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  • EDICIÓN DE 29/03/2012
 
 

Doce cargos acusados en el caso de compra de votos

La cúpula del PSOE de Melilla, dos exdelegados del Gobierno y responsables de Trabajo, imputados por asociación ilícita

29/03/2012
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La cúpula del PSOE, tanto anterior como actual, así como los dos últimos delegados del Gobierno, el jefe de Correos de Melilla y dos subdirectores generales del Ministerio de Trabajo han sido imputados por la comisión de un presunto delito de asociación ilícita, dentro de una pieza separada del llamado caso voto por correo por la supuesta compra de votos en Melilla en las elecciones generales de 2008.

MELILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, al que ha tenido acceso Europa Press, un total de 12 cargos podrían haber incurrido en un delito de asociación ilícita para la presunta compra de votos en las elecciones generales de 2008 a favor de la coalición electoral PSOE-CPM (Coalición por Melilla) en unos comicios que, sin embargo, ganó el PP al hacerse con la terna de parlamentarios en juego en la Ciudad Autónoma.

Los imputados son el anterior secretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz y el actual, Gregorio Escobar, así como los dos últimos delegados del Gobierno socialista, el propio Escobar y José Fernández Chacón; el presidente de CPM, Mustafa Aberchán; el exsubdirector general de Promoción de Empleo Felipe Gismera y el exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE, antiguo INEM) Javier Alfaya.

También han sido imputados por la comisión del citado delito el jefe de Correos en Melilla, Juan José Redondo Cecilia; el secretario general del sindicato UGT en Melilla, Alonso Díaz; el exdirector provincial del SPEE en Melilla Joaquín Arana; el exsecretario general de Juventudes Socialistas de Melilla Amin Mohamed; la exjefa de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) Ana Mansilla y el exdiputado de CPM Abderrahem Sellam.

El juzgado señala, en base al atestado realizado por el Grupo Eco de la Guardia Civil, que se creó supuestamente "un entramado orientado a la planificación, coordinación y elaboración de un método ilícito consiste en el llamamiento masivo al voto por correo, a través de las directrices que personal de dichos partidos (PSOE y CPM) facilitarían a los solicitantes, por el cual la coalición política PSOE-CPM obtendría un mayor número de votos en dichos comicios generales".

Así, el informe policial explica que "una vez comenzaron a llegar ciudadanos a la sede de los partidos con la intención de obtener un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos, para sí, o para sus familiares, estos eran informados del modo en el que debían realizar el trámite".

Este consistía, señala el informe policial, en desplazarse hasta Correos, "donde debían hacer entrega de la solicitud del voto por correspondencia, previamente relleno en la sede de algunos de los partidos, y posteriormente volver a dichas sedes con el resguardo de haber realizado dicha solicitud, momento en que eran inscritos en un listado preliminar de personas que habían comenzado a realizar el trámite a través de dichos partidos".

El citado añade que "una vez en la sede de los partidos políticos, los sobres con la documentación electoral, los mismos supuestamente eran abiertos por simpatizantes/militantes de dichos partidos, los cuales seleccionaban la papeleta electoral correspondiente a PSOE-CPM, desechando el resto de papeletas, introduciendo las elegidas en los sobres del Congreso y Senado para su posterior remisión a Correos".

A partir de ese momento, indica, se elaborará entonces una lista definitiva de las personas que habían realizado el voto por correo a través de los partidos políticos, siendo al parecer estas personas prioritarias en la adjudicación de un puesto de trabajo en los planes de empleo".

Esta imputación de presunta asociación ilícita contra los exdelegados del Gobierno José Fernández Chacón y Gregorio Escobar y la cúpula anterior y actual del PSOE melillense se une a otras imputaciones derivadas de una pieza separada del Juzgado de Instrucción número 4, en el que se les acusa de la comisión de otros delitos, como prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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