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Impacto judicial; por José Luis Requero, Magistrado

08/05/2012
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El día 8 de mayo de 2012, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor sostiene que la lentitud de la Justicia es una patología poliédrica, que no obedece a una sola causa ni permite una sola solución, de ordinario mediante el expediente simplón e irresponsable de aumentar el número de jueces.

IMPACTO JUDICIAL

Desde hace meses hay que dedicar los fines de semana a una lectura que no es precisamente de evasión: la del BOE. Cada Consejo de Ministros se salda con reformas urgentes, casi siempre en forma de decreto-ley. La última apareció en el BOE del último sábado. Es la reforma de la Ley de Aguas y es el “Real Decreto-ley 17/2012”. Esto significa que en este año llevamos ya diecisiete leyes de urgencia, porque un decreto-ley es una ley pero que, de manera excepcional y por razones de urgencia, aprueba el gobierno y no el Parlamento; eso sí, luego el Parlamento puede convalidarla o no.

A todos nos afecta este furor reformista, no sólo a los profesionales del Derecho. A ese furor se le suele llamar “motorización normativa”. Este fenómeno tiene varias manifestaciones; por lo pronto ahonda en la pérdida de calidad y prestigio de la Ley. No digo que le Ley sea una suerte de tótem pétreo e intocable, sólo que la ley deja de ser una norma con vocación de permanencia y se convierte en un instrumento de acción política; la Ley responde así a una decisión de oportunidad, luego es de vocación cambiante. Este fenómeno da lugar a lo que se llaman “leyes medida”.

Esto puede invitar a reflexiones propias de la filosofía del Derecho o del Derecho Constitucional sobre el sentido y misión de las leyes, sobre la uso o abuso del decreto-ley -un debate ya clásico- o sobre la función del Parlamento. Que cada uno lo contemple como desee. Ahora me interesa hacerlo desde otro punto de vista: su impacto en las relaciones jurídicas, tanto públicas como privadas y, de ahí, en los tribunales.

Todo cambio normativo puede ser para mejor, puede aclarar lo que estaba oscuro o dar certeza jurídica donde reinaba la incertidumbre. O puede ser un seísmo. En todo caso, todo cambio normativo es una fuente potencial de conflictos. No citaré ejemplos, pero la experiencia de estos años muestra cómo a golpe de “leyes medida” se alteran situaciones jurídicas o derechos que se creían consolidados, ya sea de miles de ciudadanos como de sectores productivos por entero. Porque a estas reformas suelen seguirlas un cortejo de pleitos.

En medio de esta furia reformadora debería dedicarse un pequeño tiempo de reflexión sobre su impacto. Es obligado en otros ámbitos. Por ejemplo, antes de aprobarse, toda norma debe pasar por el tamiz del análisis de su “impacto de género”; un tributo más a la ideología de género o, como mínimo, al lenguaje de género, es decir, a una falsedad. Pero ahora no quiero hablar de eso. Lo relevante es que si todo proyecto normativo debe ser evaluado sobre cómo incide en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es porque eso preocupa. Lo que sugiero es que se contemple otro impacto: el judicial.

Del mismo modo que todo proyecto debe pasar por ese análisis “de género” o del mismo modo que debe ir acompañado de una memoria económica -qué gasto va a suponer la reforma y cómo se financiará-, el análisis de impacto judicial debería dar luces sobre aspectos no baladíes: esta reforma ¿cómo afectará a los tribunales?, ¿generará litigiosidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿se podría a evitar?; si es inevitable, ¿cómo se va hacer frente a esa mayor conflictividad?, etc.

Siempre he sostenido que la lentitud de la Justicia es una patología poliédrica, que no obedece a una sola causa ni permite una sola solución, de ordinario mediante el expediente simplón e irresponsable de aumentar el número de jueces. Es un fenómeno complejo que requiere ser abordado desde variados ángulos. Uno de ellos -quizás humilde- es que se evalúe el impacto de todo proyecto normativo en el funcionamiento y en la carga de trabajo de los tribunales.

En esto que planteo late una preocupación: que lo relacionado con la eficacia del sistema judicial tenga el debido tratamiento, que se tenga en cuanta, que forme parte de la preocupación del gobernante, que gane en consideración en la acción política. Tengo la sensación de que los otros poderes públicos “van a lo suyo” y que la Justicia queda como un asunto que les es ajeno. Esto lleva a más consideraciones pero las dejo para otro artículo. Y ejemplos recientes no faltan.

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