MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se regula la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a subvencionar la asistencia jurídica de los españoles que afronten condenas de pena de muerte en el extranjero.
Las ayudas podrán cubrir total o parcialmente el importe solicitado hasta un máximo de 30.000 euros y podrán ser solicitadas por los propios acusados o aquellas instituciones que aspiren a prestar la asistencia jurídica.
Los destinatarios serán los ciudadanos españoles que están sometidos a un juicio en el extranjero por delitos que puedan ser castigados con pena de muerte. Las ayudas se mantendrán si el Ministerio Fiscal o la institución equivalente solicita una pena de esta naturaleza.
También podrán ser concedidas las ayudas en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte.
RECURSOS LIMITADOS EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS
La orden explica que la "muy elevada" cuantía del coste de una defensa jurídica de calidad en procedimientos de esta índole hace que los acusados tengan "en pocos casos" recursos suficientes para costearla, lo cual justifica que el Estado ayude a sufragar su representación.
La excepcionalidad de la pena de muerte, no prevista en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior del Gobierno, justifica "plenamente" la concesión de estas ayudas, según la orden recogida por Europa Press.
"Su concesión no supondrá un trato de privilegio en relación con los acusados en España, ya que esta excepción se establece para la defensa jurídica frente a una pena a la que, por inexistente en nuestra legislación, no puede enfrentarse ningún acusado en España, fuere cual fuere el delito del que se le acusa", argumenta.
Las solicitudes podrán dirigirse desde mañana a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El plazo concluirá transcurridos dos meses y un órgano colegiado valorará las peticiones cursadas.
"La existencia en la persona física o jurídica solicitante de intereses objetivos de naturaleza económica, política, ideológica, religiosa, profesional o de otra índole que pudieran ser tangenciales a los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte se valorará negativamente a la hora de evaluar cada solicitud", especifica la orden, suscrita por el ministro José Manuel García-Margallo.
