MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal revisará este asunto para dictar posteriormente una sentencia de la que será ponente el magistrado Miguel Colmenero, según informaron fuentes jurídicas.
El alto tribunal estudiará en una vista pública los recursos contra la resolución dictada en mayo del pasado año por la Audiencia Provincial, que consideró culpables a los acusados de un delito de malversación de caudales públicos. A Antonio Herce también le impuso la pena de ocho años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia consideró acreditado que Roig y Herce, "ambicionando un enriquecimiento muy superior al que les proporcionaba su sueldo y conscientes de la ilegalidad", crearon una trama para constituir en 1990 --cuando eran director y director económico respectivamente-- un fondo de pensiones para directivos con la aseguradora Winterthur, al que FGC haría una aportación anual para que cuando los trabajadores partícipes se jubilaran recibieran una remuneración.
Ambos eran "sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos", ya que suponían un aumento de sus ingresos expresamente prohibido y, además, no se pidió autorización al Consejo de Administración de la entidad, al que tampoco informó de la suscripción tras la firma, tal y como era necesario.
Albert Vilalta, que en 1991 era presidente de la entidad, firmó junto a Roig, --que era el director-- un reglamento para constituir el fondo, que permitió que desde ese año hasta que se disolvió, en el 2000, una quincena de directivos se repartieran unos 2,7 millones de euros.
RECLAMACIÓN DEL DINERO POR LA VÍA CIVIL
En concreto, según la Audiencia de Barcelona, Roig se embolsó 178 millones de las antiguas pesetas de este fondo cuando cesó de su cargo de presidente --que ocupó desde el 93 hasta el 99-- y Herce de 46 millones de pesetas, cuando en el 2000 se disolvió el fondo y se repartió entre los cuatro partícipes que aun quedaban en la empresa.
Aunque el tribunal considera que tanto Vilalta como Roig cometieron prevaricación, el delito ha quedado prescrito para ambos, ya que se produjo en el momento de la realización de los contratos, en 1991, mientras que sí se le puede imputar a Herce, que, a finales de 1999, cuando ya era presidente de FGC, suscribió algunos contratos con directivos para que se beneficiaran del fondo.
Respecto a Vilalta, considera que no se le puede imputar un delito de malversación ya que, aunque firmó el contrato del fondo como presidente de FGC, no se enriqueció, ya que no se embolsó dinero. La Audiencia se remitió a la vía civil para recuperar las cantidades que se embolsaron fraudulentamente.
