SEGURIDAD EN LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA TELEVISIÓN
Si hay un sector empresarial que reclama, como probablemente ningún otro, seguridad jurídica, es el de la televisión. De dicha seguridad dependen la eficacia del derecho de los ciudadanos a ser informados, la posibilidad efectiva de las empresas a desarrollarse, la viabilidad de las inversiones nacionales y extranjeras realizadas y la salvaguarda del empleo.
El anterior Gobierno llevó a cabo una política errática en el sector audiovisual, propugnando un incremento de empresas televisivas que terminaría en unos procesos de absorción de las nuevas entidades por las preexistentes. Al propio tiempo, planificó, además del adelanto del tránsito de la televisión analógica a la digital, un trasiego de canales que a las empresas del sector audiovisual les ha supuesto problemas de estabilidad, de mantenimiento de la audiencia y de proyección hacia el futuro.
Tecnológicamente, las empresas de televisión se han encontrado, durante un dilatado periodo de tiempo, en una situación claramente precaria y el sector sufre la lacra de qué se han invertido los escasos recursos públicos en subvencionar que el tránsito tecnológico se produjese en una situación en la que se discriminaba a todas las tecnologías distintas de la terrestre.
El actual Gobierno se ha tenido que enfrentar a esta realidad y a la circunstancia añadida de que las cuantiosas ayudas públicas otorgadas entre 2008 y 2010 para conseguir el tránsito de la tecnología analógica a la digital, han estado dirigidas y no han sido neutras. Ello ha determinado una contundente reacción de la Comisión Europea que tiene abiertos y en muy avanzado estado de tramitación dos procedimientos de investigación al Reino de España.
Ahora, se somete al sector a la ejecución de un nuevo tránsito tecnológico de los canales que explotan las empresas a canales diferentes, ejecutándose lo que ya planificó el Gobierno socialista.
Se es consciente del esfuerzo que los actuales responsables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo están realizando para buscar un punto de equilibrio. Sin embargo, la compleja situación existente no debe provocar la reducción del número de canales privados que las televisiones operan en la actualidad o que se instaure la tecnología de alta definición como única opción para algunos de ellos cuando los hogares no están preparados para recibirla. Tampoco sería comprensible un nuevo sacrificio al sector de la televisión privada en beneficio de una televisión pública inviable. Las empresas no sólo claman por la necesaria seguridad jurídica y buscan el mayor grado de estabilidad regulatoria, sino que, además, han aportado alternativas viables, con el consenso de los fabricantes de receptores, para que la Administración pueda dar el máximo cobijo y asiento a contenidos que ya son hoy una realidad y enriquecen la oferta audiovisual informativa, de entretenimiento y de ocio y de los que dependen cuantiosas inversiones nacionales e internacionales y miles de empleos.
A estos efectos, los pasos normativos que se han dado desde el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre que planificó inicialmente la televisión digital terrestre deben posibilitar que, con el máximo respeto a empresas que han invertido en el sector, éstas encuentren su acomodo durante un dilatado periodo de tiempo. Debe primar la necesidad de que se mantengan los canales o señales de televisión que normativamente han ido reconociendo a las operadoras de televisión frente al anhelo de la alta definición que si bien tecnológicamente representará un avance en el futuro cuando se despeje por los fabricantes el riesgo derivado cuál va a ser su efectiva evolución tecnológica, no puede producirse en detrimento del número de señale vivas que permite ya hoy al usuario de la televisión, quien no es otro que el ciudadano libre que desea acceder a la información que él elija, beneficiarse de la oferta plural de canales.
En esta tesitura, se reclama el mayor esfuerzo con la finalidad de que el pluralismo informativo que c salvaguardar el escenario definitivo no se vea afectado por la escasez del espectro y los operadores de televisión que buscan la anhelada estabilidad para poder competir en contenidos y en oferta al ciudadano, no encuentren permanentemente en tránsito y en tierra de nadie.
Es verdad que el tránsito tecnológico tiene cor causa la normativa comunitaria pero no es menos cierto que el sector de la televisión no puede ser sacrificado como consecuencia de las necesidades tecnológicas del sector de las telecomunicaciones y que dicho tránsito debe producirse con el máximo grado de seguridad jurídica, haciendo posible a las empresas que ya existen y que mantienen, en muchos casos con grandísimo esfuerzo, sus señales, atraer inversión y proyectarse hacia el futuro.
Debe hacerse posible que las empresas que ya existen y que mantienen, en muchos casos con un grandísimo esfuerzo, sus señales, puedan tener perspectivas de estabilidad y de futuro.
