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Gürtel

El TSJCyL refrenda la actuación del instructor del caso Gürtel frente a las críticas de Fiscalía Anticorrupción

11/05/2012
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Considera acertada la denegación de pruebas que acordó en su momento el juez del caso

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha refrendado la actuación del juez instructor de la derivación castellanoleonesa del caso 'Gürtel' relativa al proceso de adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), que, entre otros, investigaba por presunta prevaricación y cohecho al expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y que había sido criticada por Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que las investigaciones habían sido cerradas en falso por no practicarse una serie de pruebas.

Así, Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso interpuesto por Fiscalía Anticorrupción contra la denegación de dichas pruebas que, según apuntaba la parte recurrente, eran necesarias para acreditar el delito de prevaricación atribuido a Fernández Santiago y resto de los imputados, al entender el Alto Tribunal castellanoleonés que los razonamientos dados en su momento por el instructor "resultan suficientes para considerarlas innecesarias en orden a completar la investigación", según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En este mismo sentido, la Sala ha desestimado también otro recurso de los funcionarios imputados--a él se adhirieron el propio Fernández Santiago y el exdiputado Jesús Merino--basado igualmente en incidencias de carácter procedimental.

En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, su recurso citaba, con carácter fundamental, como vulneraciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la no práctica de una diligencia de "extraordinaria relevancia" como es el informe del Interventor General del Estado nombrado en funciones de auxilio judicial, que en su día había emitido dictámenes relativos a la adjudicación de la Variante de Olleros de Alba a petición del TSJ de Madrid, así como otro informe del mismo funcionario sobre las alegaciones y documentación aportadas a la causa por parte de la defensa al objeto de conocer si las mismas variaban las conclusiones alcanzadas inicialmente por éste.

También incluía en el apartado de pruebas no practicadas, aunque de "menor relevancia", una serie de diligencias interesadas por la Unidad de Delincuencia Financiera (UDEF), además de pruebas caligráficas a algunos de los imputados para comprobar si son o no artífices de determinados documentos, junto con la declaración en calidad de imputado de Tomás Martín González, jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Consejería de Fomento que elaboró el Pliego de cláusulas administrativas particulares del Concurso para la Variante de Olleros de Alba.

Ante ello, el Fiscal Anticorrupción pedía que se revocase el auto del TSJCyL, de fecha 10 de abril de 2012, dejando sin efecto el sobreseimiento y acordando la continuación de la instrucción al entender que no está concluida.

El referido auto del TSJCyL, basado en las diligencias investigadoras del instructor, acordó sobreseer parcialmente el delito prevaricación atribuido a Fernández Santiago, al no considerar probado que la adjudicación de la variante de Olleros de Alba se produjera de forma amañada, mientras que con respecto al de cohecho lo declaró prescrito y resolvió su sobreseimiento libre.

Por contra, en el caso de los investigados también como posibles perceptores de la comisión, tales como Jesús Merino, Luis Bárcenas, Gerardo Galeote y Francisco Correa, el TSJCyL decidió remitir por testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 5 las actuaciones relativas a los hechos imputados en este procedimiento a los tres citados, junto con Luis Bárcenas Gutiérrez, José Gerardo Galeote Quecedo, junto con Pablo Crespo Sabaris, José Luis Izquierdo López, Andrés Bernabé Nieto y Domingo Magariños Domínguez, por no estar comprendidos en el sobreseimiento acordado respecto del delito de prevaricación ni en la prescripción decretada respecto del de cohecho, a fin de que resuelva lo procedente con arreglo a su propia competencia.

Respecto a Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, el TSJCyL entendió que debían ser exonerados de la consideración de imputados porque si los tres o alguno de ellos, en su condición de responsables de Teconsa, pagaron a Correa el 3% del importe de la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, tal pago se realizó a un empresario particular y la retribución de que se trata aparece en principio destinada a él como pago de una mediación o intervención no necesariamente ilícita, "ya que no cabe presumir que supieran que iba destinado en todo o en parte a corromper a funcionarios o políticos, ni menos aun que se hiciera con esa finalidad".

También quedaron sobreseídas las actuaciones, parcial y provisionalmente, en lo relativo a la prevaricación imputada a Luis Alberto Solís Villa, José Muñoz Catalina, Ignacio Asín Alonso, Angel Encalado Iglesias, Angel Vaca Gutiérrez, Antonio Ruiloba Errandonea, Javier Marqués de la Cruz, Jesús Martín Almeida, Belén González González, Julio González Arias y José Antonio Fernández Sáinz.

La derivación castellanoleonesa del caso Gürtel pasó a manos del TSJCyL después de que el TSJ de Madrid, en un auto de fecha 11 de julio del pasado año, aceptara la inhibición del magistrado que instruía dicho asunto, Antonio Pedreira, en lo relativo a la ajudicación de la variante de Olleros de Alba, dada la supuesta implicación en la misma de Fernández Santiago, expresidente de las Cortes y en la actualidad procurador del PP.

En concreto, el magistrado se inhibió en lo que se refería a tres informes de la UDEF en relación al pago, en fechas comprendidas entre diciembre de 2002 y enero de 2003, de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.

Las investigaciones de la UDEF apuntaban un reparto de esa comisión entre distintas personas, entre las que se incluía José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a quien se atribuía asimismo haber recibido 18.000 euros el 23 de abril de 2002 "por motivos que se desconocen".

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