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Prevaricación

La Audiencia de Toledo desestima un recurso de apelación del exalcalde de Ocaña (Toledo) por un delito de prevaricación

13/04/2012
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La Audiencia Provincial de Toledo ha desestimado el recurso de apelación presentado por el exalcalde de Ocaña (Toledo) Carlos Martínez Osteso, contra el auto del Juzgado de Instrucción de la localidad que disponía la apertura de juicio oral contra él y otros cuatro acusados más --entre ellos el teniente de alcalde de Ocaña, Tomás Vindel-- por un presunto delito de prevaricación urbanística.

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia considera que en la instrucción de la causa "constan indicios de que los apelantes pudieron participar en un delito" y por ello es "perfectamente ajustado a derecho continuar los trámites de la causa".

El PSOE de Toledo ha criticado en nota de prensa que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, aún no haya cesado como asesor en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de su Gobierno a Martínez Osteso, tal y como ya exigieron en febrero después de que el Juzgado de Ocaña decretara el auto de apertura de juicio oral contra él.

Según los socialistas, éste era el último recurso presentado por el exalcalde de Ocaña que quedaba por dictaminar, "lo que significa que José Carlos Martínez Osteso se sentará en el banquillo en el momento que se fije fecha para el juicio oral".

Desde el PSOE también han pedido la dimisión "inmediata" del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ocaña, Tomás Vindel de Andrés, que es otro de los acusados por el Juzgado de Instrucción de Ocaña y que, igual que Martínez Osteso, "se sentará en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación".

En este procedimiento el Ministerio Fiscal presenta acusación por un delito de prevaricación urbanística y pide para Juan Carlos Martínez Osteso pena de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años; y en el caso de Tomás Vindel y los otros tres acusados pena de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años, según el PSOE.

Además, el PSOE presenta acusación contra los cinco acusados por un delito relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente, solicitando un año de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años.

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