MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha negado que la anunciada prisión permanente revisable sea una pena "inhumana" o "degradante" que vulnere los parámetros constitucionales y ha circunscrito esta sanción a los delitos de terrorismo porque afectan a los "casos más graves" cometidos "contra el corazón del Estado, no contra bienes individuales".
En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Román ha negado las críticas del PSOE y de los grupos de la Izquierda Plural que han dudado de la constitucionalidad de esta medida y la han tachado de "populista". "Rechazo tajantemente la acusación de populismo", ha respondido.
Según ha argumentado, Justicia estudia la implantación de esta figura teniendo en cuenta que siempre habrá "flexibilidad" sobre el mínimo de cumplimiento y se observará la capacidad de reinserción del reo. El tribunal y un equipo de técnicos emitirán su valoración sobre la evolución del penado.
"Es perfectamente legítimo que demos las soluciones mayores a los problemas de mayor gravedad cuando así son sentidos por la sociedad española", ha remachado.
En términos generales, ha anunciado que se presentará "en breve" la reforma del Código Penal en la que se estudia la despenalización de las penas y se darán soluciones "puntuales" a las carencias o disfunciones detectadas en la legislación vigente.
En relación con la tipificación de los delitos relativos a las manifestaciones, ha afirmado que el texto velará por los derechos del participante pacífico pero también de quienes libremente desean no tomar parte en ellas. ""No se trata de coartar derechos sino de protegerlos", ha remachado.
De este modo, Román ha destacado que el reproche penal recaerá sobre los responsables de los actos violentos y ha añadido que con "excesiva frecuencia" éstos se han podido ver en algunas concentraciones celebradas con motivo a "reuniones de alto nivel", como las producidas en Barcelona.
TRIBUNALES DE INSTANCIA
El secretario de Estado ha anunciado que su departamento espera presentar el próximo febrero en el Congreso el proyecto de ley que implantará los tribunales de instancia basados en la colegiación y en la racionalización de los recursos personales y materiales.
Román se ha referido a la "profunda" reforma de la Administración de Justicia que prepara el Gobierno y ha reconocido el buen trabajo que dejó el Ejecutivo anterior para proyectar una nueva organización. "Lo asumimos y lo impulsamos", ha remachado.
Ha argumentado que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha acogido la "generalizada sensación de apoyo" que rodeó a esa "buena fórmula" para completar la Oficina Judicial y otorgar una mayor seguridad jurídica.
El Ministerio ha constituido así dos comisiones de expertos que analizarán las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, normas que afectarán al "tronco medular" de esta Administración.
Román espera que los borradores sean presentados a mediados de septiembre para ser posteriormente sometidos a la consulta de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. "Esperamos que puedan entrar definitivamente en febrero en el Parlamento", ha destacado.
En referencia con el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la supresión de los partidos judiciales, ha asegurado que el Ministerio no prescindirá de los edificios y medios materiales actuales y ha reconocido la inquietud que esta propuesta ha generado en los territorios. "Hemos recibido muchas llamadas en este sentido", ha apostillado.
LA OPOSICIÓN DENUNCIA EL "POPULISMO"
El principal grupo de la oposición se ha quejado de que el Gobierno no le haya llamado ni en una sola ocasión para escuchar su opinión sobre las reformas legales y base su política en una cuestión de "ideología pura", en lugar de en el funcionamiento de la Justicia.
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, ha advertido de que España dispone de "uno de los Códigos Penales con mayor extensión en sus penas" y que las cárceles ya están "demasiado llenas". "Con el sufrimiento personal, social y familiar que eso conlleva, además del coste económico", ha añadido.
Ha acusado al departamento de Alberto Ruiz-Gallardón de mantener un "discurso populista más propio de una derecha que pertenece al pasado, que a una derecha moderna y democráticamente".
Por su parte, los grupos de la Izquierda Plural han puesto de relieve el valor económico y cultural que conllevan los juzgados para cada territorio, al tiempo que han mostrado su "preocupación" y "perplejidad" por la reforma penal que planea el Gobierno.
"No se sabe si es el ministerio de Justicia o el Ministerio de Información y Turismo", ha señalado el diputado Gaspar Llamazares, que ha apostado por el desarrollo de módulos terapéuticos y de educación y ha reclamado "no hacer electoralismo" ni "populismo penal".
