MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La resolución del alto tribunal señala además que Fabra y su ex esposa, María Amparo Fernández Blanes, deberán hacer frente a los honorarios que les reclame la Abogacía del Estado, por un máximo de 3.000 euros. No procede pago alguno a Zeta, que es la que edita la revista, al no haber formulado oposición a las pretensiones del mandatario ante el alto tribunal.
El Supremo rechaza todos los argumentos presentados por Fabra contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2009 confirmó el archivo dos años antes de la denuncia que el líder popular formuló ante la Agencia de Protección de Datos.
Entre otros argumentos, la defensa de Fabra había alegado diferencias de redacción entre la resolución de la Agencia y la sentencia de la Audiencia Nacional que según el Supremo "no son sustanciales" y carecen de toda relevancia en el tema esencial del debate: la "ausencia de prueba de la autoría". Es decir, no se pudo determinar quien facilitó la información a la revista, por lo que no cabía multa alguna.
