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Discursos, evaluaciones y programas, por Manuel Lagares, Catedrático de Hacienda Pública

19/07/2012
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El día 19 de julio de 2012, se ha publicado en el Diario El Mundo, un artículo de Manuel Lagares, en el que el autor considera indispensable crear un ‘banco malo’ para sanear el sistema financiero español y afirma que no se pueden pedir más sacrificios a los ciudadanos sin reducir antes la clase política y sindical.

DISCURSOS, EVALUACIONES Y PROGRAMAS

El acontecimiento más importante de los últimos días ha sido, sin duda, el discurso del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados por las medidas de política económica que se anunciaban en ese discurso. Esas medidas, en opinión de nuestro presidente, resultan imprescindibles para definir la política económica de los próximos meses; para informar a las distintas fuerzas políticas de los considerables esfuerzos presupuestarios que hemos de realizar y para dar fe ante nuestros socios de que se ponen en marcha los compromisos ya adquiridos y los derivados del préstamo-rescate de nuestro sistema financiero. Sin embargo, el camino elegido para reducir el déficit público -aumento sustancial de los impuestos y recortes menos importantes en los gastos- no parece el más adecuado para sacarnos de la crisis. Pero así se ha decidido por otros y así se ha aceptado, viéndose obligado el Gobierno a aumentar el IVA y otros impuestos pese a su reiterado convencimiento de que esa medida podría afectar negativamente a nuestra economía.

La solución más adecuada sería, por el contrario, la de reducir el déficit disminuyendo el gasto público sin apenas tocar los impuestos, porque un nivel alto de gasto público frena el crecimiento del PIB. Numerosos estudios efectuados en los últimos años señalan que, en países desarrollados y a partir de ciertos niveles de gasto público, existe una relación negativa entre ese gasto y las tasas de crecimiento de la producción. En el caso de España el límite parece situarse en gastos públicos en torno al 38% del PIB lo que, comparado con el casi 45% que hoy alcanzan, nos señala la importancia del esfuerzo que deberíamos realizar para conseguir un crecimiento apropiado de nuestra producción. Esos valores se corresponden con los de deuda pública, pues otras investigaciones también recientes indican que cuando la deuda pública sobrepasa el 90% del PIB se obstaculiza el crecimiento de la producción. Ha de advertirse que ya hoy nuestros pasivos públicos bordean peligrosamente ese 90%, al que habría que añadir el endeudamiento que generará el déficit de este año (probablemente otro 6% o 7%) y, siquiera temporalmente, el endeudamiento derivado del crédito de la UE a nuestro sistema financiero (aproximadamente, un 10% adicional).

Cuando algunos se escudan en el hipotético peligro que para el crecimiento de la producción y del empleo puede suponer una reducción del déficit público, desconocen o quieren ignorar los avances que se vienen produciendo en la investigación económica de las últimas décadas para refugiarse en las doctrinas de los años 30 del pasado siglo. Ochenta años son muchos años en el progreso de cualquier ciencia, incluso en economía.

Por otra parte, el crecimiento de la producción también tiene que venir impulsado por cambios sustanciales en nuestra estructura productiva. Esos cambios tienen que derivarse de reformas profundas que impulsen la eficiencia, reformas ya anunciadas por el presidente en su discurso y que se concretarán en un nutrido conjunto de proyectos de ley para cambiar nuestra realidad económica. Pero el crecimiento no surgirá solo de la reducción del déficit y de las reformas. Dos factores adicionales se necesitarán, además, para generarlo. El primero, que se impulsen las exportaciones y el consumo reduciendo los costes de producción sin incidir negativamente sobre la demanda. Una vez anunciada la subida del IVA, podría esterilizarse esa subida -a cambio, desde luego, de mayores reducciones en los gastos- aplicando su importe a una disminución de las cotizaciones sociales. Como las exportaciones no son gravadas por el IVA en el país de origen y, sin embargo, las cotizaciones están incluidas en los costes de todo el PIB, la reducción de las cotizaciones puede impulsar las exportaciones y el consumo. Ese es el camino que ha prometido seguir nuestro Gobierno, aunque no sin parsimonia pues se ha tomado dos años a partir del actual para disminuir sucesivamente en un punto las cotizaciones pero, a lo que parece, sin que esa disminución termine equilibrándose con el aumento del IVA.

El segundo, que de una vez por todas se limpie nuestro sistema financiero librándole de los activos tóxicos que le ahogan, al tiempo que se recapitalizan, con los fondos de la UE y al máximo exigido por las normas internacionales, las entidades que lo necesiten. La solución del primero de esos problemas -la limpieza de activos tóxicos- tiene que derivarse de unas provisiones suficientes para compensar las pérdidas de valor de esos activos y de su colocación en un banco malo, como ahora exige la UE y como algunos, soportando una fuerte y poderosa oposición, hemos pedido desde la toma de posesión del actual Gobierno. Sólo con entidades financieras bien capitalizadas y libres de activos tóxicos se logrará que el crédito fluya hacia el sector privado y pueda reanudarse la financiación de las inversiones necesarias para el crecimiento.

Otro importante acontecimiento de estos días ha sido el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre los límites del déficit público de las comunidades autónomas para el año actual y para los dos próximos. Ese límite se ha mantenido en un 1,5% para este año, reduciéndolo a un 0,7% para 2013 y a un 0,1% para 2014, pero el acuerdo ha sido muy discutido y finalmente aceptado sólo por mayoría de las comunidades, con la oposición manifiesta de cuatro de ellas y la sorprendente abstención de otras dos regidas por el partido del Gobierno. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda ha advertido a ocho comunidades que se estaban desviando de sus objetivos de déficit para este año lo que abriría el camino a importantes sanciones e, incluso, a la intervención por parte del Estado de no atenderse esas advertencias. Pero ni se ha revelado oficialmente el nombre de las comunidades afectadas ni parece que, cualquiera que sea la respuesta, se quiera llegar a más, aunque la alta proporción de las advertidas (ocho sobre 17) subraya donde se encuentran las auténticas dificultades para el control del gasto y del déficit público.

Casi la mitad de las comunidades autónomas pueden estar hoy fuera de límites, algo poco adecuado para restablecer la confianza en nuestra política económica. Su rebelión es evidente: de 600 empresas públicas que deberían suprimir sólo han eliminado dos.

Tres observaciones más han de hacerse todavía al discurso del presidente y a las medidas que contiene. La primera, que un discurso parlamentario no puede sustituir una comparecencia expresa, solemne y directa del presidente del Gobierno ante la ciudadanía. Ya se ha explicado a los diputados la situación por la que atravesamos. Ahora hay que hacerlo a los ciudadanos, partiendo de un programa de política económica completo y bien articulado y sin temor a desvelar en toda su crudeza las muy serias dificultades a que nos enfrentamos, las limitaciones que frenan la política económica necesaria y los sacrificios que todos, y no sólo los ciudadanos, tendremos que soportar para que se superen nuestros problemas actuales.

La segunda, que esos ciudadanos esperan, con ansiedad y creciente irritación apenas contenida, acciones profundas y sin paliativos respecto a la clase política y sindical y a la configuración de nuestro Estado, porque consideran insoportable su coste actual. No se les pueden pedir dolorosos sacrificios si esa clase y esas estructuras no se reducen considerablemente, ni pueden admitirse amenazas por parte de algunas comunidades sobre recortes en gastos sociales cuando se mantienen muchos servicios y miles de empleos innecesarios en la Administración y en empresas creadas para evitar controles y reglas contables, se duplican o triplican tareas o se acometen aventuras exteriores que poco o nada interesan a los habitantes de su territorio.

Finalmente, la tercera es que la tarea que tenemos por delante no es para que el Gobierno la emprenda en solitario, incluso contando con mayoría absoluta porque, como en el caso de la reciente reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, quizá se necesiten mayorías más cualificadas y también porque la actual mayoría absoluta podría verse disminuida ante las fortísimas dificultades que habrán de afrontarse, como ha ocurrido en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso, sin que el Gobierno renuncie a su obligado protagonismo, también debería buscar el apoyo de las fuerzas políticas más responsables, si es que el sentido de responsabilidad colectiva aún no se ha perdido en nuestro país.

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