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Convocatoria de oposiciones a juez

El SISEJ considera la no convocatoria de plazas de juez como un ataque al servicio público de Justicia

12/04/2012
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El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) considera que la decisión del Ministerio de Justicia de no convocar este año oposiciones a juez y fiscal es "un ataque más al servicio público de la justicia", por lo que reclama al departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón una respuesta específica sobre la oferta pública, específicamente respecto del cuerpo de secretarios.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el SISEJ señala que existiendo una interinidad endémica en la justicia española, especialmente agravada en Canarias o Catalunya, el anuncio del Gobierno es "un ataque más a un servicio público, que en demasiadas ocasiones pasa desapercibido frente a otros tan o más importantes que la justicia".

Por otra parte, el sindicato considera "escaso" el presupuesto previsto por Justicia para modernizar la justicia y manifiesta su oposición a las cuentas presentadas por el Ministerio, que prevén un recorta del 6,3 por ciento en términos globales.

El sindicato considera deficiente el desglose de las partidas presupuestarias, que además cree en ocasiones "ambiguo".

Así, señala que la dotación relativa a las inversiones en modernización, con 94,62 millones de euros, se divide en 34,32 millones para construcción y mantenimiento de edificios judiciales, y 60,30 millones en una partida para "modernización tecnológica", e integrada por cuatro conceptos sin asignación concreta (Celeridad en la resolución de conflictos. Gestión informatizada, Interoperabilidad en la gestión procesal, Creación de estándares tecnológicos comunes, y Registro Civil) pero que "constituyen el único capítulo en gastos de inversión y que deberían ser explicados a la opinión pública".

"En definitiva, desde el SISEJ mostramos nuestra preocupación ante un recorte más en otro servicio público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit por la vía de la disminución del gasto público", concluye la nota.

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