VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Así consta en el informe que ha remitido este viernes el ministerio público a la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye esta causa en la que hay 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción. El fiscal ha presentado a la magistrada un informe con una exposición razonada de los hechos.
En concreto, en este escrito, la Fiscalía deja patente que considera que existen "fundados indicios" de la participación de Rafael Blasco en los hechos investigados en el juzgado. Por este motivo, también solicita a la magistrada que eleve la causa, si lo considera oportuno, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), puesto que este órgano es el competente para instruir los procedimientos en los que figuran aforados. En este caso, Blasco lo es.
El ministerio público ha apurado el plazo que le fijó la jueza para presentar este informe, y ha decidido entregarlo el último día permitido, según ha podido saber Europa Press. En total, Fiscalía estima que Rafael Blasco pudo cometer hasta cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según recoge el Código Penal, el delito de prevaricación es imputable a la autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dicte una resolución "arbitraria" en un asunto administrativo. Y contempla un castigo de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años.
El delito de cohecho se atribuye también a la autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, reciba o solicita, por sí mismo o por otra persona, alguna dádiva, favor o retribución de cualquier clase. Este delito está castigado con la pena de prisión de tres a seis años; multa de 12 a 24 meses; e inhabilitación especial para empleo o cargo entre siete y 12 años.
Asimismo, el tercero de los delitos imputados por Fiscalía a Blasco, el relativo a tráfico de influencias, se refiere al funcionario que influya a otro compañero o autoridad prevaliéndose para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí mismo o para un tercero.
El Código Penal castiga este delito con penas de cárcel que van desde los seis meses a dos años; con una multa; o con inhabilitación por tiempo de tres a seis años. El artículo concreta que si se hubiera obtenido el beneficio perseguido, estas penas se impondrían en su mitad superior.
OTROS DELITOS
Por su parte, el delito de falsedad documental contempla penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Se puede atribuir a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; simulando un documento parcial o totalmente, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; y suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
Por último, el Código Penal expone que el delito de malversación de caudales públicos se puede atribuir a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustraiga o consienta que un tercero, con igual ánimo, se apodere de los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Este delito está castigado con entre tres y seis años de prisión; e inhabilitación absoluta entre seis y 10 años.
El texto judicial señala también que para este delito se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
LA CAUSA
La jueza que instruye este procedimiento investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía --que dirigía Rafael Blasco, quien actualmente no ejerce de portavoz en las Corts por este caso-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, hinchar facturas que justificaban el dinero concedido.
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.
Blasco, de 67 años y doctor en derecho por la Universitat de València (UV), siempre que se ha referido a este asunto, preguntado por los medios de comunicación, ha contestado de la misma forma, y ha apelado a que la actuación de la extinta conselleria fue "ajustada a derecho", y ha resaltado su confianza en la Justicia, "en sus tiempos y en sus procedimientos".
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en varias ocasiones ha apelado a la presunción de inocencia, aunque la pasada semana se expresó con más firmeza al asegurar que Blasco "ya sabe el camino que desde el PP se está tomando" cuando algún dirigente resulta imputado en una causa judicial, y añadió que las personas con "cuestiones que aclarar con la Justicia, no pueden desempeñar ciertos cargos".
