AMNISTÍA FISCAL: ¿BARCOS SIN HONRA?
Un impuesto sobre el té fue el detonante de la guerra de independencia de Estados Unidos, por lo que no debería extrañarnos la gran polémica suscitada por la llamada amnistía fiscal del RDL 12/2012. La norma permite a particulares y empresas aflorar bienes no declarados pagando un 10% de su valor, sin ninguna otra sanción económica ni penal. Además las empresas con beneficios en paraísos fiscales podrán distribuirlos a la matriz española pagando un reducidísimo tipo del 8%. Lo primero supone el perdón de infracciones e incluso delitos y la posibilidad de pagar un gravamen inferior al normal. La segunda norma no perdona el fraude, pero hace buena la táctica de las multinacionales consistente en reducir sus impuestos trasladando los beneficios a filiales en paraísos fiscales, con estructuras a menudo al límite de la legalidad. La polémica se aviva ahora porque una Orden de 31 de mayo permite incluir todo tipo de bienes, incluso los más opacos, como los ocultos en trusts o el dinero en efectivo.
En un contexto de subida de impuestos, es normal preguntarse cómo puede justificarse que el Estado premie el fraude y la evasión. Desde el gobierno se dijo que la medida no les gustaba pero que era necesaria para recaudar, lo que más que una justificación es una confesión de la inmoralidad de la norma. En el mundo académico se han defendido las amnistías fiscales porque no solo permiten obtener una mayor recaudación inmediata, sino también integrar en la economía formal a declarantes y patrimonios que sin ella no hubieran ingresado, lo que supondrá aumentar los ingresos y la equidad fiscal a largo plazo. Pero también se advierte de que promueven el fraude al deslegitimar el sistema y disminuir el estigma social del defraudador. Envían además el mensaje de que el Estado es incapaz de luchar contra el fraude a través de la inspección, y de que puede que haya otra amnistía en el futuro, ambas buenas razones para defraudar. Las numerosas y a veces repetidas amnistías de distintos Estados de EEUU han permitido hacer estudios sobre sus efectos reales, y el resultado es que en promedio producen un incremento de la recaudación el año en que se aplican (un 4,5%), pero en cambio afectan negativamente a la de todos los ejercicios posteriores (en un 3%). Por tanto su efecto global es claramente negativo, o dicho más castizamente, son pan para hoy y hambre para mañana.
Que los estudios empíricos confirmen la intuición de que la amnistía es algo que “está mal” no debe sorprendernos. En realidad la convivencia social y la economía descansan sobre el armazón de las creencias comunes sobre lo que es justo o ético, y si se legitiman los comportamientos inmorales, lo que se produce es la desmoralización en todos los sentidos, y la quiebra del sistema.
Por eso es tan importante cómo se plantean y articulan las medidas, y quizás todavía se esté a tiempo de enderezar algo un planteamiento equivocado. Los estudios citados han observado que los efectos negativos de las amnistías desaparecen si van acompañadas de reformas que impliquen una mayor eficacia de la inspección y esto se comunica convincentemente. Es decir, que si la regularización es una medida más dentro de una política que refuerza el cumplimiento, no desmoraliza a los cumplidores, y lleva a muchos defraudadores a declarar pues aumenta el riesgo de ser descubiertos. El gobierno ha propuesto reformas en este sentido, como el aumento de los plazos de prescripción o la mejora del intercambio de información. Pero si se quiere tener éxito se tendrán que tomar medidas concretas de comunicación con las haciendas forales -hoy casi inexistente- y extranjeras. Se tiene que liderar la lucha por la transparencia y la colaboración internacional en la Unión Europea, y concluir nuevos acuerdos bilaterales (como ha hecho recientemente Alemania con Suiza). Es preocupante que no exista ninguna iniciativa contra los entramados de filiales en paraísos fiscales, pues la combinación de amnistía y aumento del impuesto de sociedades llevará a una mayor evasión si no se hace nada por impedir la deslocalización de beneficios. Sería el momento idóneo para ello, pues todos los países occidentales tienen el máximo interés en que se repatríen los beneficios y en poner fin a un sistema que facilita la evasión.
Es evidente que para que la regularización funcione también es necesario -aunque quizás utópico- que los grandes partidos pacten un marco fiscal estable, uniforme y sencillo para toda España.
Si la amnistía no se acompaña de medidas que corrijan las estructuras que favorecen el fraude y la evasión fiscal, será un fracaso a corto plazo, y un desastre a la larga, por muchas facilidades que se den al dinero oculto. Si se aprovecha para eliminar esas estructuras, no solo será un éxito de recaudación, sino que aumentarán la equidad y la conciencia fiscal. En este caso - y casi siempre- no existe una disyuntiva entre los barcos (la recaudación) y la honra (la ética fiscal): si renunciamos a la honra nos quedaremos, además, sin barcos.
