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ERE

Rivera, imputado por 4 delitos en el caso de los ERE, admite que "puede tener responsabilidad política, pero no penal"

12/07/2012
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La magistrada rechaza por "extemporánea" la recusación planteada por el exdirector general de Trabajo

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado un total de cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, que durante su comparecencia de este miércoles ha llegado a admitir que "puede tener responsabilidad política, pero no penal".

La comparecencia ha comenzado a las 11,35 horas de este miércoles con la lectura por parte de la magistrada de los hechos y delitos que le imputa, como son cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y infidelidad en la custodia de documentos.

Según ha señalado la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Rivera habría otorgado 42.947.915,24 euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, mientras que también le imputa no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa, así como la "desaparición" de algunos documentos relacionados con los expedientes de las ayudas.

Durante una comparecencia por momentos "tensa" y en la que el imputado ha mantenido en algunas ocasiones una actitud "provocadora", según algunos abogados presentes en la declaración, Rivera --que es licenciado en Derecho-- ha llegado a mantener alguna discusión con la instructora, a la que ha llegado a espetar frases como "usted no me permite que conteste lo que a mi derecho convenga" o "usted es la dueña de sus preguntas y yo de mis respuestas".

"DIRECTRICES" DEL CONSEJERO RECIO

El imputado ha dicho que, cuando se hizo cargo en 2010 de la Dirección General de Trabajo, recibió una serie de "directrices" por parte del entonces consejero, Manuel Recio, quien le dijo que "no se podían otorgar más ayudas que las que ordenase" el viceconsejero del ramo en aquella época, Justo Mañas, y que fue al mes de llegar al cargo cuando se dio cuenta de que se habían concedido hasta 70 millones de euros en ayudas sin contar con un convenio previo, aunque ésta se tenían que seguir abonando porque de éstas dependía el cobro de las ayudas de 6.000 prejubilados.

Al hilo de ello, ha puesto de manifiesto que, en otoño de 2010, ya tuvo conocimiento de que había un "problema" y de que el procedimiento de las ayudas no era el adecuado, aunque ha querido dejar claro que "nadie" le advirtió de la inidoneidad del procedimiento, citando en este punto a la Secretaría General Técnica, al gabinete jurídico de la Consejería de Empleo y de la Junta, a la Intervención Delegada, a la Intervención General, al servicio de legislación o a IDEA.

Daniel Rivera, que ha reconocido que las ayudas no contaban con una fiscalización previa, tal y como puso de manifiesto un informe jurídico, ha aseverado que existen responsables de IDEA que le podían haber advertido de esta inidoneidad del procedimiento, aunque cuando la juez le ha preguntado acerca de quiénes son estos responsables, el imputado se ha negado a dar nombres.

APORTARÁ UN INFORME DE SU GESTIÓN

"Nunca pensamos que las irregularidades detectadas fueran de tanta gravedad como para ser penales", ha llegado a decir, según las fuentes consultadas, quienes han añadido también que el exdirector general de Trabajo ha anunciado que, este mismo jueves, aportará un informe de gestión "detallado" en el que describe su actuación en este asunto.

Durante el interrogatorio, la juez ha cifrado en seis meses el tiempo que, una vez detectadas las irregularidades, la Administración autonómica tardó en ordenar frenar los pagos a los 'intrusos', lo que se hizo en el mes de junio de 2011, algo que ha sido reconocido por el propio imputado, que ha argumentado que en todo ese tiempo se siguió un procedimiento y se abrieron una serie de expedientes administrativos internos que concluyeron con la interrupción de los pagos en el referido mes de junio.

En la sesión de tarde, asimismo, ha dado a conocer que, durante el pasado mes de junio, la Junta detectó la existencia de 200 personas que no tenían derecho a seguir cobrando las ayudas sociolaborales concedidas, aunque ha dicho que no han elevado esta información al Juzgado al considerar que no había ilícito penal, ante lo que la juez ha contestado diciendo que "la que determina si hay ilícito penal soy yo". "Ahora resulta que yo soy un ser y un delincuente", ha aseverado el imputado.

ADMITE HABER REMITIDO EXPEDIENTES INCOMPLETOS

El exdirector general de Trabajo ha reconocido, además, que desde la Consejería de Empleo se remitieron al Juzgado una serie de expedientes de ayudas a los que, previamente, les habían quitado post-it y notas manuscritas, punto en el que la magistrada ha señalado que los referidos expedientes eran un "desastre", lo que ha dicho compartir el propio encausado.

Asimismo, y en la jornada de este miércoles, la juez ha dado traslado a las partes de un auto en el que inadmite a trámite la recusación planteada por Rivera por el supuesto retraso en resolver los recursos contra su imputación, ya que, según la magistrada, "es evidente que la recusación extemporánea planteada se ha formulado con el único propósito de suspender las declaraciones programadas, pues es precisamente en el día de mañana --por hoy-- cuando Rivera tendrá conocimiento detallado de los hechos que se le imputan en base a las actuaciones practicadas".

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que "es claramente extemporánea la recusación formulada" y recuerda al imputado que, según la Ley, "en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe y los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidente y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de Ley o procesal".

"REFLEXIÓN"

Por último, y a modo de "reflexión", la juez le recuerda que fue en abril cuando pudo disponer de un juez de apoyo, pese a lo cual la instructora "no sólo conoce de este procedimiento, como erróneamente cree el recusante, sino que están a su cargo diversas macrocausas, que disponen de varias habitaciones repletas de documentación sólo para ellas, y que son notoriamente conocidas por todos, como el delito societario contra Manuel Ruiz de Lopera y las dos diligencias derivadas del tema de Mercasevilla, además de asumir las guardias ordinarias que le corresponden a cualquier Juzgado de Instrucción".

"Si el recusante considera que, pese a ello, el retraso alegado en los recursos es anormal o ilegítimo, podrá ejercitar las acciones que le corresponden, bien judiciales, o bien a través de la vía disciplinaria", concluye la magistrada.

La comparecencia de Rivera continuará este jueves, a partir de las 10,30 horas, con nuevas preguntas de la magistrada.

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