MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la titular del Juzgado de Instrucción número 39, Belén Sánchez, que investigue a dos testigos protegidas de los atentados del 11-M por si pudieran haber cometido un delito de falso testimonio en su declaración contra Jamal Zougam, condenado a 42.917 años de cárcel por la Audiencia Nacional como autor material de la masacre.
Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña que admite el recurso de apelación presentado por la defensa de Zougam y su madre contra las testigos rumanas J70 y C69, a las que acusa de "confabularse para obtener beneficios personales y económicos", y revoca la decisión de la juez instructora de no admitir a trámite la querella que presentó contra ellas.
La resolución judicial señala que en la querella "se relatan indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta" de las dos testigos protegidas, por lo que, "de ser ciertos", podrían ser "constitutivos de un delito de falso testimonio" y provocar "un juicio de revisión" sobre la situación de Zougam.
También sostiene que esta hipótesis no es "ni mucho menos descartable" ni "descabellada", por lo que la querella "debió ser admitida" a trámite en función de la "transcendencia" de los testimonios "ahora controvertidos", que fundamentaron una "pena de prisión de extrema gravedad".
"La querella no sólo contiene el relato pormenorizado de un hecho penalmente relevante, sino que de la misma se desprende además un dato de especial trascendencia que dota 'prima facie' de consistencia a la incriminación realizada", señala el tribunal, formado por los jueces Eduardo Jiménez-Clavería, Mario Pestaña y José Joaquín Hervás.
"NUEVAS REVELACIONES"
El escrito de Zougam también "se hace eco", según el auto de la Audiencia de Madrid, de "nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del 11-M por el tribunal enjuiciador". Si eso hubiera ocurrido, el tribunal sostiene que las testigos habrían faltado "a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral".
La querella especifica que C-65 manifestó en abril de 2004 ante el Consulado que viajaba en el tren que explotó en Santa Eugenia junto a una compatriota llamada Florentina, "de la que nunca más se supo ni fue comparecida como víctima", mientras en el juicio aseguró que quien le acompañaba era J-70.
Esta testigo no declaró nada sobre el reconocimiento de Zougam cuando acudió en marzo de 2004 a la Comisaría General de Extranjería para solicitar un permiso de residencia y trabajo y sólo lo hizo el 7 de febrero de 2005, 11 meses después de los atentados.
Según la defensa del terrorista, ambas habrían coordinado su relato con la finalidad de ser reconocidas como víctimas y con ello, alcanzar "beneficios económicos y personales" como "indemnizaciones, permiso de trabajo, reagrupamiento y nacionalidad".
