ADELGAZAR EL SECTOR PÚBLICO
La reforma de la Administración es un tema de debate clásico en la literatura política. Unas veces se centran en saber cuál sería la estructura y organización idóneas de los poderes públicos y otras se orientan a determinar cómo conseguir mayor eficiencia en el trabajo de quienes prestan servicio a los ciudadanos.
Conseguir que el grado de desarrollo del tejido administrativo no se hipertrofie aún más hasta lograr que sea el adecuado y conseguir que el volumen de los recursos humanos en la Administración no se sobredimensione son, en realidad, dos variables que se entrelazan, pero, hasta ahora y con cierta frecuencia, sin el deseable acierto. En España, al igual que en otros muchos países, los gobernantes han de hacer frente a estos retos que, en esencia, son la calidad y el coste de los servicios públicos. Ello es siempre importante y aún más especialmente en tiempos de crisis y de austeridad. Es cierto que las recetas no serán las mismas, porque diferente es la intensidad y gravedad de los problemas, pero es habitual la coincidencia en los objetivos a los que debería responder la hoja de ruta de la reforma: contar con una Administración ágil y eficiente.
España se encuentra, también en este ámbito, en una difícil encrucijada, que requiere decisiones ambiciosas y reformas profundas. Lamentablemente, no disponemos apenas de tiempo para llevarlas a cabo. Desde instancias europeas se reclama al Gobierno que haga visibles estos cambios que, por otra parte, vienen demandados por la imperiosa necesidad de reducir el gasto público. Tenemos superpuestos y no siempre coordinados cinco niveles administrativos. Esta compleja organización es hija de vicisitudes políticas distintas y de momentos históricos diferentes. Por eso, no es de extrañar que no haya el grado de sintonía necesario entre el Estado autonómico y la Ley de Régimen Local. Como tampoco lo hay entre el diseño provincial de Javier de Burgos, hijo del siglo XIX, y las funciones del moderno Estado del Bienestar. Algo tiene que cambiar.
Durante estos años se han adoptado algunas decisiones en falso. Así, la multiplicidad de ayuntamientos (más de 8.000) que no se puede corregir sin más o creando mancomunidades. De otro lado, la duplicidad de competencias en servicios públicos básicos está a la orden del día, pero tampoco se acierta cuando se crean nuevos organismos para coordinarlas y ganar en agilidad. No se ha buscado para ello la simplificación y el adelgazamiento de costosas estructuras. Por el contrario, han proliferado fundaciones, empresas públicas y organismos que han contribuido al crecimiento del gasto y al aumento de empleados y directivos. Los datos de la EPA nos dicen con claridad que cuando baja el empleo en el sector privado, el sector público sigue creciendo, menos, pero creciendo.
Han pasado los tiempos de la euforia económica que abonaron el aumento del sector público, a impulsos de la transferencia de competencias a favor de las comunidades. Ha pasado también el tiempo en el que estas últimas rivalizaban entre sí, ofreciendo retribuciones y condiciones de trabajo sustancialmente mejores. El Gobierno ha anunciado que va a tomar medidas para reconducir y reordenar la situación. No deberían contraerse a meras decisiones de recorte del gasto, porque lo que, fundamentalmente, hace falta es reformar la estructura de nuestra Administración haciendo que sea la que los ciudadanos tienen derecho a esperar: una Administración propia del siglo XXI, esto es, menos costosa, más sencilla y cercana.
