VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargada de investigar un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat, considera que Rafael Blasco --extitular de este departamento y actual síndic del PP en las Cortes regionales-- participó de los beneficios "ilícitos" de la trama y afirma que conocía las "irregularidades" y, sin embargo, no actuó.
Así consta en un auto con fecha de 29 de junio, en el que la magistrada, tras considerar que Blasco pudo haber cometido un delito de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma la investigación, puesto que es a este órgano al que le corresponden las causas con aforados. Y Blasco lo es.
De esta manera, la jueza ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, organismo que solicitó el traslado de la causa al TSJCV al estimar la existencia de indicios delictivos "razonables" y "suficientes" que acreditaban la participación de Blasco en los hechos investigados.
En la causa, que cuenta con 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción, se investigan supuestas irregularidades en la concesión por parte de la Administración autonómica de subvenciones --entre los años 2008 a 2011-- destinadas a la cooperación al desarrollo para el tercer mundo, así como anomalías en la gestión de dichos fondos.
Con la intención de obtener estos fondos, el empresario Augusto César Tauroni, quien actualmente se encuentra en prisión por esta causa, contactaba con pequeñas entidades, carentes de medios personales y materiales, para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo. Muchas de ellas no tenían trayectoria en el mundo de la cooperación, y a ellas les ofrecía gestionarles tanto la parte administrativa como la técnica de los proyectos. Entre estas entidades figura Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa y Fundación Cyes.
Tauroni, según da como probado la jueza, decidió participar de forma directa, a través de la Fundación Entre Pueblos --posteriormente denominada Hemisferio--, o indirecta, a través de las pequeñas ONG, en las convocatorias públicas de subvenciones de la consejería, "al contar con la aprobación y apoyo" de Blasco, "quien atendiendo al cargo político desempeñado, le iba a favorecer en la aprobación de los proyectos que presentase".
El propósito final era desviar buena parte de los fondos públicos y, para ello, Tauroni creó un entramado de empresas directamente relacionadas con él mismo, unas domiciliadas en España y algunas otras en EEUU. Estas mercantiles facturaban a las pequeñas entidades beneficiarias de las subvenciones y que, o bien no llevaban a cabo el servicio facturado, o bien el valor por el que se facturaba estaba muy por encima del precio ordinario del mercado.
La jueza cita como ejemplo de esta práctica los proyectos otorgados a la Fundación Cyes en 2008 para abastecimiento de agua en Nicaragua y producción de alimentos. De lo que se desprende de algunas testificales, esta entidad no podía acreditar experiencia previa, con lo que los técnicos se negaban a hacer el correspondiente informe por el que Blasco podría aprobar las subvenciones.
BLASCO, "ENCOLERIZADO"
En un momento determinado, Blasco ordenó convocar a estos técnicos a una reunión urgente, y en ella les expresó su desagrado por su postura, y les insistió y exigió "de forma persistente" que le entregaran el acta para darle el curso correspondiente, a la vez que cuestionaba su profesionalidad. Blasco, "encolerizado", llegó a dirigirse a los técnicos advirtiéndoles de que se iba a dedicar durante el periodo estival a revisar todos los expedientes cursados por ellos para buscar irregularidades en los mismos. Al final, Fundación Cyes presentó una documentación que luego se comprobó que no era verdadera, y Blasco le otorgó la subvención.
En total, la fundación recibió 1.666.818 euros, de los que tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua. Con el resto, adquirió cuatro inmuebles en Valencia, por importe de 969.875 euros, y abonó facturas "desorbitadas" a empresas propiedad de Tauroni. Y esta fue la forma de operar hasta 2011 con el asunto de las subvenciones, incluso con el proyecto de construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto. Así lo corrobora también un informe de la Intervención General del Estado.
Según afirma la jueza en el auto, Blasco "conocía el fin último" de Tauroni de "lucrarse" con los fondos obtenidos de las subvenciones de la consejería y, además, asevera que participó de los beneficios "ilícitos" obtenidos por Tauroni "al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste".
La magistrada fundamenta estas afirmaciones, entre otros indicios, en diversa documentación intervenida en el domicilio de Tauroni, en la que aparecían iniciales unidas a cifras que podían corresponder a pagos en metálico. Entre estas iniciales se encontraban 'RR', 'MLL' y 'YO'. En la columna de 'RR' constan dos cantidades por importes de 7.500 y de 5.000 euros, y la magistrada estima que existen indicios "suficientes" para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de 'Roger Rabit' y, por tanto, a pagos efectuados a Blasco --le llamaban así, o 'Conill' y 'Conejo'--.
INFORME FISCAL
El fiscal ya alertó en el escrito que remitió a la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, que Blasco contaba con la colaboración de personal directivo y funcionarial de la consejería, que se dedicaba a facilitar la concesión de las subvenciones que recibían las ONG vinculadas a Tauroni, así como a facilitar la justificación de la ejecución de los proyectos subvencionados, "pese a saber que éstos no se habían realizado conforme a los requisitos de la concesión de la subvención".
Asimismo, el ministerio público aseguró, respecto a los proyectos adjudicados a la Fundación Cyes, que Blasco "presionó" a los miembros del comité de valoración para obtener la propuesta que le permitiese dictar la resolución, "a sabiendas" de la entidad carecía de los requisitos para su concesión. Esta "insistencia" y "presión" para la concesión, "solo se puede explicar desde la relación de amistad y de negocio existente entre Blasco y Tauroni", como se desprende del contenido de las conversaciones telefónicas existentes entre ambos entre los meses de mayo de 2011 a febrero de 2012.
Al respecto, tanto el fiscal como la jueza recogen una conversación telefónica entre Blasco y Tauroni, de 8 de junio de 2011, en la que el primero le dice al empresario que esté tranquilo, que va a salir todo muy bien, y le indica que acabará con él de alcalde de Nueva York --posiblemente en referencia a los cambios producidos como consecuencia de nuevos nombramientos y ceses derivados de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011--.
