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Acyco

Anticorrupción pide una fianza civil de 3,5 millones a la expresidenta del consejo de Acyco

17/05/2012
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La juez imputa prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones a Encarnación Poto, que se acoge a su derecho a no declarar El exdirector de Recursos Humanos de Acyco reconoce que el ERE "no era necesario para el funcionamiento" de la empresa

El exdirector de Recursos Humanos de Acyco reconoce que el ERE "no era necesario para el funcionamiento" de la empresa

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros para la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, a la que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos imputa sendos delitos de prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones.

Así, Encarnación Poto Monge ha comparecido este miércoles por espacio de media hora ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que, según ha explicado su propio letrado a los periodistas, "procesalmente no es el momento para prestar declaración".

La juez, tal y como consta en un auto dictado el pasado mes de enero, imputa a Poto Monge, militante del PSOE y del sindicato UGT, su inclusión en el ERE de Acyco "cuando no llegó a extinguir su relación laboral" con la misma, llegando a cobrar incluso 318.455 euros en dietas por asistir a los consejos de administración entre 2004 y 2010.

Además, según la magistrada, cobró sus prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto de 2003 hasta el 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas de dos pólizas, subrayando la juez que "resulta indiciariamente acreditada la continuidad de su relación laboral con la empresa en virtud de las importantes cantidades percibidas en concepto de dietas".

Según la magistrada, Poto cobró finalmente a través de las referidas pólizas 276.505,92 euros, a lo que se suma que solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa "cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues".

ACTUACIÓN "OMISIVA"

También le imputa su actuación "omisiva" al conocer que en el protocolo de colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones de los trabajadores de la empresa "había dos intrusos, no habiendo realizado ningún acto concreto y fehaciente que demostrara su oposición a que se vinculara a estas dos personas --Andrés Carrasco Muñoz y Domingo Martínez Castillo-- con la prejubilación de sus trabajadores".

De su lado, el que fuera director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero, sí ha prestado declaración y ha comparecido por espacio de casi cinco horas ante la magistrada, que le imputa un delito de obtención indebida de ayuda de la Administración, otro de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

La juez le imputa la inclusión en el ERE de Poto "a sabiendas de que la misma no iba a extinguir su relación laboral con Acyco, pues seguiría ostentando el cargo de presidenta de su consejo de administración, permitiendo que se beneficiara económicamente de dicha situación a través de su desempleo y de las prestaciones por prejubilación financiadas por la Junta".

AYUDA "EXCEPCIONAL" PARA 144 TRABAJADORES

Asimismo, y según la juez Alaya, Barrero Raya "participó" en la solicitud de una ayuda excepcional de 109.620 euros en 2010 "fingiendo que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono de la minuta de Garrigues".

Según su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera responsable de Recursos Humanos de Acyco entre 1995 y 2011 ha dicho que Poto Monge "tenía relaciones políticas e institucionales con cargos del PSOE y de la Junta", así como con el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, de manera que "todos tenían en Acyco la convicción de que la Junta iba a sufragar íntegramente las prejubilaciones y los gastos de asesoramiento del ERE".

El imputado ha señalado que fue la expresidenta del consejo de administración quien "le manifestó que todos los gastos relativos al ERE, incluida la factura de asesoramiento de Garrigues, iban a ser financiados por la Junta", y ha reconocido que este ERE, "posiblemente, no era necesario para el funcionamiento de Acyco, aunque era conveniente el reciclado de la plantilla". Además, la juez le ha preguntado por qué, siendo abogado, contrató a un despacho "tan caro" como Garrigues para la tramitación del ERE, y ha señalado que "no le encuentra justificación".

RIVAS "ERA UNA PERSONA MUY CERCANA" A ACYCO

La juez le ha preguntado si "es cierto que para conseguir la financiación de las prejubilaciones por parte de la Junta se mantuvieron primero reuniones" con el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado también en esta causa, "quien se mostró favorable a que así fuera", pero Barrero Raya ha respondido que "la única reunión" a la que asistió fue a una mantenida con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde hace ya dos meses.

La magistrada ha insistido y le ha cuestionado si no acudió a la reunión mantenida el 2 de julio de 2003 --el día antes de presentarse la solicitud del ERE de Acyco-- en la que Rivas "mostró su compromiso de financiación de las prejubilaciones por parte de la Junta", y el imputado ha dicho no recordarlo aunque sí ha reconocido que el exdelegado provincial "era una persona muy cercana a Acyco".

Preguntado por ese "interés" de Rivas y la Junta en Acyco, ha señalado que "pudiera ser por las relaciones que pudiera tener" Poto Monge con la Administración, tras lo cual ha descrito dos reuniones con Guerrero, "a resultas" de las cuales "todos tenían en Acyco la convicción de que la Junta iba a sufragar íntegramente las prejubilaciones y los gastos de asesoramiento del ERE".

NO VE JUSTO EL COBRO DE LA PRESTACIÓN POR PREJUBILACIÓN

Sobre el hecho de que Poto Monge cobrara por su asistencia a los consejos de administración a pesar de estar afectada por el ERE, el imputado ha dicho que "intuía" que la primera iba a continuar en el consejo y que iba a ser retribuida por ello, añadiendo que, como director de recursos humanos, "es cierto que conocía que cobró las prestaciones por desempleo, las rentas por la prejubilación y las dietas por asistencia a los consejos"".

Tras considerar "excesivas" las cantidades cobradas por Poto Monge, La juez le ha preguntado si "es cierto que conocía que ésta siguió desempeñando el mismo trabajo en Acyco antes y después" del ERE, y el imputado ha respondido que "fue muy semejante" a la época anterior al ERE, aunque tras éste ERE él "percibía que su cargo era más bien institucional". Asimismo, ha considerado que "no era justo el cobro de la prestación por prejubilación" por parte de la imputada.

De otro lado, ha afirmado que fue él quien se dio cuenta de la inclusión de dos intrusos, lo que comunicó a Garrigues, tras lo cual "dio por solucionado" el problema, ya que lo consideró "un error de transcripción", punto en el que la juez le ha preguntado si la inclusión de estas dos personas "obedecía a ciertos compromisos de ciertos cargos de la Junta", pero el imputado ha dicho que "nadie le comentó nada" de eso.

FIANZA CIVIL DE 153.000 EUROS

Sobre la ayuda de 109.620 euros que la Junta dio a Acyco, ha negado que fuera para abonar los honorarios de Garrigues, sino que iba a ser destinada "a la contratación de cierto personal eventual y cualificado".

El fiscal ha pedido para este imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 153.000 euros, a lo que su abogado defensor se ha opuesto al entender que de su declaración "no se desprende la existencia de base alguna para el sostenimiento de la imputación".

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