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El Banco Central Europeo y la soberanía; por Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco

22/05/2012
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El día 22 de mayo de 2012, se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Javier Tajadura Tejada, en el cual el autor opina que la dirección de la política económica y el impulso del crecimiento deben atribuirse a un órgano político, la Comisión, que debe ser reformada para transformarse en un auténtico gobierno responsable ante el Parlamento Europeo y dotado de un presupuesto y una Hacienda que le permita cumplir esa función.

EL BANCO CENTRAL EUROPEO Y LA SOBERANÍA

En el siglo XVI, en el dramático contexto de una Francia desgarrada por las guerras de religión, Jean Bodin alumbró uno de los conceptos capitales del pensamiento político moderno: la soberanía. Un poder absoluto y perpetuo que no admite superior. Con ello surgió el Estado moderno configurado como Monarquía absoluta. La soberanía afirmada tanto frente a los señores feudales, en el interior, como frente al Papa y al Emperador, en el exterior, permitió configurar al Estado como una unidad de acción y de decisión capaz de poner fin a la guerra civil. En Los seis libros de la República(1576) el pensador francés enunció los atributos del soberano y, con claridad y acierto, consideró la potestad de hacer la ley el más importante de todos. Esa potestad continúa siendo la principal nota definitoria del Estado, así como la de hacerla cumplir a través del monopolio de la violencia, como subrayara Weber siglos después. A continuación, Bodino añadió también una facultad que, en la actualidad, los Estados europeos han perdido, la de dar valor a su moneda. Porque era el soberano quien daba valor a la moneda, su efigie figuraba en ella, y lo que es más importante, la falsificación de moneda era un delito de lesa majestad castigado con la pena capital.

Cuatro siglos después, en 1992, y en el marco de un proceso de integración supranacional, los Estados europeos decidieron ceder sus competencias en materia monetaria a una nueva autoridad, central e independiente, el Banco Central Europeo (BCE). Los Estados de la zona euro renunciaron a sus monedas nacionales, y a la posibilidad de controlar su valor. Desde entonces, la opción de llevar a cabo una devaluación de la moneda para incrementar la competitividad de la economía dejó de ser posible. La creación del euro supuso así la mayor transferencia de soberanía llevada a cabo por los Estados europeos en toda su historia, y el alumbramiento de un nuevo poder soberano: el BCE.

En la actualidad, esta institución es no sólo un protagonista indiscutible del escenario político y económico europeo, sino el órgano de cuya voluntad soberana depende el destino de Estados enteros, como puede ser el nuestro. Desde esta óptica, conviene recordar que en la ya clásica reformulación del concepto de soberanía llevada a cabo por Carl Schmitt, el jurista alemán definió al soberano como aquel que decide el estado de excepción. Y también por esta vía llegamos a la conclusión de que el soberano de nuestro tiempo es el BCE. En el contexto de la gravísima crisis económica y financiera que atraviesan gran parte de los Estados europeos, el estado de excepción viene definido por la intervención de la economía nacional por las instituciones europeas y el FMI, y la imposición de estrictos recortes y duros ajustes a cambio de la liquidez necesaria para evitar la quiebra.

La deuda externa española, esto es el conjunto de pagos pendientes con el exterior del principal y de los intereses, representa el 164 % del PIB, uno de los niveles más altos del mundo. Con un elevado déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos, España no está en condiciones de financiar su economía y necesita dinero del exterior para refinanciar los vencimientos de su deuda externa. Ante la falta de ahorro interno y ante la desconfianza de los inversores internacionales, únicamente la intervención del BCE ha impedido que España tuviera que ser rescatada. La primera vez fue en agosto de 2011, cuando a cambio del compromiso de constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria, el BCE mediante la compra de bonos españoles en el mercado secundario logró reducir la prima de riesgo a un nivel sostenible. Más recientemente, las subastas de liquidez a tres años de diciembre y febrero pasados inyectaron en la banca española los recursos necesarios para adquirir títulos del Estado en las últimas subastas. Para decretar el estado de excepción político y económico -esto es la intervención- basta con que el BCE deje de comprar deuda en el mercado secundario o deje de inyectar liquidez en el sistema bancario. Esto confirma que Mario Draghi por ser quien puede decidir el estado de excepción es realmente el titular de un poder soberano.

En este contexto, no dejan de resultar sorprendentes todas aquellas propuestas consistentes en incrementar las facultades y los márgenes de actuación de una institución tan poderosa. Desde la perspectiva del principio democrático, debemos rechazar la ampliación de competencias del BCE. La atribución al mismo del gobierno de la moneda resulta justificada por la experiencia histórica, pero atribuirle también funciones de impulso al crecimiento propias del gobierno de la economía resulta improcedente. La dirección de la política económica y el impulso del crecimiento deben atribuirse a un órgano político, la Comisión, que debe ser reformada para transformarse en un auténtico gobierno responsable ante el Parlamento Europeo y dotado de un presupuesto y una Hacienda que le permita cumplir esa función. En definitiva, lo que necesitamos es un Gobierno europeo, legitimado por la voluntad popular, y que actúe como contrapeso del único poder soberano europeo actualmente existente.

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