MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)
Las defensas de acusados en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), han aludido a la inconcreción de las acusaciones y a la falta de pruebas. Además, un letrado ha añadido que los procesados llevan "seis años de pena de banquillo y no es de recibo que la acusación se limite a reproducir unos hechos que se contienen antes de realizar la vista oral", refiriéndose en especial al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía.
Los letrados de los acusados Gonzalo Fernández-Castaño, José María Enríquez, Julio de Marco, Joaquín Martínez-Vilanova, José María Pérez y Fidel San Román han argumentado sus posiciones en contra de las acusaciones, en algunos casos de forma total, pidiendo una sentencia absolutoria y en otros, como el de San Román, de forma parcial, instando una pena sólo de multa, al haber reconocido desde el principio que pagó la cantidad de tres millones de euros.
Así, el abogado de José María Enríquez ha criticado en concreto la conducta procesal del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía por su "dejadez" a la hora de analizar la prueba practicada en la vista oral, lo que, en su opinión, "debe tener su reflejo en la sentencia" que se dicte por la Sala, estimando que deben ser condenadas en costas.
La letrada de Fernández-Castaño, por su parte, ha dicho que "la marea del caso 'Malaya' ha arrastrado y llevado consigo sin mucho tipo de discriminación prácticamente todo lo que se ha encontrado a su paso" y ha criticado que "ni el instructor ni las acusaciones han hecho un estudio detallado de las verdaderas circunstancias que rodean a los acusados", indicando que se debería haber hecho un ejercicio de individualización.
"No cabe esta especie de condena colectiva que se parece pretender a veces por las acusaciones", ha indicado la abogada, al tiempo que ha recordado que en el proceso penal hay que "detallar los comportamientos invidualizadamente imputados a cada acusado, señalar las pruebas mediante las cuales se entienden probadas esas conductas y encuadrarlas en tipos delictivos", lo que en su opinión no ha ocurrido.
PERJUDICADOS
Por su parte, para la defensa de San Román, "que si ustedes ponen el nombre de todos los empresarios que están aquí en un mapa, verán que tienen más pintura colorada en sus suelos de lo que pueden imaginar y no por ubicación sino porque están inmersos en este proceso 'Malaya'". "Así se ha hecho el Plan General de Ordenación de 2010, se ha puesto los nombres de los distintos dueños de suelo y se les ha tildado como parques y jardines como actitud que tenía que tener un reproche administrativamente hablando", ha apuntado.
"Eso sí lo considero un urbanismo a la carta", ha dicho, indicando que en cuando a San Román el efectuar el pago "fue un estado de necesidad" porque había cuatro bloques finalizados y "se podía enfrentar a 66 querellas" de los particulares que habían comprado los pisos y no obtenían licencia de primera ocupación. Por esto, pide una condena por un delito de cohecho, pero con la aplicación de tres atenuantes, y rechaza otras acusaciones.
En este sentido, ha explicado que pide la imposición de una multa basándose en el cambio de calificación del fiscal respecto de uno de los acusados, también empresario. "Si quien llega a un acuerdo con la Fiscalía tiene un reproche penal con una limitación, quien no llega a un acuerdo tiene que tener por analogía, y en este caso que hemos reconocido parte de culpa, un reproche penal similar al que sí ha tenido a bien aceptar la dinámica", ha considerado.
Respecto al delito de blanqueo que nace de un hecho penal de Roca, ha asegurado que "no se puede decir que cualquier persona que ha tenido un problema en la vida está total y absolutamente estigmatizado y está estigmatizado también en la vida civil, y no pueden comprar, ni vender, difícilmente trabajar y mucho menos llegar a buen puerto todas y cada una de las actuaciones que realice en la vida diaria".
VULNERACIONES E INVESTIGACIÓN
Este abogado, que ha expresado al inicio de su informe final su deseo de que el principal acusado y presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca, pueda salir de prisión una vez terminado este juicio, ha cuestionado determinadas partes del desarrollo de la investigación, considerando que en el momento en el que se tomó declaración a dos asesoras urbanísticas como testigos "el caso 'Malaya' quedó cojo".
Los abogados de varios de los procesados, como ya hicieron en sesiones anteriores otros abogados y la mayoría en la fase de cuestiones previas, se han referido a la vulneración de derechos fundamentales por las detenciones producidas al comienzo de la instrucción, recordando las sentencias recientemente dictadas por el Tribunal Constitucional respecto al arresto del empresario acusado en esta causa Tomás Olivo y su prórroga.
En este sentido se han manifestado la defensa de San Román, quien ha manifestado que "no se puede tener a las personas que se detienen más de 72 horas y si no se tiene logística, que no se detenga", y la abogada de Fernández-Castaño, que ha considerado que la Sala "debe valorar también el enorme perjuicio y enorme sufrimiento personal que lleva aparejada esta clara y contundente vulneración de los derechos fundamentales".
Por otro lado, a juicio de esta letrada, en estos meses de juicio "se ha dado por hecho que todas las personas que se sientan en el banquillo están vinculadas a la promoción inmobiliaria en Marbella y algo más grave, como es que tenían cumplidísimo conocimiento de todas las circunstancias que rodean al Ayuntamiento, las personas vinculadas a él, los planes urbanísticos o los procesos judiciales", lo que, ha dicho, "no es el caso de mi patrocinado".
PORTILLO
En este sentido, los abogados defensores de los responsables de Portillo, acusados también de cohecho, han coincidido en que sus clientes no dan el perfil señalado por el fiscal en cuanto a los empresarios que pagaron a Roca, porque ni tenían intereses urbanísticos vivos en Marbella ni han modificado su declaración inicial, señalando siempre que un exconcejal que fue acusado pero falleció les pidió dinero, pero que el pago no se llegó a realizar.
En estas dos premisas, han indicado, coinciden tanto acusaciones como las defensas, aunque la discrepancia es que las acusaciones sostienen que sí se tomó la decisión de pagar, lo que niegan estas defensas, que han trasladado la responsabilidad penal a quien solicitó el dinero mediante "presiones" a los acusados. Apoyándose en las mismas conversaciones telefónicas en las que se basa el fiscal, han insistido en que "se pretendió dar largas y torear" al exedil.
