MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Plataforma de opositores a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Secretarios Judiciales, con más de 300 integrantes, han hecho un llamamiento al ministro de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a partidos políticos y a sindicatos para que alcancen un pacto de Estado por la Justicia que garantice una "convocatoria ininterrumpida y duradera de plazas" y acometa una reforma de la Justicia para situarla "en el lugar que merece" en la sociedad.
La plataforma pide que en este pacto participen también asociaciones de jueces y fiscales y demás operadores jurídicos ante la "importante" falta de medios materiales y personales que se "arrastra durante legislaturas" la Administración de Justicia. "La modernización debería llevarse a cabo de forma efectiva mediante un compromiso claro de todos los agentes implicados", añade.
Laura Pons, miembro de la plataforma, ha explicado a Europa Press que el grupo está creciendo a través de las redes sociales y que miles de estudiantes están afectados por el anuncio del Ministerio de Justicia de no convocar elecciones a jueces y fiscales este año. Cerca de 5.000 estudiantes se presentan a esta oposición.
En esta línea, la plataforma hace hincapié en que la negativa del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de convocar oposiciones supone un "agravio sin precedentes" a un poder del Estado.
"El número de plazas prometido en 2013 es más que insuficiente, dado el cuerpo de opositores existente, integrado por licenciados en Derecho, a los que se niega la legítima posibilidad de servir al país, tras muchos años de duro estudio, así como un gran desembolso, personal y económico realizado", alerta.
NÚMERO DE JUECES INFERIOR A LA MEDIA EUROPEA
Ante la "insostenible" situación del panorama judicial, la organización expresa su "profundo malestar" con las medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia y argumentan que las soluciones deberían acometerse "por encima de ciclos económicos".
A su juicio, la solución para la reforma de la Justicia nunca puede ser el establecimiento de tasas o el vaciado de competencias ya que perjudican los derechos fundamentales de los justiciables y, especialmente, de las personas con menos recursos, los cuales vienen garantizados en la Constitución.
"El Poder Judicial, como poder independiente de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, no puede sufrir tal vacío de contenido, ya que ello entraría en pugna con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al no poderla proporcionar adecuadamente a los justiciables", resalta en un comunicado.
Los afectados recuerdan que el número de jueces por habitante en España es de los "más bajos" de la Unión Europea, 10 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que supone la mitad de la media de los países de nuestro entorno.
Esta situación genera un "excesivo" incremento de la carga de trabajo que provoca que los operadores jurídicos no puedan realizar un adecuado seguimiento de las causas y ello pueda derivar en "sucesos no deseados que causan alarma en la sociedad". Asimismo, consideran que el ciudadano no recibe el servicio de calidad y eficacia que merece.
Destaca que la crisis económica ha tenido una gran incidencia en la Justicia, aumentado los asuntos judiciales en un 55 por ciento, lo que repercute negativamente en la ya de por sí saturada carga de trabajo que soportan los Juzgados y Tribunales. "Es por todo ello elemental aumentar el número de servidores la misma", concluye.
