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Servir frente a servirse; por Enrique López, Magistrado

26/03/2012
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El día 26 de marzo de 2012, se ha publicado en el Diario La Razón, un artículo de Enrique López, en el que el autor opina acerca de la responsabilidad en la gestión pública y política, así como de la honestidad de los gobernantes, y declara que un político eficaz debería ser compatible con un político ético.

SERVIR FRENTE A SERVIRSE

Uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, y no sólo en España, es la responsabilidad en la gestión pública, y en concreto la política, a la par que aquellos, cada vez más, exigen una mayor honestidad de los gobernantes, así como un mínimo ético en su gestión, que siempre debería ser de mayor exigencia que los máximos de responsabilidad penal y administrativa. Para comenzar con un ejemplo ramplón, esto sería como diferenciar entre el conductor de un automóvil que en el ejercicio de la conducción busca la excelencia y la calidad y el conductor cuyo único fin es no ser sorprendido cometiendo infracciones y por ello no ser sancionado. La corrupción, el engaño y la irresponsable gestión deben dar lugar a responsabilidad en todo caso, obviamente, graduada en función de su gravedad. El asesinato u homicidio agravado tiene una pena muy grave; menor es la prevista para el homicidio normal o de segundo grado, y mucho menor la del homicidio imprudente o de tercer grado. Pero aunque haya una gran diferencia en cuanto a la gravedad entre el primero y el último, no se puede abandonar el castigo del imprudente, no pudiendo entender nadie como a estas alturas alguien puede cuestionar o criticar cualquier iniciativa que castigue el ejercicio irresponsable y negligente en la gestión publica. Cualquier profesional, gestor privado, e incluso funcionario público, encuentran tipificadas en el Código Penal acciones u omisiones negligentes o imprudentes, y la pregunta es: ¿por qué no el responsable político?, ¿es que alguien cree que la legitimación democrática, a través de unas elecciones, es una patente de corso? Precisamente, el que demanda la confianza de los ciudadanos para gestionar la actividad política debe estar acompañado de un mayor grado de responsabilidad, y a nadie debe asustarle, puesto que también a esta gestión se le aplican los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor. Los expertos dicen que para hacer funcionar las instituciones la ética política debe ser contemplada como una virtud colectiva; hacerlo de manera individual perjudica el actuar de una organización, de un país. La buena intención personal, que siempre es importante en la vida, no es suficiente cuando tenemos que tomar decisiones en las que entran en juego los intereses colectivos. La primera conclusión a la que me gustaría llegar es que un político eficaz no sólo es compatible con un político ético sino que además, es necesaria tal concurrencia. En caso contrario, podríamos estar legitimando gobiernos dictatoriales o gobiernos eficaces, pero corruptos. Ahora bien, en este esfuerzo por la búsqueda de la eficacia ética, también se debe corresponsabilizar a la sociedad, primero para estar imbuidos de estos valores, y segundo para permitir que mediante los cauces adecuados puedan exigir el cumplimento de tales exigencias. Se dice que la ética política es la parte de la ética que se ocupa de los principios o normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de gobernante o legislador, responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad de todos los miembros del Estado. Tradicionalmente, siempre se han buscado métodos para someter la política práctica al imperio de los mandatos morales. Este intento proscribiría la injusticia, llenando de contenido ético la acción política. Ahora bien, el contenido de la ética política, así como su alcance y el éxito con que ha afrontado su cometido han variado históricamente, dependiendo de la concepción ética dominante. Los primeros intentos por clarificar este tema y buscar una imbricación de la moral y la ética en la política ya los encontramos en Platón, leyendo pasajes de “La República”. Mas desde este momento hasta la actualidad se han dado muchas formas de ejercicio del poder y parece que al final sólo mediante el ejercicio de la transparencia en un sistema democrático se puede alcanzar un modelo mínimo ético, que como se ha dicho siempre deberá estar por encima del propio Código Penal. Lo realmente paradójico es que la situación económica actual y el uso irresponsable de fondos públicos que se ha dado en nuestro país hayan determinado la necesidad de llevar a normas sancionadoras -en concreto al Código Penal- previsiones legales que castiguen este uso irresponsable y descarado de los fondos públicos. El derecho tiene instituidas acciones de los parientes frente al pródigo, esto es, aquél que hace un consumo excesivo e irresponsable de sus propios bienes en perjuicio de aquellos, y cuanto no más, frente al que lo hace respecto de los bienes comunes. Los que ejercen una autoridad deben entenderla como un servicio. “El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro esclavo” (Mateo 20,26). Ahora bien, lo triste es que haya que haber estado incursos en una grave crisis económica como la actual para tener la necesidad de superar la ética exigible con el Código Penal, y lo mas increíble es que haya responsables políticos que cuestionen tales previsiones.

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