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  • EDICIÓN DE 11/04/2012
 
 

Gürtel

El TSJCyL sobresee la imputación por prevaricación contra el exconsejero Fernández Santiago

11/04/2012
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Entiende prescrito el delito de cohecho

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado sobreseer la imputación por delito de prevaricación contra el expresidente de las Cortes y exconsejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, por el proceso de adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), en el marco de las investigaciones seguidas por el denominado 'Caso Gürtel', y ha declarado prescrito el delito de cohecho también imputado al hoy procurador del PP por Ávila.

El auto, dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal castellanoleonés, con sede en Burgos, se produce como consecuencia de las investigaciones realizadas por el juez César Balmori Heredero, encargado de la instrucción de las diligencias y que tomó declaración a Fernández Santiago el 21 de noviembre de 2011, para luego hacer lo propio con, entre otros, el extesorero del PP, Luis Bárcenas; el exdiputado por Segovia Jesús Merino; el supuesto cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, así como responsables de la empresa adjudicataria de la obra, Teconsa, junto con funcionarios y técnicos de la Junta que intervinieron en la adjudicación.

En el caso del delito de prevaricación atribuido a Fernández Santiago, el auto del TSJCyL sobresee parcial y provisionalmente las actuaciones y con respecto al de cohecho lo declara prescrito y resuelve su sobreseimiento libre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su resolución, el tribunal constata que de las actuaciones practicadas no se desprende que la adjudicación de la polémica variante haya sido amañada, y ello pese a reconocer que en la tramitación del expediente "se conculcaron diversos aspectos del ordenamiento aplicable y se incurrió en diversas irregularidades", al tiempo que advierte de que el delito de cohecho se encuentra prescrito sobradamente al haber transcurrido más de cinco años desde la hipotética comisión del mismo hasta que se dirigió la acción penal contra el investigado.

En cualquier caso, el TSJCyL confiere al Abogado del Estado la reserva de acciones civiles en relación con el supuesto enriquecimiento injusto de Fernández Santiago, cuyo ingreso en el Tesoro Público sería preceptivo y cuya reclamación en vía civil no habría prescrito.

REMISIÓN AL JUZGADO CENTRAL 5

Por contra, en el caso de los investigados también como posibles perceptores de la comisión, tales como Jesús Merino, Luis Bárcenas, Gerardo Galeote y Francisco Correa, el TSJCyL apunta que es reiterada las ferencias a ellos en la documentación, "lo que impide aislar esta operación, para declararla prescrita, de todas las demás obrantes en la causa matriz".

Por ello, ha decidido remitir por testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 5 las actuaciones relativas a los hechos imputados en este procedimiento a los tres citados, junto con Luis Bárcenas Gutiérrez, José Gerardo Galeote Quecedo, junto con Pablo Crespo Sabaris, José Luis Izquierdo López, Andrés Bernabé Nieto y Domingo Magariños Domínguez, por no estar comprendidos en el sobreseimiento acordado respecto del delito de prevaricación ni en la prescripción decretada respecto del de cohecho, a fin de que resuelva lo procedente con arreglo a su propia competencia.

Respecto a Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, el TSJCyL entiende que deben ser exonerados de la consideración de imputados porque si los tres o alguno de ellos, en su condición de responsables de Teconsa, pagaron a Correa el 3% del importe de la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, tal pago se realizó a un empresario particular y la retribución de que se trata aparece en principio destinada a él como pago de una mediación o intervención no necesariamente ilícita, "ya que no cabe presumir que supieran que iba destinado en todo o en parte a corromper a funcionarios o políticos, ni menos aun que se hiciera con esa finalidad".

También han quedado sobreseídas las actuaciones, parcial y provisionalmente, en lo relativo a la prevaricación imputada a Luis Alberto Solís Villa, José Muñoz Catalina, Ignacio Asín Alonso, Angel Encalado Iglesias, Angel Vaca Gutiérrez, Antonio Ruiloba Errandonea, Javier Marqués de la Cruz, Jesús Martín Almeida, Belén González González, Julio González Arias y José Antonio Fernández Sáinz.

La derivación castellanoleonesa del caso Gürtel pasó a manos del TSJCyL después de que el TSJ de Madrid, en un auto de fecha 11 de julio del pasado año, aceptara la inhibición del magistrado que instruía dicho asunto, Antonio Pedreira, en lo relativo a la ajudicación de la variante de Olleros de Alba, dada la supuesta implicación en la misma de Fernández Santiago, expresidente de las Cortes y en la actualidad procurador del PP.

En concreto, el magistrado se inhibió en lo que se refería a tres informes de la UDEF en relación al pago, en fechas comprendidas entre diciembre de 2002 y enero de 2003, de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.

Las investigaciones de la UDEF apuntaban un reparto de esa comisión entre distintas personas, entre las que se incluía José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a quien se atribuía asimismo haber recibido 18.000 euros el 23 de abril de 2002 "por motivos que se desconocen".

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz del hallazgo e intervención, el 6 de febrero de 2009, en el domicilio de José Luis Izquierdo, hombre de confianza y contable de Francisco Correa, de un fax emitido por la Consejería de Fomento de Castilla y León, con fecha 5 de diciembre de 2002, en el que se daba cuenta de la referida adjudicación a Teconsa, junto con una serie de documentos unidos al anterior con anotaciones del reparto de un 3% de la misma cuyos respectivos perceptores aparecían con acrónimos y siglas, entre ellas 'Toti', 'T.O', 'TO' y 'TT', atribuidas a José Manuel Fernández Santiago.

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