos ciudadanos, desconfianza que ha dado históricamente lugar al surgimiento de opciones corporativas, como la que ahora propone el ministro, que no han hecho sino ahondar en los déficits democráticos, en un peligroso camino de deslegitimación.

La receta es la transparencia, la crítica, el control, la ética, la honestidad y el respeto a la Ley

El ministro de Justicia ha anunciado una segunda medida. Lo hace aprovechando la ola de recortes que parecen justificarlo todo. Su idea es que solo el presidente del Consejo se dedique plenamente a las tareas propias del gobierno judicial. Los otros vocales que lo integran compatibilizarían estas tareas con su trabajo jurisdiccional. Parece que el señor ministro no conoce bien el funcionamiento del Consejo y, lo que es más preocupante, el funcionamiento de los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de casi 5.000 jueces. Entre sus competencias se encuentra la inspección de los tribunales, la formación de los jueces, la escuela judicial, la imposición de sanciones, el informe de anteproyectos de Ley y otras muchas que sería demasiado largo enumerar. En un Consejo como el que quiere el ministro, el ejercicio de sus competencias requeriría de una estructura burocrática al servicio de su presidente, similar a la existente en cualquier ministerio, que fuese la que de hecho ejerciese el gobierno de los jueces. Nada que ver con el Gobierno colectivo diseñado por la Constitución. La función de los vocales en estas condiciones consistiría poco más que en el refrendo de lo actuado por su presidente.

Pero también olvida el señor ministro que el ejercicio de la jurisdicción requiere en casi todos los destinos un trabajo intenso de difícil compatibilización con otras tareas. La realización de las tareas de juez y las funciones propias de vocal obligaría a la suspensión de juicios y comparecencias y crearía complejas situaciones de gobierno como que el juez-vocal se encontrase bajo la dependencia del presidente de un tribunal que él mismo ha votado, o no. Realmente la propuesta del señor Gallardón solo puede entenderse en una perspectiva de reducción de los poderes del órgano de Gobierno de los jueces: de su independencia.

Volvamos al principio. El Consejo General del Poder Judicial atraviesa una profunda crisis que no es sino consecuencia de la ausencia de valores que ha conducido a la actual crisis, que es económica pero también política, pues se enmarca en la ineficacia de las instituciones y el escaso aprecio de los ciudadanos a quienes las ocupan. El mal funcionamiento del Consejo no es sino un reflejo del mal funcionamiento de nuestra democracia. La receta es la transparencia, la crítica, el control, la participación, la honestidad de quien asume funciones públicas, la ética, el respeto a la Ley; y también el consenso sobre el diseño de las grandes instituciones del Estado para que estas desempeñen con plenitud sus funciones constitucionales. No se trata de aprovechar el deterioro institucional para sacar ventaja, para reducir la independencia del poder judicial o asegurarse el control del gobierno de los jueces. Si la crisis es una consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones, se trata de fortalecerlas. Es la hora de fortalecer el Poder Judicial no de controlarlo. La reciente elección de un magistrado de indiscutido prestigio como nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial es un importante impulso para que el Consejo comience a salir de su laberinto.

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