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Caso Guateque

El juez del 'caso Guateque' tumba la pretensión de los imputados de anular la causa por informes "contaminados"

10/04/2012
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Reprende a la Comunidad de Madrid por no provisionar de fondos para el análisis del patrimonio de los imputados

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ha inadmitido un incidente de nulidad planteado por indefensión por parte de varios de los imputados contra algunos informes periciales al estimar estos que están contaminados por no dictarse una orden judicial para el volcado de los datos, lo que a su juicio anula la causa.

En un auto fechado el pasado 28 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado tumba la pretensión de que se anule el proceso penal, ya que no aprecia razones para ello.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que varios de los imputados impugnaron los informes periciales en los que se recogían los datos volcados de los ordenadores incautados en los registros practicados a las aéreas del Consistorio investigadas.

Esta información proporcionó los datos para que la Policía determinara que en el departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid se adelantaban expedientes, una extremo que llevó a que el juez imputara a varios de los empleados de este departamento y a su máximo responsable.

"Estas pericias están contaminadas. los informes son imprecisos y nada rigurosos", han recalcado las mismas fuentes y han insistido en que el volcado de información carecía de autorización judicial.

En cambio, el juez recalca en el auto que "ninguna ilicitud se aprecia en la aportación del resultado de la aportación de CDs con el oficio policial y tampoco se ve ilicitud alguna de la prueba pericial practicada".

FONDOS DESATENDIDOS

Por otro lado, el juez reprende en otro auto a la Comunidad de Madrid por no provisionar de fondos a los peritos nombrados para analizar determinadas cuestiones económicas de los imputados.

Según el juez, la Comunidad de Madrid dejó desatendida la petición. Por ello, el magistrado renuncia a los peritos ante el incumplimiento de la Comunidad de Madrid de su obligación de provisionar tales fondos.

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