MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)
Torres-Dulce, que asiste esta tarde a la inauguración del IV Ciclo de Cine y Derecho, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, ha indicado que "en estas situaciones, teniendo en cuenta que está en juego el CGPJ y la Presidencia, me parece prudente ni precipitarse ni extender excesivamente la investigación".
Así, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que no se va a tardar en "exceso" debido a que la "estabilidad del órgano y las personas concernidas requieren un estudio reposado".
"Lo prudente es ni apresurarse ni dilatarlo", ha indicado el fiscal general, quien ha considerado que "no se trata de hacer una investigación muy a fondo, porque de ser procedente esto habría que hacerlo ante los tribunales", sino que "la posición de la Fiscalía es examinar la denuncia, la documentación y decidir o bien el archivo o la remisión a los tribunales".
Asimismo, ha señalado que la documentación recibida que de oficio ha remitido el CGPJ es "muy voluminosa" y que "la primera impresión es que podría ser suficiente", pero aún no ha sido estudiada en detalle, por lo que "habrá que esperar y cuando la estudiemos en detalle veremos si es preciso recabar más información".
OPOSICIONES PARA FISCALES
Sobre la petición al Ministerio de Justicia de oposiciones para fiscal, Torres-Dulce ha indicado que dicho departamento está "absolutamente de acuerdo en el planteamiento de la necesidad de que se celebren oposiciones, pero ese deseo topa con una situación de emergencia económica y una posición del Ministerio de Hacienda, que estamos intentando que comprenda que no estamos pidiendo más gastos ni nuevas plazas, sino que las plazas que queden vacantes en las actuales se puedan convocar para el año que viene".
"Espero que el ministro de Hacienda, aún comprendiendo las necesidades económicas, entienda también que el servicio de la administración de Justicia es un servicio esencial para los ciudadanos", ha apuntado.
MANIFESTACIONES 15M
Respecto a las manifestaciones del Movimiento 15M, en concreto la de Madrid, ha señalado que el criterio de la Fiscalía "es conciliar el derecho de reunión en sus justos términos con el resto de los derechos de los ciudadanos" y ha asegurado que desea y espera "que no se produzca ninguna situación de conflictividad que obligue a una actuación penal posterior como ha ocurrido en otras ocasiones".
"Hay que conciliar todos los derechos fundamentales en juego, el derecho que tienen todos los ciudadanos a reunirse y manifestarse con los límites que a esos derechos fijan la Delegación del Gobierno, en primero lugar, y, ante el recurso, los tribunales", ha añadido.
