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El Colegio de Abogados de Huelva discrepa con el CGPJ y creen que la medida "alejará al ciudadano" de la Justicia

08/06/2012
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El Colegio de Abogados de Huelva ha manifestado este jueves su discrepancia con la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de recortar el número de partidos judiciales, que en definitiva, va a suponer "un alejamiento" del ciudadano a la Justicia.

HUELVA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Según ha informado el Colegio de Abogados en una nota, el CGPJ ha llevado a cabo un estudio y realizado una propuesta para sentar las bases para "la reorganización de una nueva demarcación judicial", ya que hay conseguir "la ansiada búsqueda de una mayor efectividad "para la administración de justicia. No obstante, estiman que con lo planteado "se alejaría" al ciudadano del sistema judicial.

Consideran que "ya que está en la conciencia de todos que este servicio público no funciona con eficacia y queda muy lejos de ofrecer una óptima atención y satisfacción a los ciudadanos que sufren una prestación desgraciadamente lenta, costosa e ineficaz".

Por ello, estiman que la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que se lleva a cabo desde los aducidos criterios de "racionalidad y economía" viene, en definitiva, a suponer la "eliminación de más de la mitad de los partidos judiciales que existen en la actualidad a través de la centralización de los órganos judiciales".

De este modo, en la provincia quedarían tres partidos judiciales: Huelva capital, Ayamonte y Aracena, lo que supondría que se concentrarían en la capital de provincia los distintos juzgados que hoy asisten a diario a los ciudadanos del Condado, del Andévalo y de la Cuenca Minera. En consecuencia, consideran que "la administración se alejaría del administrado, quien tendría que soportar los costes de los traslados y la pérdida de la inmediatez del servicio".

"La propuesta supone una regresión en la situación del ciudadano frente a la administración de justicia, y un alejamiento de los principios contenidos en la Constitución que postulan el derecho al acercamiento de la administración al administrado para optimizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de eficacia e igualdad", recuerdan.

A juicio del colectivo, también contradice "la pretendida racionalidad económica, al llevar implícita la necesidad de efectuar una elevada inversión para dotar las nuevas ubicaciones de los juzgados de locales, y un desuso de los inmuebles que actualmente se destinan a las sedes judiciales en funcionamiento".

Y es por ello, por lo que presentan, "su más enérgica discrepancia" desde su "privilegiada perspectiva" que posee el abogado al coadyuvar con la administración de justicia desde el plano de la defensa personal y directa del ciudadano, "disponiendo con ello del conocimiento en primera línea de fuego de las virtudes, problemas y carencias que tiene el sistema".

En esta misma línea, estiman que existe "una realidad clara", y es que el progreso social y cultural ha supuesto "un incremento de la litigiosidad y, con ello, el colapso de los distintos órdenes jurisdiccionales que no están dotados de medios para asumir la aumentada necesidad del servicio público".

"Desgraciadamente, en los últimos tiempos desde los poderes públicos, en lugar de acometer la nueva realidad incrementando las dotaciones y medios que requiere la administración de justicia, se esgrimen políticas y decisiones que más bien suponen lo contrario", prosigue el comunicado.

Opinan que "se reducen" los supuestos en los que los administrados pueden acceder a la revisión de las resoluciones judiciales "limitando las posibilidades de recursos"; se establece la regla de vencimiento en la imposición de costas en el colapsado orden contencioso-administrativo, "vuelta de las tasas judiciales", todos criterios que más que "promover o favorecer el acceso a la justicia en condiciones de plenitud y efectividad, limitan o cercenan dicho derecho fundamental".

Por ello, consideran que esta nueva propuesta del Poder Judicial viene a ser "un ejemplo más de esta errónea proyección" a la que se oponen "con el debido respeto que merece el Órgano que la emite, pero no por ello sin la determinación que requiere su desaprobación".

Por un lado, han dejado claro que abogan por el derecho de los ciudadanos y profesionales de provincia a contar con las instituciones judiciales en condiciones de proximidad y accesibilidad. El acercamiento de la administración al ciudadano ha sido "un gran logro histórico y evolutivo" de las sociedades modernas; y en este caso, la consecución de que el mayor número de zonas territoriales dispusieran de Juzgados y Tribunales, "alejándose de la centralización de los servicios, no puede quebrantarse en base a la evolución de los transportes y comunicaciones, pues la carga económica de los traslados y la consecuente desatención recaería en el ciudadano y los profesionales de provincia que tendría que soportar tasas, transportes, tiempo y un sin fin de inconvenientes en modo alguno justificados".

Por otro lado, si en la actualidad hay dotaciones, los edificios que sirven de sedes judiciales, con la maquinaria, los funcionarios, secretarios y jueces, "qué sentido tiene concentrarlos o reorganizarlos de manera distinta, requiriendo una nueva e importantísima inversión en infraestructuras e inmuebles en las capitales de provincia que en la actualidad carece de las mismas", se han preguntado.

Han remarcado que "la tecnología debe servir para unir virtualmente lo que físicamente puede permanecer descentralizado, consiguiendo una mejor gestión de recursos y comunicaciones sin desatender la atención personal y cercana del ciudadano. Supondría una clara involución con la que, insistimos, no podemos estar de acuerdo", concluyen.

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